Test de proporcionalidad: ¿incumplimiento de reglas de conducta conlleva siempre a revocar la suspensión de la pena? [Casación 1945-2018, Ventanilla]

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Fundamentos destacados.- Vigesimosétimo. Al respecto, este Supremo Tribunal aprecia que es cierto que el pago parcial de la segunda cuota de S/ 2000,00 fue realizado después de cuatro meses de la fecha establecida y con posterioridad al requerimiento de la fiscal provincial; sin embargo, al haber sido efectuado de manera previa a la resolución del juez de investigación preparatoria y que con ello el saldo restante solo ascendía a S/ 500,00, debió ser valorada tal circunstancia a efectos de determinar si en ese nuevo contexto correspondía la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena u otra medida menos aflictiva.

Vigesimonoveno. En ese aspecto, por un lado concurre el interés legítimo en el cumplimiento de las sentencias y el ejercicio del poder punitivo del Estado; y, por otro, el derecho a la libertad personal del sentenciado. Efectuado el test de proporcionalidad, se tiene que en cuanto al subprincipio de idoneidad o adecuación corresponde evaluar si la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena es idónea, a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia. Al respecto, si bien el inciso 3, artículo 59, del CP prevé como uno de los efectos del incumplimiento de las reglas de conducta optar por la revocatoria; sin embargo, como ya se anotó, la mera verificación de tal incumplimiento no determina automáticamente la adopción de esta medida.

En ese sentido, continuando con el análisis en orden al subprincipio de necesidad corresponde evaluar si dado el nivel o grado en que se incumplió la sentencia, la única medida posible para remediarla era la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena y privación de la libertad personal. En este caso, se tiene lo siguiente: i) El sentenciado solo adeudaba S/ 500,00, equivalente al 10 % del monto total de la reparación civil. ii) La revocatoria se produjo solo cuatro meses y dos días después de que quedó consentida la sentencia, y todavía faltaban dos años, siete meses y veintiocho días para el plazo legal máximo del periodo de prueba.

Por tanto, el incumplimiento no fue de tal intensidad como para que se revoque la suspensión de la ejecución de la pena, pues para la obtención de la finalidad del cumplimiento de la sentencia no era la única medida posible en orden al grado de afectación a la libertad personal que ello conllevaba.

Por ello, el juez pudo optar por otras alternativas, entre ellas: i) Otorgar al sentenciado un plazo razonable para que pague el saldo adeudado de S/ 500,00 de la reparación civil y disponer la continuación del cumplimiento de las otras reglas de conducta en libertad hasta el vencimiento del periodo de prueba. ii) Prorrogar el plazo del periodo de prueba. 

A nuestro criterio, la medida más razonable era que el juez optara por la primera alternativa, la misma que no sacrifica ni aplaza el cumplimiento de la sentencia, sino que, por el contrario, se orienta a su concretización. En ese sentido, al no superarse el subprincipio de necesidad carece de objeto pasar a evaluar el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto.


Sumilla: El principio de proporcionalidad en la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena.- Con relación a los efectos del incumplimiento de las reglas de conducta previstas en el artículo 59 del Código Penal, si bien se ha establecido que no se obliga al juez a aplicar las alternativas en forma sucesiva ni obligatoria; no obstante, la práctica judicial demuestra que es necesario que tal facultad discrecional, a efectos de determinar la sanción correspondiente, debe ser ejercida por el juez con base en criterios objetivos, razonables y bajo una lógica de ponderación, pues en el extremo más grave de estas alternativas –revocatoria de la suspensión de la pena– la consecuencia es la ejecución efectiva de la pena privativa de la libertad. En ese aspecto, la aplicación del principio de proporcionalidad en la revocatoria, determina sustancialmente que esta no puede ser automática, sino que debe evaluarse si el incumplimiento de las reglas de conducta tiene la entidad suficiente como para concluir que el agente defraudó las expectativas de readaptación social y que la única vía para lograr los fines de la pena es la reclusión.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N.º 1945-2018 VENTANILLA
─SENTENCIA DE CASACIÓN─

