La Corte Superior de Justicia de Junín emitió el Pronunciamiento 02-2025, en el que expresa su enérgico rechazo al asesinato del juez de paz de Chicama, Víctor Hugo López de la Cruz, ocurrido dentro de su propio despacho.
En el documento, la Sala Plena ampliada manifiesta su profunda preocupación por el avance del crimen organizado y exige al Gobierno una reforma integral del sistema de seguridad ciudadana, así como mayores recursos para el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional y otras instituciones del sistema de justicia.
Además, el pronunciamiento exhorta al Congreso a mejorar la legislación penal y penitenciaria y pide medidas de protección para las autoridades que enfrentan a la delincuencia. Finalmente, el Poder Judicial de Junín expresa su solidaridad con la familia del magistrado asesinado y demanda la captura y sanción de los responsables.
PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE JUNIN
PRONUNCIAMIENTO NRO. 02-2025
La Sala Plena ampliada en mayoría, de la Corte Superior de Justicia de Junín, conformado por los jueces y juezas superiores, especializados, mixtos y de paz letrado, se dirige al Gobierno y a la opinión pública para manifestar su profunda preocupación por el reciente asesinato del juez de paz de primera nominación de la Corte Superior de Justicia de la Libertad en el distrito de Chicama, el señor Víctor Hugo López de la Cruz, a manos del crimen organizado:
1. Expresamos nuestro más enérgico rechazo a los atentados que viene efectuando el crimen organizado, las extorsiones, el sicariato y la delincuencia callejera desbocada en nuestro país, causando centenares de heridos y muertes, como lo ocurrido con el juez de paz de Chicama, quien fuera víctima de un ataque armado dentro de su propio despacho; lo cual, afrenta gravemente a la administración de justicia y a sus órganos jurisdiccionales, que defienden y garantizan el Estado Constitucional de Derecho.
2. La falta de una eficiente Política Criminal integral y articulada con la sociedad civil contra el crimen organizado, ha potenciado que la delincuencia en nuestro país evolucione y adopte nuevas estrategias y métodos de criminalidad, que se expresan en el sicariato, el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, la trata de personas y otros delitos, que vulneran los derechos fundamentales de la persona, la seguridad ciudadana y el deber del Estado republicano de garantizar la paz, la justicia y la tranquilidad pública.
3. Por ello, urge una reforma integral y profunda del Sistema de Seguridad Ciudadana y la generalización de las Unidades de Flagrancia para combatir el crimen, una reforma profunda y de modernización de la Policía Nacional del Perú y del sistema carcelario. Diagnosticando científicamente el problema y con una férrea política de Estado de prevención y represión contra la delincuencia; articulando acciones entre el Serenazgo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la sociedad civil en su conjunto, organizando más juntas vecinales, bajo el Principio de colaboración de poderes y autoridades públicas, en el intercambio de información, coordinación, formulación y ejecución de planes articulados en la lucha contra la delincuencia y la corrupción.
4. A fin de superar el flagelo de la corrupción y la criminalidad, pedimos al Gobierno que reoriente el Presupuesto Público y dote de mayores recursos económicos, al Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, PNP, INPE, Defensoría Pública, Instituto de Medicina legal, Contraloría, dotándole de mayor personal, con equipos especiales, medios informáticos e inteligencia artificial, laboratorios. Empero, también exigimos al Congreso de la República de convocar a los mejores penalistas del medio, académicos y magistrados, para mejorar la legislación del sistema judicial penal e instrumentos normativos del sistema de seguridad ciudadana y penitenciario, actualizar y modernizar sus códigos. Exigimos, establecer medidas de protección a todas las autoridades que enfrentan y sancionan a la delincuencia.
5. Finalmente, nos solidarizamos con la familia de nuestro juez de paz, víctima de este condenable atentado, extendiéndoles nuestras sentidas condolencias; por lo que pedimos a la PNP cumpla con su deber de capturar a los presuntos responsables, y que merezcan la sanción drástica a través del debido proceso correspondiente.
Huancayo, 13 de octubre de 2025
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