El ministro de Salud (Minsa), César Vásquez, denunció que un grupo de laboratorios, que comprendía a Medifarma, llevó a cabo una concertación de precios en perjuicio del Estado. Durante su participación en la Comisión de Salud del Congreso, este martes 1 de abril, el funcionario afirmó también que el Ministerio Público archivó una denuncia penal presentada por su gestión, en julio del año pasado, en la que reportaba la presunta colusión.
El alto funcionario reveló la existencia de una campaña mediática sobre un «supuesto desabastecimiento brutal», la cual habría provocado que su ministerio realice compras directas mediante los hospitales. «Es un modus operandi malvado», señaló Vásquez. Además, advirtió de supuestas presiones en su contra:
Esas empresas, porque pertenecen a grupos económicos que han estado acostumbrados a manejar el país a su antojo, hoy ven las consecuencias. Están matando a los peruanos. Están presionando, mandándome mensajes y haciendo lo necesario, seguramente, para que a mí me saquen del cargo.
En su participación en la Comisión del Parlamento, Vásquez detalló que en julio del año pasado su cartera denunció a una serie de laboratorios, entre los que se encontraba Medifarma ―denunciada penalmente por la Procuraduría del Minsa por la distribución de sueros fisiológicos defectuosos―, por «concertación de precios». Sin embargo, le informaron que esta denuncia habría sido archivada:
Al laboratorio Medifarma, nosotros lo hemos denunciado el 24 de julio del año pasado. Y yo dije en presencia de los medios de comunicación que [Medifarma], junto a catorce laboratorios más, formaban parte de una red criminal que yo los llamé ‘La red de las medicinas. No me hicieron caso. […]
Indecopi inició las investigaciones. Hoy, con mucha frustración, extraoficialmente me he informado que la Fiscalía lo ha archivado el caso. Cuando hay evidencias y nosotros hemos denunciado formalmente.
Esta empresa [Medifarma] junto a catorce más concertaban precios. Buscaban que en las licitaciones que Senares hacían, se paguen precios mayores a los del mercado.
Vásquez también recordó que, en julio del año pasado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició de oficio un procedimiento administrativo sancionador contra quince empresas y cinco personas por este caso.
Los hechos investigados (colusión) se habrían suscitado entre diciembre de 2006 y febrero de 2020. En aquel entonces, se informó que el proceso estaría a cargo de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi (DLC).
Dicho procedimiento buscó determinar «si las empresas coordinaron propuestas y abstenciones» en subastas públicas, del Ministerio de Salud y EsSalud, con el presunto fin de ganar licitaciones de compras de medicamentos de estas entidades. Entre los productos parte de estas supuestas coordinaciones se tienen, la amoxicilina, azitromicina, sulfato ferroso, suplemento del hierro, y otros.
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Comprendidos en el periodo de tiempo señalado, la diligencia agrupó a 23 procesos de contrataciones públicas para el abastecimiento de medicamentos, con valores referenciales que abarcaron desde los S/14 895 547.68 a los S/610 744 348.76. Además de las personas naturales, las empresas a las que alcanzó dicho procedimiento son las siguientes:
1. B Braun Medical Perú S.A.
2. Instituto Quimioterápico S.A.
3. Perulab S.A.
4. Jobal Pharma E.I.R.L.
5. Laboratorios AC Farma S.A.
6. Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L.
7. Laboratorios Americanos S.A.
8. Laboratorios Lansier S.A.C.
9. Laboratorios Portugal S.R.L.
10. Laboratorios Unidos S.A.
11. Medifarma S.A.
12. Pereda Distribuidores S.R.L.
13. Pharmagen S.A.C.
14. OQ Pharma S.A.C.
15. Teva Perú S.A.
Según Salud con Lupa, el Indecopi habría identificado prácticas colusorias que constarían de una serie de negociaciones a través de correos electrónicos, archivos, conversaciones telefónicas y chats en aplicaciones de mensajería. A su vez, se habría empleado un lenguaje críptico y seudónimos para evitar la infracción.
El organismo fiscalizador habría coleccionado las evidencias a través de documentos, testimonios y reportes económicos. Estos últimos contendrían propuestas, características y resultados de las compras.
En caso de probarse su culpabilidad, las empresas sindicadas habrían enfrentado multas que iban desde los S/2 millones a los S/5 millones , de acuerdo a la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. No obstante, de encontrarse infracciones más graves, las multan podrían superar estos montos.
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