Lima, cuatro de diciembre de dos mil veinte

VISTO: en audiencia pública, el recurso de casación excepcional –por inobservancia de garantía constitucional e indebida aplicación de la ley penal– interpuesto por la defensa del sentenciado MAURO ENRIQUE RUIZ HUAROTTE contra el auto de vista del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, que confirmó la Resolución N.º 3 dictada en la audiencia del cuatro de setiembre de dos mil dieciocho, que declaró fundado el requerimiento del fiscal provincial y revocó la suspensión de la ejecución de la pena impuesta de cuatro años de privación de la libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo; y, en consecuencia, le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, la que computada desde el cuatro de setiembre de dos mil dieciocho vencerá el tres de setiembre de dos mil veintidós, en el proceso que se le siguió por el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de posesión ilegítima de armas de fuego, en perjuicio del Estado, con lo demás que contiene.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

HECHOS MATERIA DE CONDENA Y SENTENCIA CONDENATORIA

PRIMERO. El 23 de marzo de 2018 a las 00:20 a. m., personal policial intervino en actitud sospechosa al sentenciado Mauro Enrique Ruiz Huarotte cuando realizaba patrullaje motorizado por la Urbanización Antonia Moreno de Cáceres, en Ventanilla. Le solicitaron su documento nacional de identidad y, efectuado el registro personal, se encontró a la altura de la cintura un arma de fuego tipo revólver[1] abastecida con tres municiones. Luego, lo condujeron a la dependencia policial, ya que manifestó que no tenía ningún documento que lo autorice a portar dicha arma.

SEGUNDO. El sentenciado Ruiz Huarotte se acogió a la conclusión anticipada de juicio oral. El juez penal unipersonal mediante sentencia del 5 de abril de 2018 aprobó los acuerdos de pena y reparación civil celebrados entre el sentenciado, su defensa y el fiscal provincial; y lo condenó como autor del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de posesión ilegítima de armas de fuego, en perjuicio del Estado, y le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el mismo plazo, sujeto al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:

a) No frecuentar lugares de dudosa reputación.

b) No ausentarse de la localidad en la cual reside sin permiso del juez e impedimento de salida del país.

c) Comparecer semanalmente y de forma obligatoria a la Oficina de Registro y Control Biométrico de la jurisdicción.

d) Reparar el daño ocasionado; bajo apercibimiento de aplicársele lo dispuesto en el inciso 3, artículo 59, del Código Penal (CP), y revocársele la suspensión de la ejecución de la pena e imponérsele una pena de carácter efectiva, en caso de incumplimiento de las reglas de conducta, y pena de inhabilitación conforme con el inciso 6, artículo 36, del CP.

Además, fijó en S/ 5000,00 la reparación civil que debía abonar a favor del agraviado en dos cuotas de S/ 2500,00 cada una: la primera, a pagar el 16 de abril de 2018; y, la segunda, el 30 de abril de 2018, y que debía presentar el voucher de depósito judicial al Juzgado para el endose respectivo. Se precisó que esta obligación de pago constituía una regla de conducta. Sentencia que fue declarada consentida según Resolución N.º 5, del 2 de mayo de 2018 (foja 14).

REVOCATORIA DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

TERCERO. El 6 julio de 2018, la fiscal provincial mediante requerimiento denominado cumplimiento de la condena (foja 25), solicitó que se requiera el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas bajo apercibimiento de prórroga del plazo inicialmente fijado y además que se señale fecha para la audiencia de revocatoria de pena.

