Guido Croxatto: Todos los líderes que toman decisiones anti mercado son procesados una y mil veces por cualquier tontería menor

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Guido Croxatto, discípulo de Eugenio Raúl Zaffaroni y director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (Argentina) llegará al Perú en el marco del Congreso de Realismo Penal. Homenaje al maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. Y como parte de las previas fue entrevistado por Lynda Fernández Olivas y Wendy Pérez Mercado, ambas investigadoras del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social.

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En esta conversación, de fecha 4 de enero de 2023, analizaron la coyuntura latinoamericana y la reciente crisis política y social que ha golpeado al Perú. ¿Qué opiniones tiene el argentino sobre la agitada agenda política de la región? Los invitamos a descubrirlo al leer esta extensa y profunda entrevista.

Crisis política actual y rol de las instituciones del sistema penal en la reestructuración de las democracias latinoamericanas

Pregunta: Las posiciones de izquierda latinoamericana sienten, en estos últimos días del 2022, un halito de alivio con el ascenso político de Lula da Silva en Brasil, el cual se une a la nueva ola progresista con las actuales candidaturas de Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia y a los gobiernos de Manuel López Obrador en México y Alberto Ángel Fernández en Argentina. El ascenso de estas izquierdas se ha dado en medio de las innumerables acusaciones por actos de corrupción trasnacional y de menor escala, condenas por corrupción e inhabilitaciones perpetuas para el ejercicio de cargos públicos e intentos de asesinato a personajes clave de sus gobiernos, etc. En este contexto, hay opiniones encontradas; unas que afirman de la existencia de una persecución política constante a los gobiernos de izquierda, donde el papel del sistema penal y el poder mediático ha sido clave y otras denuncian los vínculos que tienen estos gobiernos con redes de corrupción macrorregional y crimen organizado trasnacional. En ese sentido ¿Cuál es tu opinión respecto a la crisis constante que acechan a las candidaturas progresistas latinoamericanas y cuál es el rol que el sistema penal y la criminología mediática se encuentra desempeñando en el juego político actual?

Respuesta: Para mí es claro que hay una deformación de la histórica doctrina de pesos y contrapesos, que permitía que hubiera un equilibrio de poderes. Hoy ese equilibrio desapareció. Cada poder funciona como una burocracia separada y autónoma, que compite con la otra. Esto afecta a la vida democrática e institucional de nuestros países. Esto a nivel teórico. La división de poderes se basaba en la doctrina de pesos y contrapesos. Si falla la segunda, la primera se desvanece.

Pensemos que el Congreso es visto en Argentina como mera “escribanía”, el poder ejecutivo, a su vez, legisla por decreto, que es algo vedado y excepcional, pero hoy normalizado por el estado de “emergencia” constante en el cual vive la Argentina hace décadas. Y el Poder Judicial, en este escenario, avanza y judicializa decisiones que no le son propias, en parte por la incapacidad de la dirigencia política de lograr acuerdos y dar respuestas institucionales en los canales establecidos. Diría que la crisis del esquema moderno es grave y a su vez es evidente. No siempre el “gobierno de los jueces” es producto de que los jueces quieran ganar protagonismo. Es la propia parálisis de las otras instancias la que lleva muchas veces a que los conflictos terminen en la mesa del Poder Judicial. Es el resultado de una crisis mayor, que no estamos viendo.

A nivel práctico, en América Latina, lo que se ve es una segunda deformación o desvío: la clásica objeción contra mayoritaria, hecha al poder judicial, encontraba asidero en la idea de que los otros dos poderes del Estado tienen origen democrático, mayoritario, no así el poder judicial, dedicado a resguardar a las minorías. Por eso no tiene origen “mayoritario” ni democrático. Este carácter “conservador”, contra mayoritario, del poder judicial, tenía o tuvo sentido, pero hoy está adoptando otro, no original, que tiene un fuerte y negativo impacto político: porque en nombre de las “minorías” (intereses determinados) se afectan decisiones mayoritarias, legitimas, políticas.

