Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos ratificó que la Municipalidad de Lima (MML) deberá cumplir con el pago de más de $200 millones al consorcio Rutas de Lima. La decisión fue emitida el 24 de junio por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, que rechazó los recursos presentados por la comuna.
De acuerdo a información de La República, los montos derivan de dos laudos arbitrales internacionales emitidos en 2020 y 2022, en el marco de una disputa por el contrato de concesión suscrito en 2013. Rutas de Lima, hoy bajo control de Brookfield Infrastructure, administra tramos de la Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé.
La situación se originó tras la implementación de un nuevo peaje en Puente Piedra, medida que generó rechazo ciudadano. Ante las protestas, la Municipalidad canceló el cobro y dejó sin efecto ajustes tarifarios previamente pactados.
El consorcio acudió a tribunales arbitrales bajo el reglamento Uncitral, con sede en Washington D. C. El primer fallo ordenó el pago de $68 millones más intereses, mientras que el segundo reconoció un adicional de $7.2 millones por incumplimiento de obligaciones contractuales.
En sede judicial, la comuna de Lima pidió la anulación de los laudos, alegando que los contratos estaban viciados por presuntos sobornos de Odebrecht. También acusó a Rutas de Lima de ocultar pruebas durante el arbitraje y cuestionó la conducta de los árbitros.
La Corte de Apelaciones desestimó todos los argumentos. Señaló que no se demostró vínculo directo entre actos de corrupción y la adjudicación, y que el proceso arbitral respetó las garantías esenciales del procedimiento.
«El Tribunal de Distrito no incurrió en error al rechazar la alegación de Lima de que no pudo presentar su caso […] debido a las supuestas respuestas falsas de Rutas al descubrimiento de pruebas», concluye la sentencia.
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Días antes del fallo, la jueza Ana Reyes denegó la solicitud de la Municipalidad para suspender la ejecución de uno de los laudos. La magistrada indicó que no existían fundamentos jurídicos para frenar un fallo vigente desde hace años.
La defensa legal de Lima fue asumida por el estudio Boies Schiller Flexner, contratado por la actual gestión edil. Paralelamente, la comuna sostiene que su anterior estudio legal habría tenido vínculos con el grupo Brookfield, lo que generaría conflicto de interés.
Brookfield también mantiene una demanda pendiente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por $2.700 millones contra el Estado peruano. Sobre ello, la empresa alega que decisiones administrativas y normativas perjudicaron su inversión en el proyecto vial.
Asimismo, Rutas de Lima impulsa un tercer arbitraje internacional contra la Municipalidad. En ese caso, se emitieron medidas cautelares para impedir la terminación unilateral de la concesión, las cuales siguen vigentes.