CUARTO. El 4 de setiembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia a la que concurrieron la fiscal provincial, el sentenciado y su defensa. La fiscal sustentó el pedido de revocatoria de suspensión de ejecución de pena y señaló que si bien el sentenciado cumple con el registro de firmas semanalmente y que del sistema se verifica que figuran dos pagos por reparación civil: el primero de S/ 500,00 y, el segundo, de S/ 2000,00. Sin embargo, los depósitos no fueron presentados por escrito y mediante conducto regular. Asimismo, adeuda un saldo de S/ 2500,00, que se comprometió a pagar hasta el 30 de abril de 2018. La defensa indicó que la fiscal modificó su petitorio, pues en el requerimiento escrito solicitó la prórroga del plazo de suspensión y no fundamentó su pedido. Agregó que su patrocinado tiene voluntad de pago y, por ello, durante la audiencia presentó los dos depósitos judiciales: el primero de S/ 500,00, del 5 de abril de 2018, y el segundo de S/ 2000,00, del 16 de abril de 2018. Adicionalmente, presentó el depósito judicial del 4 de setiembre de 2018 por S/ 2000,00, que acredita un pago total de S/ 4500,00.

QUINTO. El mismo 4 de setiembre de 2018, en audiencia, el juez mediante la Resolución N.º 3 declaró fundado el requerimiento del fiscal provincial y revocó la suspensión de la ejecución de la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad que pasó a ser efectiva, la que computada desde el 4 de setiembre de 2018 vencerá el 3 de setiembre de 2022. Tuvo en consideración que respecto a la primera cuota, los voucher de pago por S/ 2500,00 recién fueron presentados en la audiencia; y sobre la segunda su pago correspondía el 30 de abril de 2018; sin embargo, recién en la fecha de la audiencia pagó S/ 2000,00. Asimismo, resta pagar S/ 500,00. Por tanto, incumplió la regla de conducta referida a la fecha y el pago total de la reparación civil.

SEXTO. La citada Resolución N.º 3 fue apelada por el sentenciado dentro del periodo de prueba cumplió con pagar el íntegro de la reparación civil, esto es, S/ 4500,00 más la cantidad de S/ 500,00 que fue entregado al Juzgado el 2 de abril de 2018 como caución, suma que debía ser devuelta a efectos que sea considerada como parte de la misma.

SÉTIMO. La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla el 29 de octubre de 2018 (foja 98), confirmó la Resolución N.º 3 y, entre otros argumentos, sostuvo lo mismo que el juez con relación a que no cumplió con el íntegro de la reparación civil, la segunda cuota fue cancelada parcialmente y después de cuatro meses de la fecha establecida, y falta un saldo de S/ 500,00.

SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN

OCTAVO. La defensa de Ruiz Huarotte interpuso recurso de casación excepcional. Invocó las causales de los incisos 1 y 2, artículo 429, del CPP, con base en los siguientes argumentos:

8.1. Respecto a la causal del inciso 1, sostuvo:

i) Se afectó el principio de proporcionalidad y el derecho a la libertad personal.

ii) En la audiencia de revocación de la pena se aceptó que se había pagado S/ 4500,00 del total de S/ 5000,00 que correspondía a la reparación civil; sin embargo, no se pronunciaron sobre los S/ 500,00 que se abonaron por concepto de caución.

iii) Se debió aplicar el test de proporcionalidad y tenerse en cuenta que la prisión es la última medida.

8.2. Con relación a la causal del inciso 2, no se motivó la decisión de revocatoria pues no se tomó en cuenta que se pagaron S/ 500,00 por caución, lo que cubre el monto total de la reparación civil. Propuso como tema de desarrollo de doctrina jurisprudencial que se establezca si la resolución judicial de revocación de la suspensión de pena por el pago parcial de la reparación civil, debe observar el principio de proporcionalidad.

CALIFICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN Y ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO

NOVENO. Conforme con la ejecutoria suprema del 17 de mayo de 2019 (foja 38 del Cuaderno de Casación), se concedió el recurso de casación pero por las causales previstas en los incisos 1 y 3, artículo 429, del CPP[2], referidas a la inobservancia de garantía constitucional e indebida aplicación de la ley penal. La primera para que este Supremo Tribunal realice un desarrollo jurisprudencial sobre el principio de proporcionalidad y su aplicación en el marco de la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena, y la segunda relacionada con la correcta aplicación del 59 del CP, sobre la fundamentación en la revocación por incumplimiento de reglas de conducta.