Y esto a su vez se vincula a la persecución judicial de líderes populares de América Latina, que siempre son de la misma orientación: todos los líderes que toman decisiones anti mercado, a favor de los pueblos, son sojuzgados, atacados, procesados una y mil veces por cualquier tontería menor. Pero los presidentes neoliberales, que toman decisiones que empobrecen masivamente a nuestras poblaciones, que toman deudas impagables, que regalan el patrimonio de nuestros Estados, esos presidentes nunca son juzgados. Nunca son perseguidos.

Esto revela un tercer aspecto: la “politización” de la justicia existe, efectivamente, pero no del lado que normalmente se la denuncia, sino al revés. La politización de la justicia está del lado del anti garantismo, que además es la mirada liberal del derecho, más asociada a intereses económicos (anti garantías), que a una mirada sobre la justicia o la equidad. Los puntos se terminan uniendo. Si uno mira bien, no es casual: el anti garantismo, que va en contra de lo que establecen nuestras constituciones (“garantistas”) es la politización de la justicia, porque muestra la falta de independencia de los magistrados. El juez “más independiente”, aunque en los medios se diga lo contrario, es el juez “garantista”, que es el que respeta las garantías positivas de la constitución: esto es respetar la legalidad, base del Estado de Derecho. No otra cosa es ser un juez “independiente”. La politización de la justicia existe, sí, pero no donde la estamos poniendo: la politización de la justicia existe del lado del “anti garantismo”. Y estos jueces poco independientes, tan politizados, anti “garantistas”, que se alejan de las garantías que fija la constitución, son los mismos jueces que luego en las Cortes persiguen, de manera arbitraria, a los líderes populares que toman decisiones a favor de los pueblos soberanos, y en contra de los mercados: Lula, Lugo, Evo, Correa, Cristina. Es muy claro de qué lado está la justicia “politizada” y poco “independiente”. Tenemos un poder judicial poco o nada imparcial en América Latina. Es una imparcialidad aun por construirse. No la tenemos.

Pregunta: Dentro de la perspectiva latinoamericana, la candidatura de Pedro Castillo significó una toma de mando de la izquierda radical conservadora en el Perú. Tras dos intentos de vacancia presidencial, y sus idas y venidas con el Legislativo, el pasado 7 de diciembre pasó a la historia del país como un fallido autogolpe de Estado en sus manos al ordenar la disolución del Congreso y la reestructuración del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Sin embargo, este capítulo de la historia peruana no es nuevo, desde el 2017 nuestro país afronta una crisis política sin precedentes con solicitudes de siete mociones de vacancia presidencial. Nuestro sistema de gobierno convulsiona frente a un parlamentarismo de facto, lo cual ha ocasionado que el juego político de estos últimos años se polarice entre pedidos de vacancia presidencial, por un lado, y el cierre del Congreso, por otro. Es este escenario el que dio inicio a la crisis de la crisis con la detención del expresidente, hoy acusado, entre otros delitos, por los delitos de rebelión y conspiración, al haber quebrantado el orden constitucional vigente y pretender instalar una dictadura. ¿Cuál es el papel que desempeñan el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal y la judicatura en el proceso de composición de las instituciones democráticas en medio de una crisis institucional y frente a la posible instalación de gobiernos dictatoriales? ¿Cuál sería su rol en la escena política peruana actual?

