El pasado 22 de febrero la Defensoría del Pueblo publicó en su portal web la Convocatoria CAS N° 03-2017-DP, con el objeto de contratar a un o una egresada de la carrera técnica de secretariado para que preste servicios como Técnico Administrativo I en el Despacho Defensorial.
Esta oferta laboral generó polémica entre los usuarios de redes sociales, pues para acceder a la plaza solo se requería un año de experiencia general y apenas tres meses en funciones similares al cargo, con una remuneración ascendente a S/ 6000,00 mensuales.
Al parecer la indignación y rechazo de la opinión pública sobre el polémico concurso CAS, hizo que la institución contratante replanteara su viabilidad; ya que, mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter informó su decisión de cancelar la convocatoria. En el aviso se lee que esta decisión se debió a las observaciones al perfil hechas por la Alta Dirección, encabezada por el primer adjunto José Manuel Antonio Elice Navarro.
No es la primera vez que convocatorias de entidades públicas llaman la atención de la ciudadanía por las desproporcionadas remuneraciones que ofrecen para los requisitos exigidos. Y tampoco es la primera vez que son rápidamente canceladas cuando se hacen públicas, recordemos que hace pocas semanas también el MEF tuvo que retroceder en dos convocatorias CAS manifiestamente desproporcionadas. Ello nos debe conducir a pensar en la creación o mejora de mecanismos de fiscalización que evite la discrecionalidad con que cuentan en la actualidad. Estas situaciones resquebrajan la seguridad y confianza de las y los ciudadanos hacia sus instituciones.
