¿Detención ilegal por personal policial es secuestro o abuso de autoridad? [Casación 438-2018, La Libertad]

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Fundamentos destacados: 3.9. Por tanto, queda descartado el secuestro cuando la autoridad detiene a una persona en ejercicio de sus funciones[6], y es distinta aquella conducta en la que un funcionario o servidor público priva a otro de su libertad sin un motivo real o justificado, y con ello satisfaga una necesidad personal. Así: a. El funcionario que secuestra a una usuaria de la administración pública para someterla sexualmente. b. El policía que detiene a una persona y, a cambio de su rescate, exige dinero a la familia. En ambos casos existirán las bases suficientes para realizar el análisis típico y emprender su procesamiento debido.

3.10. Nótese que los ejemplos descritos distan del que ahora es materia de juzgamiento, y por ello no basta la mera detención para imputar, ipso facto, la comisión del delito de secuestro.

3.11. En el caso juzgado, los dos serenos procesados —Andrés Cueva Rodríguez y Wilmer Óscar Camus Briones— y el policía —Miguel López Heredia— aprehendieron al agraviado en cumplimiento del denominado “Plan de erradicación”, según quedó acreditado en juicio y conforme a los términos de la propia acusación. No fue una conducta cuya resolución hubiese surgido en virtud de una decisión personalísima contra el agraviado, ni que luego de ello se hubieran realizado exigencias indebidas a la familia de aquel a cambio de su liberación durante su traslado a un lugar distinto de su domicilio.

3.12. La actuación de los recurrentes, conforme expresaron los letrados en la vista de la causa, daría origen a un concurso aparente de leyes cuya resolución necesita la aplicación del principio de especialidad. En virtud de ello precisamos lo siguiente: a. La contextualización de los hechos da cuenta de que se cometió en público y como consecuencia de una primera intervención y tras el aviso de una unidad motorizada que conducía el procesado Cueva Rodríguez. Además, su realización estuvo a cargo de servidores públicos encargados de esta labor, lo cual origina que el juicio de tipicidad no sea suficiente. b. El motivo real quedó acreditado, dado que se produjo en el marco del denominado “Plan de erradicación”, en el que intervinieron en la vía pública a una persona en presunto estado de ebriedad y que vestía únicamente ropa interior. c. No se acreditó en juicio que los ahora procesados hubieran tenido vínculos personales previos con el agraviado o sus familiares para imputar una razón personalísima.

3.13. Sobre la base de lo mencionado, los sentenciados, independientemente de la legitimidad y la legalidad de su proceder en cumplimiento del “Plan de erradicación”, ejercieron una facultad justificada y, por especialidad, se hace atípica la calificación de su conducta como secuestro. En tal virtud, deben ser absueltos.

[…]

3.17. La práctica conocida como “Plan de erradicación” no es amparada por este Supremo Tribunal, toda vez que el respeto a la dignidad de la persona trasciende a las carencias de políticas públicas para cuidar y proteger a este tipo de personas vulnerables. No es razonable que la autoridad municipal ordene la exclusión y traslado de un ciudadano con notables problemas mentales a los exteriores de la localidad, sin cuidado o asistencia alguna. Ello manifiesta una evidente falta de respeto por los derechos fundamentales de la persona, como la integridad física. Su fin de representación municipal conlleva la obtención del bien común de sus pobladores, entre los que se encuentran las personas con problemas mentales; y, si bien no tienen planificados servicios públicos para cubrir esta necesidad, cuando menos tienen el deber de no dañarlos ni exponerlos a peligros inminentes para evitar su deterioro y, con ello, una respuesta agresiva que instintivamente, por su autoprotección, podrían emprender.

3.18. Aseverar que esta práctica es común en todo los lugares no hace atípica su conducta y se debe evitar. Por ello, este proceder debe ser investigado. Para tal efecto, deberá cursarse el respectivo oficio al Ministerio Público, adjuntando copias de la presente sentencia para que, conforme a sus atribuciones, dicha entidad investigue a los que resulten responsables —entre ellos, los ahora procesados— por los delitos de abuso de autoridad y exposición de personas al peligro, así como los que el titular de la acción penal estime pertinentes.


