Concepto y dimensiones del «debido proceso» [STC 3075-2006-PA]

Esta es una de las sentencias destacadas por el «Compendio de sentencias del TC sobre el debido proceso», elaborado por el Ministerio de Justicia. Esta publicación tiene el plus de contener los comentarios y análisis del doctor César Landa Arroyo, expresidente del TC, y protagonista de una de las etapas más fecundas en la producción jurisprudencial del Constitucional peruano.

4919

Comentarios del Dr. César Landa Arroyo

El debido proceso ha sido; y es, una institución controversial debido a sus parámetros aún difusos. Sin embargo, debido a su importancia y papel prioritario en el Estado Constitucional, es menester definir su contenido, y su naturaleza, la cual se analiza desde múltiples aristas; a partir de la sentencia Eiger vs. Indecopi, cuya argumentación ilustra el debido proceso y su definición.

El motivo de la demanda empieza con la solicitud de Microsoft a Indecopi para realizar una inspección en la Escuela Internacional De Gerencia (en adelante Eiger), en un primer momento destinada a otro centro de estudios (Universidad Privada de Tacna); y modificada hacia la presente escuela de manera injustificada y arbitraria. Al término de esta, según el demandante, se levanta el acta de inspección con hechos falsos y una multa evidentemente confiscatoria por la inutilización de un determinado software, lo que conlleva a la vulneración de derechos de autor. Asimismo, el demandante asegura que se cometieron diversas irregularidades como desestimar sus justificaciones sobre la incapacidad de utilizar el dispositivo. En suma, se sostiene que se vulnera el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, y el derecho al trabajo.

Al desestimar su demanda y su apelación se presenta el recurso de agravio constitucional interpuesto por Eiger, contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declara improcedente su demanda contra Microsoft Corporation e Indecopi.

En la mencionada sentencia, se reconoce el elemento transversal de la controversia: El Debido Proceso, el cual es objeto de análisis para poder dilucidar la óptima resolución constitucional.

Cabe reconocer, y recalcar, al debido proceso como un derecho fundamental de naturaleza procesal reconocido constitucionalmente en el artículo 139 inciso 3 de la Carta Magna. La sentencia hace hincapié tanto en su ámbito como en sus dimensiones, las cuales forman parte de su contenido, que se materializa en diversos derechos individuales. Al referirse al ámbito de aplicación de este derecho, es importante establecer que no se agota solo en la esfera judicial, sino es flexible a ser adaptado a ámbitos como el administrativo, corporativo, etc.; adoptando los matices de cada rama. Es específicamente esta sentencia, centrada en el debido proceso administrativo al referirse a resoluciones expedidas por el Indecopi.

Al referirse a las dimensiones del debido proceso, se aprecia su connotación dual: la formal, las cual está asociada al respeto por las garantías esenciales, formales o de trámite dentro del proceso, como lo es el derecho de defensa, el derecho a una debida motivación, el derecho a la pluralidad de instancias, etc.; así como la sustantiva, la cual se vincula a la observancia de preceptos de justicia y razonabilidad a través de juicios de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, entre otros. Es debido a esta estructura compleja, que el análisis debe ser de ambas dimensiones por igual; ya que, tanto los vicios formales como lo sustantivos se conciben como una transgresión constitucional a este derecho.

A través del estudio del debido proceso y de sus dimensiones se examina tanto las trasgresiones al plano formal y al material, como método ideal para analizar el contenido del Debido Proceso. Considero este punto de vital importancia ya que, no solo se toman en cuenta los aspectos procedimentales y meramente formales del proceso; sino se hace un examen más exhaustivo de las implicancias negativas en distintos principios y valores que la Constitución ampara de igual manera; propio de su calidad de derecho fundamental que le atribuye tanto un aspecto objetivo como subjetivo, lo cual debe ser tutelado y observado en la misma dimensión.

Es así como respecto al debido proceso formal, el Tribunal Constitucional analiza aspectos centrados en la etapa del proceso como la interposición de la demanda, la cual de parte de Indecopi si bien resulta legítima al poseer las facultades de ordenar medidas cautelares, estas son relativas y limitables, mas no absolutas; por lo que deben respetar diversos otros preceptos y valores que la Constitución reconoce, entre ellos, el derecho de defensa y la valoración de medios probatorios, para no caer en una discrecionalidad desmedida por parte del órgano administrativo.

