Nuevos cuestionamientos se ciernen sobre el proceso para elegir a los próximos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ): el examen de conocimientos aplicado a 51 personas el último 25 de agosto, una de las distintas pruebas establecidas para los postulantes, fue realizado por un grupo de profesionales que no contaría con la experiencia o la formación necesaria para dicha tarea.
La conformación del controvertido comité de expertos estuvo a cargo de la Universidad Esan, centro de estudios designado por la Comisión Especial —grupo integrado por autoridades como el Defensor del Pueblo, la presidenta del Tribunal Constitucional y otros— que lidera el procedimiento para la nueva JNJ.
Mediante invitación, la institución educativa seleccionó a los profesionales Angel Valencia Quisbert, Wilber Chirinos León, Angelo Posso Farje, Raúl Fernandez Vinces, Roberto Carlos Vilchez Sánchez y Estefanía Rodríguez Roncal, de acuerdo a Ojo Público. Por esta labor, añade dicho portal, la entidad recibió 41 mil soles.
Según las bases del Concurso Público de Méritos para la Elección de los Miembros de la Junta Nacional de Justicia, se tenía como objetivo buscar perfiles académicos con experiencia en «gestión pública, recursos humanos, derechos humanos, derecho constitucional, derecho penal, derecho civil y derecho administrativo».
Pese a ello, el medio citado identificó que tres de estos miembros apenas egresaron en el año 2022: uno realizó la sustentación de su tesis en julio último y los otros dos no cuentan con título universitario.
El responsable de la coordinación general de todo el proceso fue Fernando Linares Guillen, ingeniero especialista en consultorías sobre gestión de proyectos y habilidades personales de la Universidad Esan.
Integrantes bajo la lupa
Angel Valencia Quisbert, Wilber Chirinos León y Angelo Posso Farje egresaron de la carrera de Derecho en el año 2022, de acuerdo al portal mencionado.
Valencia Quisbert tiene 25 años y es bachiller en Derecho por la Universidad Privada del Norte. Según la información de sus redes sociales, trabajó como asistente legal en la Notaría Hidalgo y cómo asistente en funcional fiscal en el Ministerio Público. Actualmente, es gestor legal hipotecario en el Banco de Crédito (BCP).
Chirinos León tiene 27 años y también es bachiller en Derecho por la Universidad Privada del Norte. En el 2019, laboró como apoyo administrativo en el Vigésimo Octavo Juzgado Especializado Civil. Durante el 2022 y 2023, fue practicante en el área laboral del estudio Benites, Vargas & Ugaz y, en el presente, es asistente legal de dicha firma.
Por su parte, Posso Farje tiene 26 años y es egresado de Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). De acuerdo al repositorio de la universidad, sustentó su tesis de licenciatura un mes antes de la conformación del comite. En su cuenta de Linkedin indica que durante el 2019 y 2021 fue practicante del estudio Santivañez Abogados. Desde el 2021, es asistente legal en el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES.
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Más cuestionamientos
Además, otros de los miembros, Raúl Fernández Vinces, posee el título de ingeniero económico con una maestría en gestión pública y era el jefe de la Oficina de Presupuesto del Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero (Fondepes) al momento de su designación.
Una situación similar a la de Roberto Carlos Vilchez Sánchez y Estefanía Rodríguez Roncal, especialistas en Derecho Laboral y en Derecho Empresarial, respectivamente.
Vilchez Sánchez es abogado titulado por la Universidad de Lima y cuenta con una Maestría Derecho al Trabajo en la Universidad San Martín de Porres. Se desmpeña como docente de derecho laboral en la Universidad Científica del Sur y trabaja en la firma especializada en el rubro laboral, GVO Abogados.
En relación a Rodríguez Roncal, es abogada y Magister en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Durante el 2014 y el 2021, fue asesora legal de ESAN y desde enero del 2022 es jefa de su área legal.
Asimismo, la CE sostuvo que el notario Alejandro Rodríguez Cruzado y una fiscal de prevención del delito, Elizabeth Borjas Saavedra, estuvieron presentes durante todo el proceso. Sin embargo, Rodríguez Cruzado fue incluido como testigo en el caso Cocteles, luego de hacerse público que su notaría proporcionó servicios a Fuerza Popular en las campañas electorales del 2011 y 2016.
Además, según el medio citado, la Fiscalía informó en el 2021 sobre su inclusión como investigado en el caso que engloba a Mark Vito y la empresa MVV Bienes Raíces, por el cargo de presunta comisión de los delitos de organización criminal en agravio del Estado.
. Una investigación reveló preocupantes deficiencias en los perfiles de la comisión responsable de la elaboración de la prueba. ){kind=link}