La presidenta de la República, Dina Boluarte, fue denunciada ante la Fiscalía de la Nación por presunta traición a la patria, a raíz de la suscripción del denominado Tratado de Alta Mar durante su participación en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, realizada recientemente en Niza (Francia).
La denuncia fue presentada por el periodista C. Alfredo Vignolo G. del V., e involucra a la mandataria en calidad de persona natural y a la Presidencia de la República como entidad institucional. Según se sostiene en el documento, la firma del Tratado de Alta Mar implicaría una vulneración al artículo 54 de la Constitución, que establece la soberanía y jurisdicción del Perú sobre las 200 millas marítimas adyacentes a su costa.
«Cualquier tratado que implique cesión o limitación sobre el dominio marítimo resulta inconstitucional y constituye una afrenta directa contra la integridad nacional», declaró el denunciante. Asimismo, indicó que el acuerdo suscrito podría considerarse como un acto que compromete la integridad territorial del país, lo que encajaría en la figura penal de traición a la patria.
Organismos empresariales como la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería también se han pronunciado. En un comunicado conjunto, advirtieron que el tratado «representa una pérdida de soberanía en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros» y expresaron su rechazo a la firma del documento por parte del Gobierno peruano.
Según señalan, el tratado «afecta la seguridad alimentaria, destruye empleos formales y atenta contra la inversión privada».
Frente a estos cuestionamientos, el canciller Elmer Schialer negó que el tratado comprometa el dominio marítimo nacional. En recientes declaraciones, señaló: «Es un tratado ambiental que el Perú puede firmar reafirmando su condición de Estado no parte de la Convemar. Quien dice lo contrario, miente; no está informando correctamente».
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El tratado en cuestión —oficialmente llamado «Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales» (BBNJ)— fue adoptado en el seno de la ONU en 2023.
Busca establecer un marco jurídico vinculante para la protección de la biodiversidad marina en la alta mar, más allá de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Entre sus disposiciones, contempla la creación de áreas marinas protegidas y la regulación de actividades como la pesca, la minería submarina y la bioprospección genética.
Aunque la firma del acuerdo no implica su entrada en vigor automática, este deberá ser revisada por el Congreso para su eventual ratificación, según lo previsto por la normativa vigente. Hasta la fecha, el tratado fue firmado por más de 30 países, entre ellos Francia, España, Chile, Noruega y Corea del Sur, pero aún no fueron ratificados por todos.
