Fundamento destacado: 7.8. Es de tener presente que, tal como lo ha señalado esta Suprema Corte[3], la motivación de las resoluciones puede ser escueta, concisa e incluso —en determinados ámbitos— por remisión. La suficiencia de la misma —analizada desde el caso concreto, no apriorísticamente— requerirá que el razonamiento que contenga constituya lógica y jurídicamente, suficiente explicación, que permita conocer, aun de
manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión. Basta, entonces, que el órgano jurisdiccional exteriorice su proceso valorativo en términos que permitan conocer las líneas generales que fundamentan su decisión. […]. En ese sentido, la resolución impugnada explicitó las razones que sustentan su decisión, sentando su posición respecto de cada uno de los elementos que se debían meritar según la medida restrictiva pretendida por la fiscalía y arribó a una conclusión que guarda coherencia lógica con los argumentos planteados en el incidente, por lo que no se aprecia en ese extremo en estricto una vulneración del derecho a la motivación, lo que
no es óbice para que esta Sala Penal realice precisiones —complementando lo que considere necesario— ajustadas a derecho.
Sumilla: Teniendo en cuenta que nos encontramos en una etapa incipiente de la investigación y que la pretensión del Ministerio Público es respecto del registro histórico de datos telefónicos, donde la “intensidad” de la afectación del derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones es mínima, los elementos de convicción que sustentan el requerimiento fiscal son suficientes.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL ESPECIAL
EXPEDIENTE N.° 6-2020-1
AUTO DE VISTA
Resolución N.° 02
Lima, 06 de noviembre de dos mil veinte
AUTOS, VISTOS Y OIDOS: en audiencia pública, el recurso de apelación interpuesto por el investigado César José Hinostroza Pariachi contra la resolución N.° 01, del 10 de febrero de 2020 (foja 62), mediante el cual el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria (en adelante, JSIP) resolvió declarar:
I. FUNDADO el levantamiento de las comunicaciones. II. DISPONER que las empresas operadoras de servicio de telecomunicaciones Telefónica del Perú S. A. A. (Movistar), América Móvil S. A. C. (claro), Entel Perú S. A. (exnextel) y Bitel, emitan reporte sobre todos los números telefónicos que registren, como titulares, desde enero de 2017 hasta la actualidad, los siguientes ciudadanos: César José Hinostroza Pariachi (DNI N.° ***); Manuel León Quintanilla Chacón (DNI N.° ***) y Marco Antonio Álvarez Vargas (DNI N.° ****). II.1. DISPONER que, de los números obtenidos las compañías telefónicas antes señaladas, informen del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas, información de las celdas empleadas —ubicación por celdas activas de las llamadas entrantes y salientes— dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 31 de julio de 2018. III. DISPONER que las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones Telefónica del Perú S. A. A. (Movistar), América Móvil S. A. C. (Claro), Entel Perú S.A. (ExNextel) y Bitel, emitan reporte sobre las llamadas entrantes y salientes, con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas, así también dirección donde se encontraban físicamente los celulares al momento de producirse las citadas llamadas, con ubicación de celdas activas IMEI, los chips que fueron identificados en dichos aparatos electrónicos, la localización en tiempo real de las líneas telefónicas e IMEI, los mensajes de texto y e-mail entrantes y salientes, debiendo además permitir la identificación de los titulares de las líneas con quienes se habrían contactado en sus diversas formas: por el periodo comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de julio de 2018, de las siguientes líneas telefónicas utilizadas por los investigados: 952***, 9999***, 13333***, 945***, 987*** y 9892**** (César José Hinostroza Pariachi); 9529***, 9750*** (Manuel León Quintanilla Chacón); y, 949***, 982*** (Marco Antonio Álvarez Vargas). VI. EXHORTAR a las empresas operadoras de servicio de telecomunicaciones Telefónica del Perú S. A. A. (Movistar), América Móvil S. A. C. (claro), Entel Perú S. A. (exnextel) y Bitel que, para efectos de cumplir con las presente medidas, debe realizar la respectiva búsqueda en sus bases de datos de dicho registro histórico pese al tiempo transcurrido y de ser el caso acompañar los reportes de búsqueda efectuados para verificar la diligencia con que estos se hayan efectuado. VII. DISPONER que la información solicitada sea remitida, tanto en formato físico como digital (Microsoft Office Excel), a la Fiscalía de la Nación —Área de Enriquecimiento Ilícito y denuncias Constitucionales, en su domicilio procesal ubicado en Avenida Abancay cuadra cinco, piso 10, Oficina N.° 1015-1017— Cercado de Lima (con referencia al caso N.° 214-2019) a fin de viabilizar la respuesta de las entidades telefónicas, debiendo ejecutarse esta orden, por parte de las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones, en el término de cuarenta y ocho horas, con el apercibimiento indicado en el numeral 4 del artículo 230 del Código Procesal Penal. VIII. AUTORIZAR a la mencionada área de la Fiscalía de la Nación la EJECUCIÓN de la presente resolución judicial ordenada. IX. DISPONER que, ejecutada la presente medida restrictiva de derechos por el Ministerio Público, deberá dar cuenta del resultado para el control respectivo; asimismo, deberá hacerse de conocimiento a los afectados a fin de garantizar los preceptuado en el artículo 204 de Código Procesal Penal. X. DISPONER que la ejecución de la presente medida por parte del Ministerio Público recurrente deberá efectuarse única y exclusivamente para los fines a que se contrae la presente investigación, bajo responsabilidad funcional en caso de incumplimiento. XI. NOTIFICANDOSE en sobre cerrado, la presente resolución judicial, a fin de garantizar la reserva del caso, para los fines de Ley consiguientes.
Interviene como ponente en la decisión la señora BARRIOS ALVARADO, jueza de la Corte Suprema, integrante de la Sala Penal Especial.
[Continúa…]
