Fundamento destacado: 31. El Tribunal tiene que determinar esta cuestión a pesar de la ausencia de violación del artículo 5 § 1 (art. 5-1); sobre este punto, se remite a su jurisprudencia reiterada (véase, como autoridad más reciente, la sentencia Van Droogenbroeck antes mencionada, Serie A nº 50, p. 23, § 43).
Ciertas distinciones que son relevantes en el presente caso se encuentran en sentencias anteriores dictadas por el Tribunal sobre el artículo 5 § 4 (art. 5-4).
Cuando la decisión de privar a un individuo de su libertad es adoptada por un órgano administrativo, dicho individuo tiene derecho a que la legalidad de la decisión sea revisada por un tribunal, pero no ocurre lo mismo cuando la decisión es adoptada por un tribunal al término de un procedimiento judicial, ya que la revisión exigida por el artículo 5 § 4 (art. 5-4) se incorpora en ese caso a la decisión (véase, como autoridad más reciente, la sentencia Van Droogenbroeck antes mencionada, ibid., p. 23, §§ 44-45).
El Tribunal también ha sostenido, en relación con el internamiento de personas en estado mental perturbado, que siempre debe preverse la posibilidad de una revisión posterior a intervalos razonables, en la medida en que las razones que justificaron inicialmente el internamiento puedan dejar de existir (véase, como autoridad más reciente, la sentencia X contra el Reino Unido, antes mencionada, Serie A nº 46, pp. 22-23, § 52).
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
CASO LUBERTI c. ITALIA
(Solicitud nº 9019/80)
En el caso Luberti,
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sesión, de conformidad con el artículo 43 (art. 43) del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (“el Convenio”) y las disposiciones pertinentes del Reglamento del Tribunal en la Sala integrada por los siguientes jueces:
Señor. G. WIARDA, Presidente,
Señor. J. Cremona,
Sr. G. Lagergren,
Sr. E. García de Enterría,
SirVicente Evans,
Sr. C. Ruso,
Señor. R. Bernhardt,
así como el Sr. M. -A. Eissen , Registrador, y el Sr. H. Petzold, Registrador Adjunto,
Después de haber deliberado en sesión privada el 26 de abril de 1983 y el 27 de enero de 1984, dicta la siguiente sentencia, cuyo fallo es el siguiente fecha mencionada:
PROCEDIMIENTO
1. El presente asunto fue remitido al Tribunal por la Comisión Europea de Derechos Humanos (“la Comisión”). El asunto tiene su origen en una demanda (nº 9019/80) contra la República Italiana presentada ante la Comisión el 19 de mayo de 1980 en virtud del artículo 25 (art. 25) del Convenio por el Sr. Luciano Luberti, nacional italiano.
2. La solicitud de la Comisión se presentó en la Secretaría del Tribunal el 19 de julio de 1982, dentro del plazo de tres meses establecido en los artículos 32 § 1 y 47 (art. 32-1, art. 47). La solicitud se refería a los artículos 44 y 48 (art. 44, art. 48) y a la declaración por la que la República Italiana reconocía la competencia obligatoria del Tribunal (art. 46) (art. 46). La solicitud pedía al Tribunal que se pronunciara sobre la existencia de violaciones de los apartados 1 y 4 del artículo 5 (art. 5-1, art. 5-4).
3. La Sala de siete jueces que debía constituirse incluía, como miembros de oficio, al Sr. C. Russo, juez electo de nacionalidad italiana (artículo 43 del Convenio) (art. 43), y al Sr. G. Wiarda, Presidente del Tribunal (artículo 21 § 3 (b) del Reglamento del Tribunal). El 13 de agosto de 1982, el Presidente sorteó, en presencia del Secretario, los nombres de los otros cinco miembros, a saber, el Sr. J. Cremona, el Sr. G . Lagergren, el Sr. E. García de Enterría, Sir Vincent Evans y el Sr. R. Bernhardt (artículo 43 in fine del Convenio y artículo 21 § 4) (art. 43).
4. El Sr. Wiarda, que había asumido el cargo de Presidente de la Sala (artículo 21 § 5), averiguó, a través del Secretario, la opinión del Agente del Gobierno italiano (“el Gobierno”) y del Delegado de la Comisión sobre el procedimiento a seguir. El 15 de septiembre de 1982, ordenó que el Agente tuviera hasta el 15 de noviembre para presentar un memorial y que el Delegado tuviera derecho a responder por escrito en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que el Secretario le transmitiera el memorial del Gobierno.
El memorial del Gobierno fue recibido en el registro el 22 de noviembre de 1982 y la respuesta del Delegado el 14 de enero de 1983. A esta última se adjuntaban los comentarios del demandante sobre el memorial del Gobierno y sus reclamaciones en virtud del artículo 50 (art. 50) del Convenio.
5. El 17 de enero de 1983, el Presidente ordenó que el Agente del Gobierno dispusiera hasta el 28 de febrero para presentar un memorial complementario. La secretaría recibió el texto original italiano el 15 de febrero y la traducción francesa, texto oficial para el Tribunal, el 21 de abril.
El Secretario de la Comisión transmitió al Secretario, el 24 de febrero, algunas precisiones complementarias proporcionadas por el demandante sobre la cuestión de la aplicación del artículo 50 (art. 50) del Convenio y, el 18 de marzo, los comentarios del Delegado sobre las diversas alegaciones del Sr. Luberti a este respecto.
6. En diversas fechas entre el 26 de abril y el 22 de septiembre de 1983, el Secretario, siguiendo instrucciones de la Sala, obtuvo, en parte de la Comisión y en parte del Gobierno, determinados documentos y una información.
7. El 27 de enero de 1984, la Sala decidió prescindir de las audiencias, tras comprobar que se cumplían las condiciones requeridas para esta excepción al procedimiento habitual (artículos 26 y 36 del Reglamento del Tribunal). El Presidente había consultado previamente sobre este punto, a través del Secretario, al Agente del Gobierno y al Delegado de la Comisión.
EN CUANTO A LOS HECHOS
A. Las circunstancias particulares del caso
8. El Sr. Luberti, de nacionalidad italiana y nacido en 1924, reside actualmente en un hogar religioso. El 20 de enero de 1970, en Roma, mató a su amante disparándole varias veces. A continuación, abandonó el apartamento, dejando atrás el cadáver.
El 25 de marzo de 1970, la policía, basándose en la información contenida en una carta del demandante en la que confesaba haber cometido el asesinato, descubrió el cadáver. Según el informe policial, las circunstancias del hecho sugerían que el autor no estaba en plena posesión de sus facultades mentales.
Se incoó un procedimiento penal contra el Sr. Luberti, que no fue detenido hasta el 10 de julio de 1972, fecha en la que había concluido la investigación preliminar del caso y había sido puesto a disposición judicial acusado de asesinato.
9. El 17 de enero de 1976, el Tribunal de Primera Instancia de Roma condenó al Sr. Luberti —que se había declarado inocente— a veintiún años de prisión por asesinato y a un año de prisión y una multa de 500.000 liras por posesión de armas militares.
10. El demandante interpuso recurso de apelación, alegando por primera vez, entre otros motivos, que estaba demente en el momento de la comisión del acto que se le imputaba.
[Continúa…]
