Ahora son cuatro los elementos para evaluar si se cumple con la garantía del plazo razonable [Exp. 00033-2018-71]

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Fundamentos destacados: DÉCIMO TERCERO: Tal como ha quedado establecido en el considerando séptimo de la presente resolución, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte IDH, el derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, ya que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Para llegar a la solución de la controversia penal es fundamental la investigación del delito y que esta se realice en un plazo razonable. La evaluación del plazo razonable se debe realizar en cada caso concreto, en relación con la duración total de la investigación hasta cumplir la finalidad establecida en el CPP, cual es, entre otras, encontrar la verdad material respecto de los hechos objeto de investigación. Para tal efecto, ya no se considera solo tres elementos para evaluar si se cumple con la garantía del plazo razonable sino cuatro elementos, a saber:

(i) la complejidad del asunto,

(ii) la actividad procesal del interesado,

(iii) la conducta de las autoridades judiciales, y

(iv) la afectación generada en la situación jurídica de la presunta víctima.

Respecto a la evaluación de la complejidad del asunto, siguiendo también los lineamientos jurisprudenciales de la Corte IDH, se debe valorar distintos elementos, entre ellos:

i) la complejidad de los actos de investigación;

ii) la pluralidad de sujetos investigados o la cantidad de víctimas;

iii) el tiempo transcurrido desde que se tuvo la noticia del presunto hecho delictivo;

iv) las características de los recursos legales utilizados por los investigados, o

v) el contexto en el que ocurrieron los hechos objeto de investigación.

VIGÉSIMO: Como ya se ha dejado establecido ut supra, en el presente caso existe la necesidad de aprobar la prórroga de la investigación preparatoria solicitada por el titular de la acción penal y, en consecuencia, fijar un plazo adicional debido a que en la investigación que se viene efectuando, faltan realizarse importantes y significativas diligencias o actos de investigación para el total esclarecimiento de los hechos objeto de investigación. En cuanto a la razonabilidad para establecer el plazo adicional, se toma en cuenta que se trata de una investigación por delitos de corrupción de funcionarios cometidos por integrantes de una presunta organización criminal. También se toma en cuenta que el actuar de sus integrantes han sido perennizados por medio de grabaciones que ya los tiene el titular de la acción penal. Asimismo, se tiene en cuenta para fijar el plazo adicional que en contra de los investigados se han dictado medidas cautelares personales o reales, lo que significa que el Ministerio Público tendría ya fuertes elementos de convicción de su participación en los hechos graves que se investigan. No se toma en cuenta el argumento del fiscal superior en el sentido de que hasta la fecha no se habría realizado la revisión de todo el material grabado, pues no se tendría el personal especializado suficiente, debido a que las deficiencias de la agencia estatal de investigar el delito no lo pueden cargar el investigado o procesado. Con base a tales consideraciones, esta Sala Superior considera que resulta razonable fijar el plazo de veinticuatro meses a la prórroga de la investigación preparatoria. Finalmente, es de acotar que, el fiscal a cargo de la investigación debe hacer uso de los apremios que la ley franquea con la finalidad de cumplir con los objetivos de la investigación preparatoria en el plazo adicional.


CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPACIALIZADA
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONALES NACIONAL

Expediente: 00033-2018-71-5002-JR-PE-03
Jueces superiores: Salinas Siccha / Enriquez Sumerinde / Magallanes Rodríguez Ministerio Público: Fiscalía Superior con Competencia Nacional en el Caso «Los Cuellos Blancos del Puerto»
Investigados: Nelson Reynaldo Aparicio Beizaga y otros
Delitos: Tráfico de influencias y otros
Agraviado: El Estado Especialista judicial : Irwin Juan Carpio Manrique Materia : Apelación de auto sobre prórroga de plazo de la investigación preparatoria

Resolución N.° 4

Lima, veinticinco de abril de dos mil veintidós

AUTOS y OÍDOS: En audiencia pública, los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas de los investigados Verónica Esther Rojas Aguirre, Pablo Saúl Morales Vásquez, Nelson Reynaldo Aparicio Beizaga y Fernando Alejandro Seminario Arteta contra la Resolución N.° 11, de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós, que resolvió declarar fundado el requerimiento de prórroga del plazo de la investigación preparatoria por el plazo de 36 meses, en la investigación preparatoria que se sigue contra los referidos investigados por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

Interviene como ponente el Juez Superior SALINAS SICCHA, y ATENDIENDO:

I. ANTECEDENTES

1.1 El presente incidente tiene su origen en el requerimiento fiscal presentado por el representante del Ministerio Público, con fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, integrado el veintidós de noviembre del mismo año, por el cual requirió que se conceda la prórroga del plazo de la investigación preparatoria seguida contra el investigado Nelson Reynaldo Aparicio Beizaga y otros por el plazo de 36 meses, en la investigación preparatoria que se les sigue por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. Este pedido fue resuelto por el Juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que resolvió declarar fundado el requerimiento fiscal.

1.2 Contra la resolución, las defensas técnicas de los investigados Verónica Esther Rojas Aguirre, Pablo Saúl Morales Vásquez, Nelson Reynaldo Aparicio Beizaga y Fernando Alejandro Seminario Arteta interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron concedidos. Se elevó el cuaderno respectivo a esta Sala Superior para efectuar el procedimiento correspondiente. Así, mediante Resolución N.° 2, se programó audiencia virtual de apelación para el trece de abril del año en curso. Luego de efectuada la audiencia y concluido el debate de los integrantes del Colegiado, se procede a emitir la presente resolución.

II. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

2.1 Conforme se lee la resolución que es objeto de apelación, el Juez delimitó su pronunciamiento en dos extremos. El primero referido a si corresponde otorgar la prórroga; señala que, si bien las defensas coinciden que el plazo razonable es 12 meses, teniendo como sustento que las diligencias se repiten, constituye un argumento descontextualizado. Según al artículo 321 del CPP, la tarea del fiscal consiste no solo en recabar elementos de cargo, sino de descargo, conforme al artículo IV del TP del CPP. En ese sentido, faltaría transcribir interceptaciones telefónicas, procesos especiales de colaboración eficaz, respuestas de entidades a quienes se ha solicitado información, pericias fonéticas, en número de procesados y 55 procesos judiciales en los que habrían incurrido los procesados que forma parte de la imputación penal, que se han ampliado hasta el presente pedido, y por una limitada actuación producto del Estado de Emergencia por la pandemia COVID-19, aunado a la complejidad del caso que comprende a los más altos niveles de presuntos actos de corrupción y crimen organizado del Poder Judicial y otros organismos constitucionales, es que el plazo de 36 meses es razonable.

2.2 Precisó, además, sobre las diligencias de investigación que objetivamente resulten indispensables y sobre los obstáculos incontrolables surgidos en su avance y las dificultades concretas que atravesó el curso de la investigación preparatoria, al ser una investigación compleja, justifica la necesidad de realizar actos de investigación que aún están pendientes, necesarios e idóneos para esclarecer los hechos. En esa línea, se detalla en la recurrida, las 209 diligencias pendientes de realizar por parte de la Fiscalía.

2.3 Respecto a la situación jurídica de los imputados, señala que se encuentran en libertad, advirtiéndose que nueve de los veinte investigados se encuentran con comparecencia restrictiva; sin embargo, las reglas de conducta impuestas no han sido tan gravosas. Reitera el deber de investigar del Ministerio Público, protegido internacionalmente, donde se tiene la voluntad estatal de combatir la corrupción y la criminalidad organizada; por lo que, atendiendo a la gravedad de los hechos, considera que se cumple válidamente con el parámetro para autorizar la prórroga de la investigación preparatoria en el plazo requerido. Deja constancia que en el presente proceso tampoco se han dictado medidas coercitivas de naturaleza real.

2.4 Sobre el cumplimiento del deber de diligencia que corresponde al fiscal, señala que se ha cumplido con este parámetro, puesto que las distintas disposiciones obrantes en el cuaderno judicial dan cuenta de diversos actos de investigación ordenados y elementos de convicción acopiados. Por otro lado, respecto a la gravedad y trascendencia social de los hechos investigados, señala el Juez que se cumple también con este parámetro, con mayor razón porque el proceso penal es respecto a una presunta organización criminal que habrían conformado en los distintos niveles, por lo que existe la necesidad de continuar investigando.

2.5 Sobre el segundo extremo, referido a establecer el plazo para la prórroga, sostiene que se evidencia complejidad e indispensabilidad de agotar actos de investigación que han surgido de la progresión de la investigación (como criterio objetivo); además de advertir que la investigación se ha desarrollado con la debida diligencia (como criterio subjetivo); por lo que considera que el plazo a otorgar debe encontrarse en el orden de 36 meses, conforme lo ha peticionado la fiscal, pues existen pericias por concluir y transcripciones de un número importante de escuchas telefónicas que fueron interceptadas por autorización judicial. En consecuencia, concluye que resulta razonable y proporcional, adecuado al interés de la defensa para peticionar y/o agotar la realización de actos de investigación.

III. AGRAVIOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

§ DE LA INVESTIGADA VERÓNICA ROJAS AGUIRRE

3.1 La defensa técnica sostiene la afectación a la debida motivación de las resoluciones judiciales, pues respecto a la dificultad de la investigación, el A quo asume un criterio igualitario, en tal sentido, no explicaría de manera detallada las razones que justificaron la dificultad de la necesidad de los 36 meses. Alega que cuando se ha cuestionado cuál es la dificultad, incurre en una falacia de petición de principio, es decir, que al ser solicitado de esa forma por la Fiscalía, la judicatura asume dicha complejidad, por lo que en el desarrollo de la recurrida, se observa que se recurre constantemente al criterio de complejidad como criterio justificador del plazo máximo, constituyendo un argumento gaseoso y abstracto, pues la investigación preparatoria proviene del año 2018 y dicha dificultad debe ser entendida cuando se formaliza la investigación preparatoria.

3.2 Otro extremo que la defensa cuestiona es el tema cuantitativo del plazo, postula que para la justificación de un plazo se debe analizar tanto el aspecto cualitativo, como el cuantitativo. Sostiene que en la recurrida se justifica cualitativamente dada la complejidad y por ser un caso mediático, no obstante, el aspecto cuantitativo, no tiene contenido, no recurre a un respaldo jurisprudencial y no fundamenta, solo menciona nuevamente el criterio de la complejidad. La defensa alega que se debe realizar una prognosis o la proyección del tiempo para que se justifique los 36 meses y no solo justificarse en los actos de investigación y las diligencias pendientes de realizar, que en el caso, los que se han presentado son repetitivos. Señala que, conforme al principio de unidad en el acto procesal y celeridad, estos pueden reducirse, por ejemplo, la declaración de Walter Ríos debería realizarse en un solo acto, no en varios como lo ha expuesto el fiscal.

3.3 Finalmente, sobre el criterio de la proporcionalidad, precisa que no se ha desarrollado el análisis de forma adecuada, con una argumentación propia, pues la necesidad no lo justifica y tampoco la proporcionalidad en sentido estricto. Por lo tanto, concluye que la apelación impugnada no tiene desarrollo ni justificación y recalca su pretensión revocatoria en el extremo del plazo, que sea 12 meses la prórroga de la investigación.

[Continúa…]

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