Consulta pública.- Cuando una autoridad decide emitir, por medio de una regulación, una decisión de política pública, generalmente, la adopta sin considerar cómo esta va a impactar en la sociedad; por ejemplo, si la medida es la más acertada para abordar el problema público identificado o si, por el contrario, genera efectos no deseados.
Por esta razón, las entidades públicas peruanas vienen realizando procesos de consulta,
aunque no de forma constante ni uniforme, de ahí la necesidad de sistematizar, uniformizar
y mejorar las prácticas de consulta.
En este sentido, la presente publicación tiene por objeto dotar a los funcionarios y servidores de la administración pública peruana de una herramienta que los oriente al momento de iniciar y conducir apropiadamente procesos formales de consulta pública, como parte del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Mediante este instrumento se ofrecen buenas prácticas (nacionales e internacionales) y recomendaciones, que permitirán canalizar las preguntas y comentarios de todos aquellos que podrían ser afectados con una decisión regulatoria, e incrementará los estándares de transparencia en las entidades de gobierno, de modo que se dotará de legitimidad y predictibilidad las decisiones relacionadas a políticas del Estado.
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1. ¿Qués la consulta pública y cuándo debe realizarse?
La consulta pública es un mecanismo que le brinda la posibilidad, a cualquier autoridad del gobierno, de recibir información o retroalimentación del ciudadano, empresas y cualquier otra parte interesada en el marco del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Esto le permite, a quienes están considerando emitir una intervención, saber si se debe o no ejecutar; así como evaluar los impactos que esta podría generar.
En este sentido, la consulta pública es un proceso formal que involucra un flujo de comunicaciones entre las partes interesadas de la ciudadanía y las entidades públicas; lo que significa un esfuerzo activo de parte de las instituciones del Estado, ya que deben interactuar con todas las posibles partes interesadas.
El análisis del impacto de una regulación, no puede ser considerado de alta calidad si la autoridad no realiza una consulta pública que permita el intercambio de ideas y el debate de la propuesta que pretende ser implementada. En otras palabras, se trata de un proceso técnico que ayuda a las autoridades a reunir la información valiosa y así, evitar errores en el proceso de toma de decisiones.
2. Principios que rigen la consulta pública
a. Apertura y participación
Es un proceso inclusivo porque todos los interesados (directa o indirectamente afectados) deben tener la oportunidad de formular sus comentarios sobre la propuesta que se plantea. Es importante que los funcionarios y servidores públicos estén abiertos a las opiniones de los ciudadanos consultados, para tenerlos en cuenta al momento de tomar la decisión de política pública.
b. Efectividad
La consulta pública es efectiva cuando se realiza en el momento en el que todas las partes interesadas pueden participar activamente y sus comentarios puedan ser considerados para la evaluación de la propuesta.
c. Imparcialidad y equilibrio
Es importante asegurar que, en el proceso de consulta pública se obtenga un equilibrio adecuado de opiniones, y que los funcionarios y servidores públicos responsables de llevar a cabo el proceso actúen con total imparcialidad.
d. Transparencia
Es fundamental para generar confianza en este mecanismo e implica poner en conocimiento del público el proceso general de consulta, la información no confidencial que lo sostiene, la forma como el público podrá participar, los pasos de la toma de decisiones y la forma como se emplearán los aportes de los interesados.
e. Razonabilidad
Es importante garantizar que las consultas se realicen durante un período de tiempo razonable, de modo que los interesados tengan tiempo suficiente para formular sus opiniones, comentarios y preguntas; y las entidades públicas puedan responder a dichos aportes adecuadamente. Asimismo, es importante identificar los medios apropiados para que los interesados participen efectivamente en el proceso de consulta.
f. Rendición de cuentas
Es necesario documentar el proceso de consulta, en especial, la forma en que se tuvieron en cuenta las opiniones de los interesados durante la elaboración de la regulación; asimismo acerca de cómo se utilizaron sus comentarios. En caso de que estos comentarios no se hayan recogido en la regulación, los funcionarios deben exponer las razones de dicha decisión.
Diplomado en Gestión pública municipal
Inicia el 7 de enero de 2023. Las clases se desarrollan los sábados Full Day (mañana de 9 a. m. a 12 m. y tarde de 1:30 p. m. a 4:30 p. m.). Si se inscribe hasta el 29 de diciembre puede pagar en dos cuotas y recibe gratis un libro. Para obtener más información clic aquí.
3. Tipos de consulta y diferencias entre ellas
El reglamento que determina los lineamientos para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (Reglamento AIR) establece la obligación de realizar consultas públicas y dispone de dos tipos de consultas: consulta pública temprana y consulta pública del proyecto regulatorio.
Consulta temprana
Las autoridades pueden no contar con toda la información que les permita identificar correctamente un problema, delimitarlo y evaluarlo. Esto puede propiciar intervenciones inadecuadas del Estado y producir efectos no deseados.
La consulta temprana es fundamental en el proceso de consideración y formulación de opciones regulatorias o no regulatorias porque permite a las autoridades recoger evidencia e información relevante de manera oportuna, para determinar si existe un problema que merece la intervención del Estado y sustentar la posible actuación.
Esta consulta se realiza cuando surge un problema, desafío, crisis o tema político que amerita una evaluación de las opciones legales por parte de la autoridad para determinar si debe o no intervenir. A partir de la información recabada, durante el proceso de consulta, la autoridad podrá delimitar con claridad el problema, así como perfilar el objetivo de la posible participación.
La información levantada durante la consulta temprana también sirve para que la autoridad
identifique las mejores alternativas de solución para el problema. Esto puede significar aprobar una regulación, implementar una medida no regulatoria o simplemente no intervenir. Asimismo, esta información permitirá a la autoridad contar con elementos suficientes para realizar un análisis del impacto de cada una de las alternativas con las que se cuentan.
Como se aprecia, la principal finalidad de la consulta temprana es generar evidencia para que la autoridad pueda elegir la mejor alternativa disponible, tras identificar un problema público.
Es importante mencionar que, el documento de consulta por excelencia es el AIR, pues contiene la definición del problema, los objetivos y opciones de intervención debidamente fundamentadas, así como sus costos y beneficios.
Las autoridades realizarán ambos tipos de consulta pública a partir de lo establecido en la Agenda Temprana, aprobada en enero de cada año.
Consulta Pública
A diferencia de la consulta temprana, la consulta pública recoge los comentarios de las partes interesadas sobre la propuesta regulatoria (que busca solucionar un problema) establecida por la autoridad, de esta manera se determina si es la mejor alternativa o no para alcanzar los objetivos del Estado.
4. Beneficios de la consulta pública
1. Proporciona información importante sobre la viabilidad de las propuestas, las alternativas consideradas y el grado en que las partes son afectadas.
2. Mejora la calidad del proceso de toma de decisiones, a través de la información que es proporcionada durante la consulta. De esta manera, la autoridad puede adoptar la mejor decisión, generando mayores beneficios y menores costos para la sociedad.
3. Incrementa la transparencia en el proceso de toma de decisiones de las autoridades.
4. Dota de predictibilidad y legitimidad las decisiones ejecutadas.
5. Recupera la confianza en el Estado al dar a conocer el proceso por el cual se adoptó terminada medida.
6. Permite que las políticas públicas que se desarrollen estén basadas en las necesidades de la sociedad, y no en intereses particulares.
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