Domingo Pérez se pronuncia: «Lo que recibió la fiscalía fue el reconocimiento de la culpabilidad de Odebrecht (…) las cuestiones arbitrales fueron competencia de la procuraduría, se nos quiere atribuir toda la responsabilidad»

José Domingo Pérez se pronunció tras los cuestionamientos al acuerdo de colaboración eficaz que negoció con Odebrecht y decidió atribuirle la responsabilidad a la Procuraduría General de la Estado por no haber negociado cláusulas que impidan que la empresa brasileña demande al Estado peruano ante tribunales arbitrales por montos millonarios, aclaró durante la entrevista en LP.

En ese sentido, explicó que las competencias para evitar que el Estado sea demandado, de acuerdo con la Ley 30737, no le corresponden al Ministerio Público y que la empresa Odebrecht sí reconoció su responsabilidad penal en el acuerdo de colaboración eficaz.

1. «Lo que recibió la fiscalía es precisamente el reconocimiento de la culpabilidad de Odebrecht y como consecuencia de ella (la empresa) se obliga a colaborar»

José Domingo Pérez dijo que el Ministerio Público logró que Odebrecht asumiera su responsabilidad penal y se pudieron fijar sus beneficios premiales. Durante la entrevista a LP, aseguró que en su rol de fiscal, actuó conforme a ley y se obtuvo resultados: Caso Alejandro Toledo.

Lo que recibió la Fiscalía es el reconocimiento de culpabilidad que hace la empresa, y como consecuencia de ello, se obliga a seguir colaborando con la administración de justicia (…)

Para Domingo Pérez, la negociación a cargo de la Fiscalía en el marco del controvertido acuerdo de colaboración eficaz concluye con el reconocimiento de culpabilidad de Odebrecht y el acuerdo conforme a sus beneficios.
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2. «Lo que ocurra desde el punto de vista arbitral escapa de las competencias de la Fiscalía. Se nos quiere atribuir toda la responsabilidad de otros actores (procuraduría). Cada quien es responsable de la labor que le establece la ley»

Quienes critican el acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y la Fiscalía aseguran que Domingo Pérez es responsable de que la empresa brasileña demandara al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por 1200 millones de dólares.

Sin embargo, en la entrevista, José Domingo Pérez aclaró que el Ministerio Público no tiene competencias para fijar cláusulas que prohíban demandar al Estado y tampoco les correspondía fijar la reparación civil que la empresa debía pagarle al Estado. Quienes sí pudieron negociar esas cláusulas en favor del Estado fue la Procuraduría General del Estado.

Se nos quiere atribuir toda la responsabilidad de otros actores. Cada quien es responsable de la función y la labor que le establece la ley, y las consecuencias de un contrato entre el Estado y una entidad privada, mientras se mantengan en el ámbito contractual, son competencia de esos funcionarios (de la Procuraduría General del Estado).

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3. «La crítica se está dirigiendo solamente a la Fiscalía (…) Se nos quiere atribuir toda la responsabilidad»

Cada funcionario dentro de la administración pública tiene una función específica, conforme a lo que establece la ley, explicó durante la entrevista.

José Domingo Pérez advirtió que en los medios de comunicación y la comunidad académica se ha cuestionado a la Fiscalía como el único responsable por lo negociado en la proceso de colaboración eficaz con la empresa brasileña.

Pero en su momento nadie criticó la decisión del Poder Judicial de homologar ese mismo acuerdo de colaboración eficaz, declaró para LP: 

(…) El Poder Judicial lo aprobó y yo no veo que se haya hecho crítica ni en los medios ni en la academia acerca de la labor que ha tenido el poder judicial porque la magistrada que apruebe el acuerdo de colaboración eficaz lo llevó en más de 16 sesiones eh empleó un bastante tiempo para el estudio la valoración y finalmente la resolución de la misma la crítica que puede ser legítima en algunos casos otra injustificada se está dirigiendo solamente a la Fiscalía y nuevamente debo concluir la Fiscalía solamente ve el tema de la responsabilidad penal (…)

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