Durante una ceremonia de graduación de 670 nuevos miembros de la Policía Nacional, la presidenta Dina Boluarte expresó su rechazo a la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que solicita al Estado peruano suspender «inmediatamente» el trámite de la «Ley de Amnistía».
Durante su discurso, la presidenta Boluarte cuestionó la resolución de la Corte IDH y defendió su postura. La mandataria expresó que «no somos colonia de nadie»:
El Perú es libre e independiente con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras fuerzas armadas.
La mandataria manifestó que no se permitirá interferencia internacional contra la policía y los comités de autodefensa. «Nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insanía del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir», declaró.
En esa misma línea, sostuvo que el respeto a los derechos fundamentales se ejerce desde una posición «soberana»: «Nuestro gobierno defiende los derechos humanos de los ciudadanos. Esta posición es soberana, autónoma, libre y justa para un país que anhela paz, unidad y estabilidad».
Inscríbete aquí Más información
La resolución de la Presidencia de Corte IDH, ocurre tras la publicación, el 24 de julio de 2025, de una resolución de la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, mediante la cual se adopta una medida urgente dirigida al Estado peruano. El documento requiere «suspender inmediatamente el trámite del Proyecto de Ley 7549/2023-CR», y, de no hacerlo, ordena que «las autoridades competentes se abstengan de aplicar esta ley».
El proyecto en cuestión propone conceder beneficios legales a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que «se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000».