La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó admitir a trámite las denuncias presentadas contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

El informe fue aprobado con los votos de los congresistas de Fuerza Popular y con el voto en contra de las demás tiendas políticas.

Las denuncias contra Sánchez fueron interpuestas por el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry y la legisladora independiente Yeni Vilcatoma, que señalan que la fiscalía no ha iniciado investigaciones contra la constructora Graña y Montero, socia de Odebrecht.

Con esta decisión nos encontramos en la segunda parte de este proceso que podría terminar con la destitución del máximo representante del Ministerio Público. Repasemos cuál es el camino que se tiene que seguir.

1. Interposición de denuncia

Este era el primer peldaño. La denuncia constitucional del parlamentario Salaverry fue recibida a las nueve de la mañana aproximadamente del 6 de noviembre en el Área de Trámite Documentario del parlamento, que ese mismo día la remitió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Como se sabe, la denuncia de la congresista Vilcatoma ingresó una semana después, el pasado 13 de noviembre.

2. Calificación de las denuncias por parte de la Subcomisión

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales calificó las denuncias, luego de evaluar las alternativas que tenía al frente:

— Improcedente: en cuyo caso se archivan las denuncias.

— Inadmisible: en cuyo caso se notifica a los denunciantes para que dentro de 3 días hábiles, subsanen las omisiones señaladas (si no se subsanan se archiva el caso).

— Admisible: se declara procedente la denuncia constitucional, que es lo que ha sucedido hoy.