Respecto a la fase probatoria, esta se configura como un derecho de exigibilidad obligatoria, y como garantía del procesado acompañada, asimismo, de una suficiente motivación. Ante la insuficiencia probatoria y escaso fundamento normativo por parte de Indecopi, el Tribunal Constitucional reconoce la vulneración a esta dimensión del debido proceso; debido a que, los términos formales del proceso no son simples reglas, sino constituyen la garantía de un adecuado procedimiento para el administrado y la debida solución acorde a la Justicia.

En cuanto al debido proceso sustantivo, las consecuencias de la resolución de Indecopi están vinculadas a vulneraciones de otros derechos como lo es, el derecho al trabajo; y la multa no se condice con el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Este pronunciamiento constituye un precedente vinculante de vital importancia para posteriores análisis de constitucionalidad en resoluciones de órganos administrativos, los cuales no son ajenos de un examen de compatibilidad constitucional.

En relación a lo anteriormente analizado, finalmente el Tribunal Constitucional falla a favor del demandado declarando fundada la demanda, inaplicando las resoluciones del Indecopi contra EIGER, no sin antes haber ilustrado la definición y el contenido de esta vital institución como parte fundamental para argumentar las vulneraciones constitucionales dentro del proceso administrativo.

El debido proceso ha sido; y es, una institución controversial debido a sus parámetros aún difusos. Sin embargo, debido a su importancia y papel prioritario en el Estado Constitucional, es menester definir su contenido, y su naturaleza, la cual se analiza desde múltiples aristas; a partir de la sentencia Eiger vs. Indecopi, cuya argumentación ilustra el debido proceso y su definición.

El motivo de la demanda empieza con la solicitud de Microsoft a Indecopi para realizar una inspección en la Escuela Internacional de Gerencia (en adelante Eiger), en un primer momento destinada a otro centro de estudios (Universidad Privada de Tacna); y modificada hacia la presente escuela de manera injustificada y arbitraria. Al término de esta, según el demandante, se levanta el acta de inspección con hechos falsos y una multa evidentemente confiscatoria por la inutilización de un determinado software, lo que conlleva a la vulneración de derechos de autor. Asimismo, el demandante asegura que se cometieron diversas irregularidades como desestimar sus justificaciones sobre la incapacidad de utilizar el dispositivo. En suma, se sostiene que se vulnera el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, y el derecho al trabajo.

Al desestimar su demanda y su apelación se presenta el recurso de agravio constitucional interpuesto por Eiger, contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declara improcedente su demanda contra Microsoft Corporation e Indecopi.

En la mencionada sentencia, se reconoce el elemento transversal de la controversia: El Debido Proceso, el cual es objeto de análisis para poder dilucidar la óptima resolución constitucional.

Cabe reconocer, y recalcar, al debido proceso como un derecho fundamental de naturaleza procesal reconocido constitucionalmente en el artículo 139 inciso 3 de la Carta Magna. La sentencia hace hincapié tanto en su ámbito como en sus dimensiones, las cuales forman parte de su contenido, que se materializa en diversos derechos individuales. Al referirse al ámbito de aplicación de este derecho, es importante establecer que no se agota solo en la esfera judicial, sino es flexible a ser adaptado a ámbitos como el administrativo, corporativo, etc.; adoptando los matices de cada rama. Es específicamente esta sentencia, centrada en el debido proceso administrativo al referirse a resoluciones expedidas por el Indecopi.

Al referirse a las dimensiones del debido proceso, se aprecia su connotación dual: la formal, la cual está asociada al respeto por las garantías esenciales, formales o de trámite dentro del proceso, como lo es el derecho de defensa, el derecho a una debida motivación, el derecho a la pluralidad de instancias, etc.; así como la sustantiva, que se vincula a la observancia de preceptos de justicia y razonabilidad a través de juicios de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, entre otros. Es debido a esta estructura compleja, que el análisis debe ser de ambas dimensiones por igual; ya que, tanto los vicios formales como los sustantivos se conciben como una transgresión constitucional a este derecho.

A través del estudio del debido proceso y de sus dimensiones se examina tanto las trasgresiones al plano formal y al material, como método ideal para analizar el contenido del debido proceso. Considero este punto de vital importancia ya que, no solo se toman en cuenta los aspectos procedimentales y meramente formales del proceso; sino se hace un examen más exhaustivo de las implicancias negativas en distintos principios y valores que la Constitución ampara de igual manera; propio de su calidad de derecho fundamental que le atribuye tanto un aspecto objetivo como subjetivo, lo cual debe ser tutelado y observado en la misma dimensión.

