La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, exigió a las autoridades restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. La alta funcionaria realizó dicho pedido tras el atentado que sufrió una sede fiscal, en Trujillo (La Libertad), a manos de la delincuencia.
Este lunes 20 de enero, en diálogo con RPP, afirmó la figura de la detención preliminar debe reestablecerse en su «versión original»:
Este tipo de hechos nos demuestra claramente la necesidad urgente que se restituya, en su versión original, la figura de la detención preliminar porque si nosotros. Si en este momento que ya pasó la flagrancia, encontramos presuntos responsables que ameritan o que se vinculan directamente con lo ocurrido, no vamos a poder detenerlos para esclarecer más los hechos.
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El Ejecutivo observó la referida norma el lunes 13 de enero, un día antes de que se venciera el plazo para adoptar dicha medida. De acuerdo a Espinoza Valenzuela, esta figura es un severo impedimento en la lucha contra el crimen:
Este es un grave obstáculo que se sigue manteniendo con la renuencia, con la terquedad, de no querer aprobar o restituir esta herramienta procesal que es muy importante para brindar las seguridad que hay una investigación oportuna y con las personas sospechosas, no sospechosas a la ligera, sino previa calificación fiscal y refrendadas con el juez de garantías.
Pero la herramienta no existe actualmente para casos de no flagrancia. Por eso exijo públicamente lo que hemos estado haciendo institucionalmente. ¿Qué más esperamos, que haya más destrozos o pérdidas humanas? No podemos llegar a esos extremos.
Sede fiscal fue atacada con explosivos
Debido a la magnitud de los daños y la gravedad del incidente, el Ministerio Público suspendió las labores del personal correspondiente. Las oficinas fiscales se ubican a cinco minutos de la Plaza de Armas de Trujillo y a dos cuadras del centro histórico de la ciudad:
Ha causado severos daños en la estructura lateral del edificio y en las oficinas, equipos tecnológicos, puertas, ventanas, entre otros. Ante ello, se dispuso la suspensión de labores para preservar y salvaguardar la integridad de los servidores públicos y usuarios.
Asimismo, solicitó la «reactivación de la labor de inteligencia policial para que las actuaciones de los agentes del orden se efectúen antes de los hechos delictivos, y no cuando el daño ya se produjo».
El Ministerio Público maneja la posibilidad de que esta agresión esté vinculada a las amenazas que sufrió una fiscal, días atrás, quien tiene a su cargo un caso de crimen organizado.
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