Respuesta: Cada país tiene su propia dinámica política y social, su propia historia, sus propios conflictos. Perú tiene, como Chile, un Tribunal Constitucional, algo que Argentina no tiene. El parlamentarismo ha sido propuesto en Argentina por Zaffaroni como una vía posible, pero en Perú no tiene el efecto democratizador deseado. Esto nos indica que las instituciones no son esquemas abstractos, que se copian y se llevan de un país a otro. Necesitan conciencia, arraigo, para tener sentido. No sirve copiar una institución y llevarla de un continente a otro, como si fuera lo mismo Alemania que Perú o Argentina. No es lo mismo. Algo semejante se puede decir del Consejo de la Magistratura, que Argentina copia de Italia. Estas copias pueden parecer interesantes, pero en la realidad política, no funcionan. Lo mismo con las ideas o doctrinas. No podemos repetir en Perú el funcionalismo de Luhman, pensado desde y para Alemania. No podemos copiar acá las ideas pensadas para otros países. Tenemos que desarrollar ideas propias. Con el marco de nuestra propia sociedad, con sus deseos, historias, conflictos. No generar ideas a partir de conflictos ajenos, sino a partir de los conflictos propios. 

Respecto del caso concreto del Perú, diría que lo mejor que pueden hacer los poderes judiciales, ministerio público y tribunal constitucional, es velar por el Estado constitucional de derecho y hacer valer la soberanía popular expresada en las urnas. Su rol en una crisis puede ser el de árbitro imparcial, pero siempre a favor de los derechos sociales y de la democracia expresada libremente. La justicia no puede legitimar golpes de Estado, aunque tengan apariencia institucional. El poder judicial no puede caer en esta trampa política. Diría que su función es preservarnos de eso.

Pregunta: Las acusaciones por el delito de rebelión y conspiración al haber quebrantado el orden constitucional vigente son tipos penales usados históricamente para procesar los intentos de golpe de Estado en el Perú. El expresidente Alberto Fujimori y 13 de sus ex ministros fueron sentenciados penalmente por este delito al haber disuelto el Congreso e instalar una dictadura democrática el 5 de abril de 1992, y hoy, Pedro Castillo afronta estas acusaciones, detenido en el mismo penal. En ese sentido, ¿consideras adecuado criminalizar estos actos de toma de poder en un contexto político como el actual como actos de quebrantamiento al orden constitucional vigente o crees que merecen otra mirada jurídica? ¿Qué opinión tienes sobre el uso de la pena de prisión como herramienta de castigo para funcionarios públicos o jefes de Estado? 

Respuesta: En Argentina se procesa por “asociación ilícita” decisiones de un gobierno democrático. Son tipos penales inconstitucionales, que vienen de tiempos de dictaduras que perseguían cualquier asociación “ilícita” que les hiciera frente. Vemos en Bolivia y Perú casos semejantes, de poderes judiciales poco transparentes, poco imparciales, que tuercen los tipos penales para criminalizar líderes políticos de izquierda. Pasó en Ecuador, en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay: Perú no parece ser la excepción. 

La pena de prisión me parece arbitraria y peligrosa. A su vez, la prisión “preventiva” es inconstitucional, aunque se aplique en toda la región como algo “usual” y legítimo: no lo es. Esto muestra un grave retroceso de las garantías procesales penales. Hoy la prisión “preventiva” es un arma política empleada en casi todo el continente, pese a que es ilegal. Es otra ilegalidad (“anti garantista”, inconstitucional) que no se denuncia. Y no se la denuncia porque es funcional a determinados intereses. En Argentina cientos de jóvenes pobres están presos violando la constitución, en prisión “preventiva” hace años, sin condena. Pero como son pobres, a nadie le importa. Aunque sea una grave violación de derechos. 

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Criminalización de la protesta y represión militarizada

Pregunta: La declaratoria del estado de emergencia debido a la intensidad de las protestas en las regiones del Perú y las prácticas de criminalización en contra de diversos colectivos han rascado una herida de siglos en nuestro país: el racismo. Las formas en las que accionaron colectivamente las regiones y su respuesta frente al ejercicio de violencia por parte de las fuerzas del orden sirvieron de señuelo para que las clases medias y altas limeñas despotriquen en contra del Perú rural, al revivir la idea de “campesino=terrorista” entre la ciudadanía, propia del periodo de conflicto armado que atravesamos a fines del siglo XX. Esto ha impactado en la comprensión que se puede tener sobre las reivindicaciones que exigen las regiones del país que, en muchos casos, van más allá de un simple respaldo político a un individuo. Qué rol juegan los procesos de criminalización para perennizar las lógicas de mando y obediencia y el racismo en nuestra Latinoamérica? ¿Qué significados tiene el criminalizar el reclamo de las mayorías?

