La sentencia reafirma que la protección del derecho a la educación no habilita restricciones absolutas y permanentes al derecho al trabajo cuando existen rehabilitación, atipicidad actual de la conducta y circunstancias fácticas diferenciadas.
La Corte Suprema de Justicia de la República emitió una sentencia de alto impacto en materia laboral y constitucional al ordenar la reposición de un docente que había sido destituido de la Carrera Pública Magisterial por una condena penal ocurrida décadas atrás. El fallo corresponde a la Casación 22883-2023-Cajamarca, resuelta por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria.
La Sala Suprema declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el docente y anuló las resoluciones administrativas que dispusieron su destitución, ordenando su reincorporación al cargo que venía desempeñando en una institución educativa de Cajamarca.
El núcleo del fallo
El Tribunal estableció que no correspondía aplicar de manera automática la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944) en el caso concreto, pues la condena penal se produjo antes del ingreso del docente al servicio público, se trató de una figura penal que ya no resulta sancionable en los mismos términos en el ordenamiento actual, y el afectado se encontraba rehabilitado, con antecedentes cancelados.
Para arribar a esta conclusión, la Corte empleó la técnica del “distinguish”, que permite apartarse de un precedente cuando los hechos relevantes del caso son sustancialmente distintos a los evaluados con anterioridad. En particular, diferenció la ratio decidendi del precedente del Tribunal Constitucional —orientada a priorizar el derecho a la educación frente a la resocialización en supuestos específicos— del caso analizado, donde la conducta ya no es típica y han transcurrido más de cuatro décadas desde los hechos.
Principios constitucionales reforzados
La sentencia subraya la vigencia del principio de interpretación favorable al trabajador (artículo 26.3 de la Constitución), así como la necesidad de ponderar la resocialización, la rehabilitación efectiva y la proporcionalidad de las restricciones al derecho al trabajo. La Sala recalcó que no se cuestiona la cosa juzgada penal, sino la aplicación administrativa actual de una consecuencia automática que no se ajusta a la realidad normativa vigente.
Efectos y relevancia
Además de ordenar la reposición, la Corte dispuso la publicación del fallo en el diario oficial “El Peruano”, reforzando su alcance orientador para casos similares. Este pronunciamiento marca un precedente relevante para la evaluación individualizada de sanciones administrativas en el sector educación, evitando aplicaciones mecánicas de la ley y exigiendo un análisis constitucional del caso concreto.
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