DÉCIMO. Luego de la admisión del recurso de casación, el expediente se puso a disposición de las partes por el plazo de diez días. Mediante decreto del 4 de noviembre de 2020, se fijó fecha para la audiencia de casación el 27 de noviembre de 2020. En dicha fecha se realizó la audiencia en la cual se escuchó el informe de la defensora púbica Judith Antonieta Rebaza Antúnez y la autodefensa del sentenciado Mauro Enrique Ruiz Huarotte. Su desarrollo consta en el acta correspondiente.

DECIMOPRIMERO. Concluida la audiencia, se realizó la deliberación de la causa en sesión secreta. Luego del debate, se efectuó la votación, en la que se arribó a un acuerdo unánime para la emisión de la presente sentencia de casación, cuya lectura se efectúa en la fecha.

CONSIDERACIONES DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

DECIMOSEGUNDO. Los motivos casacionales admitidos inciden en los siguientes temas de relevancia jurídica:

i) Suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad y reglas de conducta.

ii) Efectos del incumplimiento de las reglas de conducta y revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena.

iii) El principio de proporcionalidad y su aplicación a efectos de decidir la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la penal. Para ello se efectúan algunas consideraciones sobre estos temas, para resolver el caso en concreto.

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y REGLAS DE CONDUCTA

DECIMOTERCERO. Las penas aplicables en nuestro sistema jurídico son las siguientes:

i) privativas de libertad,

ii) restrictivas de libertad,

iii) limitativas de derechos y

iv) multa.

La de mayor intensidad lo constituye la pena privativa de la libertad por incidir significativamente en la libertad personal. Sobre esta última pena supone una grave limitación de la libertad personal por los efectos que genera la reclusión como la aflicción psicológica por la pérdida de la relación con el núcleo familiar y amical[3] . Por ello, las restricciones que se puedan imponer a la libertad personal no están libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad que pretenda limitar su ejercicio y, en ese sentido, su legitimidad radica en que deben ser dispuestas con criterios objetivos de razonabilidad y proporcionalidad, a través de una resolución judicial motivada[4] .

DECIMOCUARTO. En atención a la intensidad de la privación de la libertad, en nuestro ordenamiento jurídico se establecen medidas alternativas a la efectividad de la pena privativa de la libertad, como es el caso de la sustitución de pena, conversiones de pena, reserva de fallo condenatorio, suspensión de la ejecución de la pena y exenciones. Con relación a la suspensión de la ejecución de la pena, implica la suspensión –no sustitución– de la efectividad de la pena privativa de la libertad, en los casos de corta duración, a fin de evitar los efectos criminógenos y corruptores que podría provocar el internamiento del sentenciado en la cárcel sobre todo si se trata de agentes primarios[5] . La adopción de esta medida, si bien es una facultad discrecional del juez, debe ser motivada y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 57 del CP:

i) La pena impuesta no sea mayor de cuatro años.

ii) La naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, permitan inferir que no volverá a cometer un nuevo delito (prognosis social favorable)[6] .

iii) No tenga calidad de reincidente ni habitual.

DECIMOQUINTO. Sobre esta institución, dado que afecta la libertad personal, en cuanto establece la forma en que la ejecución de la restricción de la libertad personal tendrá lugar y habida cuenta de que constituye una de las instituciones que tienden a hacer efectivo el principio de reeducación y reinserción social, se deben ponderar las circunstancias individuales del penado, así como de los valores y bienes jurídicos comprometidos en la decisión, teniendo en cuenta la finalidad principal de la institución, la reeducación y la reinserción social, y las otras finalidades de prevención general que legitiman la pena privativa de libertad[7] .