Respuesta: El racismo en América Latina ha sido silenciado, así como el genocidio de los indígenas. La historiografía oficial ha silenciado este capítulo negro de la historia latinoamericana. En Argentina se habla de “conquista del desierto”, como si los indios asesinados no hubieran existido y sus tierras hubieran estado “desiertas”. En Chile se habla de “pacificación de la Araucanía”, eufemismo que se emplea para no mencionar la violencia estatal contra los mapuches y otras comunidades originarias. En Perú debe suceder algo semejante. En Bolivia estas comunidades silenciadas se vieron reivindicadas y representadas por Evo Morales, que a su vez defendió la soberanía de los recursos de Bolivia para los y las bolivianas. Recordemos que Evo Morales fue el único presidente cuyo avión fue requisado en Viena, hace unos años, sin respetar su inmunidad diplomática. Eso también fue racismo. Y no apareció ninguno de nuestros colegas constitucionalistas, como Gargarella, que se llenan la boca hablando de latinoamericanismo, para denunciarlo. Todos guardaron silencio frente a aquel atropello racista contra Evo Morales.

En lo personal, pienso que hay que establecer una especie de Nuremberg para evaluar los crímenes de la Conquista. Creo que Perú sería un país adecuado para hacerlo. Creo que ese tribunal puede abrir los ojos sobre toda la violencia que ha vivido y aun vive América Latina, los robos de tierras, de vidas, de historia. El robo de la identidad.

Pregunta: Ayer, el actual gobierno señaló que, frente a la reanudación de las protestas en las regiones del Perú a inicios del enero próximo, se autorizó el despliegue militar al interior del país frente a la posibilidad de acciones de violencia. ¿Qué repercusiones podría tener el acompañar la protección y defensa de la seguridad de la ciudadanía con el accionar militarizado de las fuerzas armadas? 

Respuesta: Las fuerzas militares no fueron pensadas para garantizar la seguridad ciudadana. Al contrario. Su mayor aporte es en términos humanitarios, no represivos. Poner a las fuerzas militares a reprimir a su propio pueblo es un crimen y una inmoralidad, porque pensado desde la conquista, todos somos hermanos latinoamericanos afectados por los mismos procesos de robo y expoliación. No tenemos que pelear entre nosotros, sino aprender a entender mejor los procesos que han empobrecido a América Latina y la siguen empobrecido y robando. La única política de seguridad adecuada es el desarrollo y las garantías de derechos económicos y sociales. Es la única forma de construir una sociedad más “segura”. No reprimir la pobreza. Eso es absurdo e inútil, aunque es lo que hacen mayormente nuestros países. Argentina es un país sin política criminal. Reprimir y encarcelar pibes pobres no puede ser llamado seriamente en ningún lugar del mundo “política criminal”. Sin embargo, es lo que hacemos.

La criminología de los medios de comunicación 

Pregunta: Actualmente asistimos a una normalización de la violencia letal ejercida por parte de la policía y las fuerzas armadas para frenar las protestas, las cuales tienen un claro propósito legitimador. Títulos como “Turistas en dificultades: escondidos y sin dinero para comer por las protestas” han sido el pan de cada día de titulares en medio de prensa nacional en este último mes. Sin embargo, el uso de las redes sociales también ha sido de gran importancia para exponer el grado de letalidad que tiene fuerzas del orden en las calles. ¿De qué manera el uso de las redes sociales ha normalizado la angustia frente a las consecuencias devastadoras que tiene el manejo de la protesta social? ¿Cuál es la potencia política que podrían tienen al ser actores directos para la exposición de la violencia institucional en una pantalla de celular?

