Este 25 de agosto, Katherine Milagros Ampuero Meza informó que solicitó a la Procuradora General del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, que «haga suyo su pedido» y solicite el reexamen de la investigación archivada contra el exfiscal de la Nación y actual fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde.
La exprocuradora señaló que la investigación se inició por la presunta comisión del delito de obstrucción a la justicia durante una diligencia de exhibición de documentos en el Instituto de Defensa Legal (IDL). Según indicó en la red social X:
He solicitado a la procuradora general del estado María Carhuajulca que haga suyo mi pedido y solicite el reexamen de la investigación que la Fiscal de la Nación Delia Espinosa archivó a favor de Pablo Sánchez por haber interferido ilegalmente en una diligencia de exhibición de documentos en IDL.
La petición se centra en la presunta comisión del delito de obstrucción a la justicia en agravio del Estado. Asimismo, señaló que la medida se fundamenta en «nuevos elementos indiciarios los mismos que he detallado y presentado en mi escrito cuyo cargo adjunto a la presente», enfatizando que estos elementos justifican la reapertura del proceso ante la Fiscalía.
La exprocuradora destacó que dicha investigación en su momento fue archivada por la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, conforme a la disposición fiscal que también adjuntó en el documento. Subrayó, además, la importancia de que la Procuraduría General del Estado ejerza sus facultades para representar los intereses del Estado como parte agraviada.
El sábado 23 de agosto, Ampuero reafirmó en su cuenta de X que también pidió a la Fiscalía de la Nación que se reabra la investigación contra Sánchez Velarde por su presunta «intervención flagrante e ilegal» en la diligencia de exhibición de documentos en las instalaciones de IDL, insistiendo en la necesidad de que se atienda la irregularidad señalada.
En marzo, el fiscal supremo Pablo Sánchez fue denunciado constitucionalmente por congresistas de la bancada de Renovación Popular (RP) por «ordenar suspender una diligencia» en el local del medio de comunicación IDL-Reporteros, en el año 2018, cuando se desempeñaba como titular del Ministerio Público. La denuncia atribuye a Sánchez los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho activo específico y obstrucción a la justicia, así como infracciones constitucionales.
