La Comisión Permanente aprobó, este jueves 11, el informe final que propuso archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes sucedidas durante las protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023. El informe fue aprobado con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención.
En esta denuncia, la Fiscalía imputaba a la presidenta de los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, a título de comisión de omisión impropia con dolo eventual, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Además, la medida precisaba lo siguiente:
Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad. De lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos).
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Además de a la mandataria, la denuncia incluía al expremier Pedro Angulo, a Alberto Otárola, también expremier y ex ministro de Defensa; a César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, ex ministros del Interior; y al ex titular de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta.
El último 18 de julio, este informe fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Durante la sustentación, a cargo de Lady Camones, la parlamentaria señaló que «no existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones».
