Las organizaciones Constitucionalismo Crítico, Perspectiva Constitucional, Esmomento y Derecho Crítico, han emitido un pronunciamiento para exigir la suspensión del proceso de elección de magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional ante circunstancias que pondrían en riesgo su independencia.
LA ELECCIÓN DE MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBE SUSPENDERSE: LA INDEPENDENCIA DEL MÁXIMO TRIBUNAL ESTÁ EN RIESGO
El Congreso de la República ha continuado con el proceso de selección de aspirantes a magistrados del Tribunal Constitucional del Perú, pese a les graves irregularidades denunciadas por participantes del concurso y distintos sectores de la sociedad civil nacional e internacional, que no han sido resueltas hasta la fecha. El proceso fue suspendido luego de la crisis política de noviembre de 2020 y fue reactivado fines de abril de 2021, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
La Comisión Especial reactivada reproduce casi en su totalidad los mismos desaciertos e irregularidades cometidas anteriormente. En esta oportunidad, el Congreso viene realizando entrevistas de 17 Candidaturas finalistas, desde el lunes 21 de junio. Durante el inicio del proceso de selección, las anomalías detectadas comprenden: descalificación arbitraria de candidaturas, renuncias de candidatos, formalismo excesivo, poca transparencia, barreras a la participación de las mujeres, improvisación, falta de planificación en las entrevistas, inclusión de sesgos ideológicos en algunas de las preguntas y, finalmente, la evidente existencia de intereses políticos coyunturales que contaminan el carácter técnico y meritocrático que debería tener el procesa de selección, generando un alto riesgo para la independencia del máximo tribunal.
El contexto político por el que atraviesa el país es altamente polarizado. Existe una marcada resistencia de una de les candidaturas presidenciales a reconocer los resultados de la segunda vuelta electoral del pasado 06 de junio. También se suma una robusta campana de desinformación que pretende desconocer los resultados de las elecciones, ya que promueve la tesis de un supuesto fraude electoral no comprobado hasta la fecha. Incluso, se han producido recientes intentos del propio Congreso de dividir la legislatura en curso para precipitar la aprobación de reformas constitucionales apresuradas y no debatidas, entre otros. Estos son algunos hechos que han afectado gravemente la confianza ciudadana y minado el carácter democrática del órgano legislativo, por consiguiente, las acciones que emprenda el Congreso de la República son altamente cuestionables, afectando la legitimidad del actual proceso de selección de jueces y juezas constitucionales.
Existe una genuina preocupación por la utilización de los procesos judiciales por las fuerzas políticas en aras de cuestionar las decisiones de las autoridades electorales, especialmente, el resultado final de la elección presidencial, llegando a solicitarse la anulación total de las elecciones y la convocatorias nuevas. La judicialización de pedidos de esta naturaleza, con débil fundamento constitucional y legal, convierte al Tribunal Constitucional en una pieza clave para el éxito de estas estrategias legales, al ser la última y definitiva instancia que resolver estos reclamos, situación que genera fuertes incentivos para el control política de las designaciones en curso.
Rechazamos tajantemente la politización de las designaciones del Tribunal Constitucional, que en los momentos más difíciles de nuestra democracia, ha protegido los derechos y libertades ciudadanas. La asignación de competencia a un órgano político para designar a altas autoridades del sistema de justicia no significa que la decisión deba adaptarse en motivos políticos, pues los estándares internacionales establecen que:
el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia debe ser seleccionar a los candidatos y candidatas con base al merito personal y su capacidad profesional [1].
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose precisamente a la elección del Tribunal Constitucional en nuestra país en 2006, realizada por el Congreso, manifestó su:
preocupación que algunos procesos de selección y nombramiento de las y los operadores de Justicia no están dirigidos a garantizar que obtengan los puestos quienes tengan merito o mejores capacidades profesionales, y pueden llegar a estar motivados por cuestiones de carácter político [2]
Las actuales condiciones no garantizan una elección en base al merito, sino más bien facilitan designaciones en función de intereses políticos, sectoriales, religiosos o ajenos al escrutinio público. Ante el grave riesgo que eso supone para la independencia del Tribunal, la elección debe suspenderse.
Lima, 22 de junio de 2021
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