Sumilla: Alcances del delito de secuestro. i) El derecho, motivo o facultad al que se refiere el tipo penal permite prever que existen supuestos en los que se produciría la configuración típica objetiva de secuestro; empero, ella estaría justificada por el ejercicio de las mencionadas prerrogativas, que deben estar previamente reconocidas en una norma positivizada. Ello habilitará las bases necesarias para determinar cuándo una conducta se cometió a título personal o bajo alcances justificados normativamente en el mismo tipo.

ii) Los jueces penales deben diferenciar por la ratio essendi cuándo una conducta, más allá de su objetividad normativa, constituye un supuesto típico de secuestro u otro tipo penal propio o impropio, y efectuar el control de legalidad a la imputación que formula el representante del Ministerio Público, teniendo presente que no toda restricción a la libertad deberá ser calificada y sentenciada como secuestro.

iii) Respecto a la agravante de subsecuente muerte, se tiene que en los recaudos no obran medios probatorios que acrediten que el fatal desenlace obedece a la restricción a la libertad que padeció el agraviado. El representante del Ministerio Público no acreditó la relación causal, por lo cual se presenta un supuesto de insuficiencia vinculado únicamente con el secuestro.


–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, treinta de octubre de dos mi diecinueve

VISTOS: en audiencia pública, el recurso de casación, por errónea interpretación de la ley penal, interpuesto por los abogados de Andrés Cueva Rodríguez, Wilman Óscar Camus Briones y Miguel López Heredia contra la sentencia de vista expedida el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho por los señores jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que: i) por mayoría confirmaron la sentencia de primera instancia, que los condenó como autores del delito de secuestro agravado, en perjuicio de quien en vida fue Michael Cervando Mines Espinoza, y ii) revocando la pena impuesta en primera instancia, la reformaron e incrementaron de quince a treinta años de privación de libertad. Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Fundamentos de la impugnación

El auto de calificación emitido el ocho de marzo de dos mil diecinueve1 dio cuenta de que el recurso fue concedido por el motivo previsto en el inciso 3 del artículo 429 del Nuevo Código Procesal Penal —en adelante, NCPP—. En esencia, se cuestionó la calificación jurídica y la interpretación que tanto el representante del Ministerio Público como los Tribunales de Primera y Segunda Instancia realizaron respecto al tipo penal de secuestro. Por ello, la pretensión de los casacionistas es que se revoquen las sentencias pronunciadas en instancia y, sin reenvío, se declare su absolución.

Segundo. Imputación fáctica y origen de responsabilidad

El veinticuatro de febrero de dos mil trece, en horas de la mañana, Michael Cervando Mines Espinoza transitaba por inmediaciones del centro comercial APIAT, en la ciudad de Trujillo, en aparente estado de ebriedad, molestando a los transeúntes y comerciantes del lugar. Por tal razón, efectivos de la Policial Nacional del Perú dispusieron su traslado a un lugar de seguridad, esto es, el domicilio indicado por el agraviado, ubicado en la avenida Gonzales Prada.

A pedido de la radio, Andrés Cueva Rodríguez —agente de serenazgo motorizado— acudió a la intersección de las avenidas Gonzales Prada y América Sur y solicitó apoyo. Entonces llegó al lugar la móvil número 16, con el conductor Wilman Óscar Camus Briones —agente de serenazgo— y Miguel López Heredia —agente de la Policía Nacional del Perú—, y los tres obligaron a Mines Espinoza a subir a la unidad móvil contra su voluntad y lo trasladaron a un destino desconocido.

En circunstancias en que el vehículo se encontraba detenido ante la luz roja de un semáforo, el agraviado se bajó y trató de huir; pero los acusados bajaron, lo aprehendieron y lo reingresaron al vehículo. Entonces Cueva Rodríguez se ubicó para impedir que la víctima se volviera a bajar de la unidad móvil y lo trasladaron al sector San Lorenzo-Quemazón del distrito de Moche, donde lo dejaron abandonado.

Posteriormente, el diecisiete de marzo de dos mil trece, se encontró el cuerpo sin vida del agraviado en estado de descomposición, y en el lugar donde había sido abandonado.

[Continúa…]

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