DECIMOSEXTO. Durante la suspensión de la ejecución de la pena, el sentenciado se encontrará sujeto a un régimen de periodo de prueba, que conforme con el artículo 57 del CP puede ser de uno a tres años, plazo en el cual deberá observar las reglas de conducta que el juez imponga, de conformidad con el artículo 58 del acotado Código[8] . Estas reglas deben ser adecuadas y proporcionales con las circunstancias del caso en concreto, de tal manera que su eficacia permita la readaptación social. Una de ellas lo constituye la reparación de los daños ocasionados por el delito. A nuestro criterio, como ya lo hemos establecido es necesario que las mismas sean correctamente especificadas y determinadas en la sentencia, a fin de que no generen situaciones de indefinición o dudas en su cumplimiento[9] .

DECIMOSÉTIMO. La reparación de los daños, si bien es una consecuencia económica del delito[10], también lo es, que en nuestro ordenamiento jurídico puede ser incluida como regla de conducta. El Tribunal Constitucional ha establecido que el inciso 4, artículo 58, del CP no vulnera el derecho que prohíbe la prisión por deudas, consagrado en el literal c, inciso 24, artículo 2, de la Constitución Política. En su interpretación, este precepto constitucional –y la garantía que ella contiene– no se extiende al caso del incumplimiento de pagos que se establezcan en una sentencia condenatoria[11]. El cumplimiento de la regla de conducta consistente en reparar los daños ocasionados por el delito no constituye una obligación de orden civil, sino que es una verdadera condición de la ejecución de la sanción penal. Esto es así porque el origen de la obligación de pago se afinca en el ámbito penal, sede en que se condenó al beneficiario y se le impuso como regla de conducta reparar el daño ocasionado por el delito[12].

[Continúa…]

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[1] De marca Ranger, calibre 38 Special, modelo 61, color negro, con serie N.° 03773E.

[2] Este Supremo Tribunal estimó que los argumentos que sustentaron la causal del inciso 2, artículo 429, del CPP son compatibles con la prevista en su inciso 3.

[3] STC N.° 0019-2005-PI del 21 de julio de 2005.

[4] STC N.° 2512-2016-HC del 27 de enero de 2017.

[5] R. N. N.º 3037-2015-Lima del 5 de abril de 2016.

[6] El pronóstico favorable se identifica como una modalidad de actitud prospectiva para la toma de decisiones. Sus métodos no tienen como sentido la extrapolación, sino mostrar el presente en el futuro mediante la analogía y la metáfora. Interpreta el pasado y orienta el presente; integra conocimientos y valores para diseñar la acción social futura. Por tanto, el estándar de verdad en un pronóstico siempre se expresará como un estándar de alta probabilidad y mínima incertidumbre. PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. La dosimetría del castigo penal. Lima: Ideas Solución Editorial, 2018, p. 296.

[7] Sentencias del Tribunal Constitucional español números 25/2000, 8/2001, 163/2002 y 110/2003.

[8] Artículo 58 del CP. Al suspender la ejecución de la pena, el juez impone las siguientes reglas de conducta que sean aplicables al caso, entre otras:

1. Prohibición de frecuentar determinados lugares.

2. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez.

3. Comparecer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades.

4. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo.

5. Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito.

[9] Criterio jurisprudencial que este Supremo Tribunal estableció en la ejecutoria suprema del 25 de setiembre de 2020, emitida en el Recurso de Nulidad N.º 1672-2019, fj. 14. Ponente: jueza suprema Castañeda Otsu.

[10] Según el artículo 93 del CP comprende: i) la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y ii) la indemnización de los daños y perjuicios.

[11] STC números 3657-2012-HC y 1428-2002-HC. En tal supuesto, no es que se privilegie el enriquecimiento del erario nacional o el carácter disuasorio de la pena en desmedro de la libertad individual del condenado sino, fundamentalmente, la propia eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que detrás de ella subyacen, como son el control y regulación de las conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados.

[12] STC números 2982-2003-HC y 03657-2012-PHC, entre otras.

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