Respuesta: Los medios de comunicación masivos, en la teoría democrática, son agentes serios de un debate de ideas. Ese debate no lo tenemos. Lo que realmente tenemos en los grandes medios es banalización, falta de ideas, y legitimación de la violencia represiva contra los sectores más empobrecidos, que son presentados como una “amenaza”. De los delitos de cuello blanco, financieros, económicos, que son los delitos realmente más graves, por su enorme impacto social, nunca se dice nada. Nadie llama “criminales” a esos actores. Sin embargo, su crimen es el más grave de todos. Esto no aparece en los grandes medios. Al contrario. Se silencia. No se dice.

Pregunta: El conflicto social no se ha resuelto y las regiones del país. Aun siguen llorando a sus muertos; sin embargo, la población de la capital peruana sigue cada vez más desinformada, como aquel espectador de los capítulos de una serie que trae nuevos episodios cada semana y que, por su gran audiencia, tiene todavía para varias temporadas.  ¿Cuál es rol político que tienen los medios de comunicación para la instalación del sentimiento de venganza contra el otro, en este caso, contra el Perú rural?  ¿Qué hace que la gente no deje consumir estos titulares que alimentan más esa angustia y el sentir de extrañeza por el de al lado? 

Respuesta: El derecho o sistema penal no resuelve conflictos sociales. Los grandes medios, como decíamos antes, prefieren lucrar con la angustia y el amarillismo, fogoneando la violencia, que informar en serio, con rigor, lo que pasa. Esto no es nuevo. En Argentina pasaba lo mismo. Hoy los medios parecen más concentrados en entretener, en mantener “prendido” al espectador, que en informarlo de algo serio. Hoy no hay ideas en los grandes medios. Hay una catarata de información mezclada con propaganda y publicidad comercial. No hay debates. El eje no está puesto en informar con rigor a la ciudadanía. Por eso la misma está desorientada y mal informada. Y esto afecta a la participación democrática, sin dudas. Los medios están para ser agentes de un debate enriquecedor, que hoy no tenemos.

En Argentina hubo una ley de medios, que apuntaba en esa dirección: desconcentrar la estructura de medios, para escuchar más voces, democratizando el debate. Esa ley constitucional fue derogada por el presidente Macri, que fue el mismo que contrajo con el FMI una deuda externa criminal, saltando al congreso, que el país no puede pagar. Poner en práctica esa ley le hubiera hecho muy bien a la Argentina. Los intereses económicos, una vez más, le torcieron el brazo a la democracia. Pudo más el interés de un sector de medios, que la voluntad de la ciudadanía expresada en una ley constitucional.

Cuesta decirlo, pero es lo que sucede en nuestros países. Los abogados comprometidos tenemos muchos desafíos por delante.

Pregunta: Los medios de comunicación también han banalizado la muerte de los 27 en las protestas pasadas e incluso han lucrado con el entierro de las víctimas de Ayacucho. Esta forma de actuación es una constante en el juego de los medios y la prensa roja, donde, por ejemplo, la muerte de una mujer en manos de su agresor se suspende en el enjuicio público de su forma de vida, la ropa usó o si bebió o no alcohol antes de ser violentada. ¿Es la indolencia un requisito previo para el ejercicio periodístico sobre el delito, para aquel que conduce un programa de televisión o redacta una columna periodística semanal sobre algún acto de violencia? ¿Qué hay detrás del morbo indolente que esconde los medios de comunicación cuando hablan de violencia a toda escala?

Respuesta: Como decíamos antes, los grandes medios no están generando un debate de ideas, están privilegiando la publicidad comercial. La información se vende y prefabrica como cualquier otro “producto”. No hay información de fondo y no hay análisis de procesos. Hay “noticias de último momento”, “urgentes”, las 24 horas del día, sin tiempo para pensar en nada. Tal vez esa sea la clave: estar las 24 horas “prendido” para no parar nunca a pensar. No poder pensar.

Rol de la academia en tiempos de crisis

Pregunta: Considerando la escasez de discursos críticos respecto a las protestas y las formas de violencia con las que se han administrado en el país. ¿Qué rol podría desempeñar la academia y el activismo legal dentro de la recomposición de nuestra democracia? 

