Carlos Álvarez Solís afirmó que el Estado sí puede adquirir drones con capacidades para detectar delitos. Sus declaraciones respondieron a lo dicho por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien aseguró que existen dispositivos aéreos capaces de identificar delitos desde el aire, descender y explotar frente al delincuente.
Ante ello, Álvarez Solís reconoció que las herramientas tecnológicas deben adaptarse a los nuevos escenarios de inseguridad, aunque advirtió que es necesario revisar con cautela sus funciones específicas.
El experto explicó que la Ley de Contrataciones Públicas permite este tipo de adquisiciones, siempre que se cumplan los procedimientos establecidos. Desde su perspectiva, el uso de drones para la vigilancia y prevención del crimen puede representar un avance importante frente al aumento de la delincuencia y la evolución del crimen organizado. Sin embargo, remarcó que la implementación de estos equipos debe regirse por criterios legales, técnicos y éticos.
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¿Drones contra los derechos humanos?
A pesar de reconocer la viabilidad legal de estas compras, Álvarez Solís expresó preocupación por los riesgos que podrían surgir si los drones cuentan con capacidad ofensiva. Señaló que la posibilidad de que un dispositivo explote cerca de una persona implica un grave problema en términos de derechos humanos.
Finalmente, planteó la necesidad de definir con claridad quién tiene la competencia para adquirir e implementar estos sistemas. Indicó que es importante establecer si esta responsabilidad recae sobre la Municipalidad de Lima o sobre el Ministerio del Interior. Esta precisión es clave para evitar conflictos de funciones y asegurar que cualquier decisión se tome dentro del marco legal correspondiente y con pleno respeto por los derechos fundamentales.
La respuesta es sí. Sí se puede comprar drones que detecten delitos porque las necesidades cambian con los años. La lucha contra la delincuencia y contra el crimen organizado era distinta a la lucha actual. Para eso está la Ley de Contrataciones Públicas. La duda es si explotaban o no, porque eso sí podría generar problemas de derechos humanos. Ahora, también es importante ver si le compete a la Municipalidad de Lima o al Ministerio del Interior.
