El fiscal Germán Juárez Atoche respondió a las críticas formuladas por la defensa del expresidente Martín Vizcarra tras la orden de prisión preventiva dictada en su contra. En declaraciones a Panorama, sostuvo que la propia estrategia legal del exmandatario debilitó los argumentos de arraigo presentados en la audiencia.
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Con relación al arraigo familiar, Germán Juárez señaló que fue el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, quien se refirió a dicho punto en la audiencia, afirmando que sí lo tenía. Explicó que el Ministerio Público no presentó ese argumento, pero en la réplica demostró que no existía tal arraigo. El fiscal señaló que la defensa presentó documentos que terminaron afectando su propia posición:
Gravísimo error también de la defensa, porque presenta los DNI, y yo advierto que en los DNI (…) los demás parientes de él, cercanos, directos, la esposa vive en Moquegua, el otro hijo vive en Moquegua, otra vive en otro lugar distinto al lugar donde vive el señor Martín Vizcarra.
Juárez precisó que para acreditar arraigo familiar se requiere un vínculo de dependencia real. Indicó que debe existir un «núcleo duro», en el que los hijos dependan de Vizcarra o que este dependa de ellos, de manera que se neutralice cualquier intento de eludir la acción de la justicia.
En cuanto al arraigo laboral, el fiscal cuestionó los contratos presentados por el expresidente. Señaló que uno de ellos correspondía a una inmobiliaria, pero se demostró que la asesoría era demasiado «genérica» y que, además, la apoderada que firmó el documento trabajaba en el estudio jurídico de la defensa de Vizcarra, con su esposa Maribel Díaz como gerente, lo que restó credibilidad y convicción a dicho contrato. Destacó que se cumplieron los tres presupuestos para dictar prisión preventiva:
Aquí no solamente que se dio peligrosismo procesal, sino que se dieron los tres elementos que se requieren para dictar una prisión preventiva. Hay suficiencia probatoria, hay sospecha fuerte, hay un caudal probatorio que lleva a establecer de que se da el primer presupuesto. El segundo presupuesto es prognosis de pena superior a 5 años, que también se ha dado, luego (como tercer presupuesto) está el peligrosismo procesal.
Respecto al contrato con Perú Primero, Juárez manifestó que «supuestamente el partido lo contrata como asesor», pero «todos vemos de que él no hace esa labor de asesor, sino la hace de candidato, hace proselitismo político en calidad de candidato en todas las regiones que va».
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En ese sentido, adelantó una perspectiva sobre el proceso judicial: «Creo que va a ser una sentencia ejemplar, una sentencia condenatoria por toda la evidencia y por la fuerza y el peso de la evidencia que se viene actuando en juicio».
Tras la audiencia, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, criticó la resolución ante la prensa. Afirmó que «la audiencia es un fiel reflejo de cuando los jueces se someten a la presión política». Sostuvo que el fiscal nunca cuestionó el arraigo familiar:
En ningún momento el fiscal, ni por escrito ni al momento que oralizó su requerimiento, cuestionó el arraigo familiar del señor Martín Vizcarra Cornejo. Sin embargo, el juez, usurpando prácticamente las funciones del fiscal, lo ha cuestionado, lo ha puesto en duda y lo ha puesto en tela de juicio, cuando el señor vive con sus hijos menores de edad. ¿Cómo puede ser posible que un magistrado diga que mi patrocinado no tiene arraigo laboral si vive con personas menores de edad, vive con su esposa y es largamente conocido, durante muchísimo tiempo, que él reside en la avenida 2 de Mayo junto con su esposa y sus hijos?.
Siccha también señaló que la resolución se redactó antes de concluir la audiencia, ya que el magistrado demoró apenas minutos en iniciar la lectura y presentó cuadros previamente elaborados. Asimismo, cuestionó un posible conflicto de intereses, al señalar que el juez Jorge Chávez Tamariz sería cónyuge de una fiscal del Equipo Especial Lava Jato, al cual pertenece Juárez.
El abogado remarcó que no existe riesgo de fuga, pues Vizcarra siempre se presentó a las citaciones judiciales, incluso en el marco de medidas restrictivas. «¿Qué más muestra de que el señor Martín Vizcarra siempre se ha sometido a las decisiones jurisdiccionales?», expresó. De igual manera, adelantó que la defensa tomará las acciones legales correspondientes.
El jueves 14, el INPE informó que Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo, tras la decisión del juez Chávez Tamariz que dispuso cinco meses de prisión preventiva por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. El magistrado fundamentó que existe «sospecha grave» y «graves y fundados elementos de convicción», además de peligro de fuga sustentado en la falta de arraigo laboral y familiar.