Respuesta: Frente a la crisis de medios y su impacto en la calidad democrática que mencionábamos antes, el rol de la academia en tiempos de crisis se me parece como fundamental. Es tal vez la última carta que tenemos. No soy “academicista”, pero sí creo que los académicos comprometidos pueden jugar un rol positivo en la sociedad. Algo parecido decía Torcuato Di Tella, un sociólogo argentino que fue secretario de Cultura de la Nación. No creo que la Academia deba liderar ningún proceso. Creo que son los pueblos los únicos que “lideran”. Pero puestos en una crisis política e institucional, con tensiones económicas y sociales, me parece muy importante que quienes se dedican a pensar la historia, los conflictos, la economía, el Derecho, el Estado, hagan un aporte crítico, emancipatorio y latinoamericanista. No eurocéntrico. Creo que estas “crisis” son las crisis de lo europeo en América Latina. De los discursos de “modernización” y progreso civilizado, de las “reducciones” de los indios, etc.

Creo que la crisis es una oportunidad de “latinoamericanizar” en serio nuestros discursos, nuestros Estados, nuestro Derecho. Una Academia comprometida, latinoamericana. Eso necesitamos. Integrada. Regional. En Argentina había nacido en 2009 el MeCIMAE, mecanismo de cooperación entre las escuelas de abogacia pública de todo el Mercosur. Eso se paralizó con la caída de Lugo y el triunfo de Bolsonaro. Pero hoy, con Lula en Brasil, es posible retomar esa iniciativa y construir o reconstruir una abogacía pública para todo el Mercosur, a partir de nuestros intereses comunes.

Pregunta: Tomando en cuenta la violencia de las leyes en el marco del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. ¿Considera usted que el sistema jurídico penal actual antes que garante está violentando derechos humanos? ¿Estaría la academia banalizando la violencia letal?

Respuesta: La Academia latinoamericana tiene el mandato de denunciar la violencia represiva contra su propia población, porque esa violencia represiva, a través del aparato penal, es parte del proceso de colonización, expoliación y conquista, que aun no está acabado: se sigue produciendo. Por eso se persigue a Evo Morales, a Lula, a Correa: porque toman decisiones a favor de los pueblos latinoamericanos. Zaffaroni, si uno sigue su obra, comienza por criticar el sistema punitivo, pero luego avanza y cuestiona el crimen financiero y la colonización. Son estructuras que avanzan juntas, no separadas. Cuestionar el aparato represivo contra el Perú rural es cuestionar no solo el sistema penal, sino el aparato de la colonización y conquista que sigue operando detrás de él, aunque no lo veamos. Ese aparato reprime y encierra a nuestros chicos pobres en prisiones infrahumanas, sin condena, mientras fuga los recursos y alimentos de América Latina, para llevarlos, como hace dos siglos, a los centros de Europa. Esto es lo que hay que denunciar. La Academia tiene el deber de hacer eso. Si no, no tiene sentido su existencia. La Academia solo se justifica si es una herramienta de conciencia y emancipación para América Latina. No una reproducción local de discursos europeos, para favorecer a los europeos. Nosotros tenemos que favorecer a los y las latinoamericanos. Y para eso tenemos que tener nuestros propios discursos. Nuestras propias ideas. Nuestra voz. Nuestra tierra. Nuestra cultura. Nuestra historia. Nuestro lenguaje.




Lynda Fernández Olivas. Bachillera en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Máster en Derecho Penitenciario y Cuestión Carcelaria en la Universidad de Barcelona. Maestranda en Criminología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Investigadora asociada al Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social (INCRIDES).

Wendy Pérez Mercado. Bachillera en Derecho por la Universidad de Lima. Máster en Derecho Penitenciario y Cuestión Carcelaria en la Universidad de Barcelona. Investigadora auxiliar del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social (INCRIDES)

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