El exmandatario Alejandro Toledo mantendrá su limitación de arresto domiciliario en Estados Unidos mientras la justicia norteamericana define su extradición al
Esta mañana, el juez federal Thomas S. Hixson rechazó el pedido de la fiscal Rebeca Haciski para que Toledo, acusado de favorecer a Odebrecht a cambio de millonarias sumas de dinero, retorne a prisión.
“El Tribunal considera que el deterioro del estado físico de Toledo y su esposa mitiga aún más el riesgo de fuga. Ambos necesitan un tratamiento médico continuo, y se encuentran en una situación de vida estable en la que pueden obtenerlo”, manifestó Hixson en su resolución.
El juez agregó que la huida a otro país alteraría esta situación para ellos, especialmente porque la primera parada de Toledo en en otro país como fugitivo internacional bien podría ser la cárcel.
«En estas circunstancias, y aunque el riesgo de que Toledo huya nunca puede ser mitigado completamente, el Tribunal cree que su que su libertad bajo fianza está justificada”.
La Fiscalía de EE. UU. solicitó este viernes a la Corte del Distrito Norte de California que el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) vuelva a prisión tras el fallo judicial del martes, que avaló su extradición a Perú para ser juzgado por corrupción.
El exmandatario fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de covid-19.
Según el escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso Efe, tras la resolución del magistrado Thomas Hixson del martes y, de acuerdo con el estatuto de extradición, Toledo ya no puede acogerse al arresto domiciliario, por lo que solicita su ingreso en prisión.
«Es más, incluso si el arresto domiciliario fuera una posibilidad, Toledo representa un riesgo de fuga significativo, y no hay circunstancia especial alguna que justifique su puesta en libertad», argumentaron desde la Fiscalía.
Fallo de Hixson
Después del fallo de Hixson -un proceso judicial que se alargó por más de dos años- corresponde ahora al Departamento de Estado tomar una decisión final sobre la extradición a Perú, pero por el momento el Gobierno estadounidense no se ha pronunciado al respecto.
Aunque la decisión del juez no es apelable, Toledo ya adelantó en una entrevista con Efe el mismo martes después de conocerse la resolución que pedirá un «habeas corpus» alegando que a lo largo del proceso no se preservó su derecho a la defensa.
En caso de ser aceptado por la Justicia, el «habeas corpus» podría suspender temporalmente el proceso de extradición, aunque no es algo automático, sino que la Corte tendría que ordenarlo explícitamente.
Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, el exmandatario de 75 años habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era jefe del Gobierno.
Fuente: El Peruano.
[Nota original 28.09.2021]
La Justicia de Estados Unidos decidió este martes que el expresidente Alejandro Toledo puede ser extraditado al Perú, al haberse hallado pruebas suficientes que justifican esta medida.
«La corte ha escuchado y considerado la evidencia, y encontramos que es suficiente para sostener los cargos de colusión y lavado de dinero bajo los acuerdos de extradición entre Estados Unidos y Perú», se lee en la sentencia.
Con el visto bueno de la justicia norteamericana y el juez Thomas S. Hixson, todo depende ahora del Secretario de Estado, Antony Blinken.
Este funcionario tomará la decisión final sobre si se extradita o no al exmandatario peruano, tras un proceso que ha durado más de dos años. Y que es considerado por medios americanos como Bloomberg como «el más grande escándalo criminal de América Latina».
Recordemos que el exmandatario fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años. Desde entonces, estuvo ocho meses en prisión y finalmente pudo salir de la cárcel en marzo del año pasado por las medidas extraordinarias consideras por el covid 19.
Según las investigaciones, el expresidente de 75 años habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú.
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