Es así como respecto al debido proceso formal, el Tribunal Constitucional analiza aspectos centrados en la etapa del proceso como la interposición de la demanda, la cual de parte de Indecopi si bien resulta legítima al poseer las facultades de ordenar medidas cautelares, estas son relativas y limitables, mas no absolutas; por lo que deben respetar diversos otros preceptos y valores que la Constitución reconoce, entre ellos, el derecho de defensa y la valoración de medios probatorios, para no caer en una discrecionalidad desmedida por parte del órgano administrativo.

Respecto a la fase probatoria, esta se configura como un derecho de exigibilidad obligatoria, y como garantía del procesado acompañada, asimismo, de una suficiente motivación. Ante la insuficiencia probatoria y escaso fundamento normativo por parte de Indecopi, el Tribunal Constitucional reconoce la vulneración a esta dimensión del debido proceso; debido a que, los términos formales del proceso no son simples reglas, sino constituyen la garantía de un adecuado procedimiento para el administrado y la debida solución acorde a la Justicia.

En cuanto al debido proceso sustantivo, las consecuencias de la resolución de Indecopi están vinculadas a vulneraciones de otros derechos como lo es, el derecho al trabajo; y la multa no se condice con el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Este pronunciamiento constituye un precedente vinculante de vital importancia para posteriores análisis de constitucionalidad en resoluciones de órganos administrativos, los cuales no son ajenos de un examen de compatibilidad constitucional.

En relación a lo anteriormente analizado, finalmente el Tribunal Constitucional falla a favor del demandado declarando fundada la demanda, inaplicando las resoluciones del Indecopi contra Eiger, no sin antes haber ilustrado la definición y el contenido de esta vital institución como parte fundamental para argumentar las vulneraciones constitucionales dentro del proceso administrativo.


Fundamentos con calidad de precedente vinculante: 5.- […] a) El Decreto Legislativo Nº 822 o Ley de Derechos de Autor establece, en materia de medidas preventivas o cautelares, diversos criterios que la administración y, dentro de ella, los organismos reguladores como el Indecopi, necesariamente deben tomar en cuenta. En efecto, conforme lo reconoce el artículo 176 de la citada norma “Sin perjuicio de lo establecido en el Título V del Decreto Legislativo Nº 807 (que regula las facultades, normas y organización del Indecopi), los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en esta ley o sus representantes, sin menoscabo de otras acciones que les corresponda, podrán pedir, bajo su cuenta, costo y riesgo, el cese inmediato de la actividad ilícita del infractor en los términos previstos por este Capítulo. Con este fin, la Oficina de Derechos de Autor, como autoridad administrativa, tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares rápidas y eficaces […]”. El artículo 177, por su parte establece que “Las medidas preventivas o cautelares serán, entre otras: […] c) La realización de inspección, incautación o comiso sin aviso previo […]”. El artículo 179, a su turno, precisa que “Cualquier solicitante de una medida preventiva o cautelar, debe cumplir con presentar ante la autoridad administrativa, las pruebas a las que razonablemente tenga acceso y que la autoridad considera suficientes para determinar que […] b) El derecho del solicitante está siendo infringido, o que dicha infracción es inminente […]”. El artículo 180, de otro lado, prevé que “El solicitante de medidas preventivas o cautelares debe proporcionar a la autoridad, además de las pruebas a las que se refiere el artículo anterior, toda información necesaria para la identificación de los bienes, materia de la solicitud de medida preventiva y el lugar donde estos se encuentran”. Finalmente, el artículo 181 contempla que “La Oficina de Derechos de Autor tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares en virtud del pedido de una sola parte, sin necesidad de notificar previamente a la otra, en especial cuando haya posibilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular del derecho, o cuando haya un riesgo inminente de que se destruyan las pruebas”;

b) De los dispositivos legales anteriormente mencionados se desprende con toda precisión que si bien la autoridad administrativa, en este caso la Oficina de Derechos de Autor, tiene la plena facultad de poner en práctica medidas preventivas o cautelares a efectos de cumplir con su función de tutela o protección sobre los derechos correspondientes al autor, no puede ejercer dicha responsabilidad de una manera absolutamente discrecional, sino sujeta a una serie de parámetros mínimos, que no por ser tales dejan de ser una exigencia a la par que una garantía respecto de las personas o entidades a las que dichas medidas son aplicadas. Dentro de dicha lógica y aunque es cierto que entre las medidas preventivas o cautelares se encuentra la diligencia de inspección (artículo 177), esta necesariamente debe ser solicitada por el interesado y sustentada con un mínimo de elementos probatorios o suficientes en la forma en que expresamente lo indica el anteriormente citado artículo 179. La exigibilidad de dichas pruebas elementales no es, por otra parte, un asunto opcional o facultativo, sino plenamente obligatorio, conforme lo ratifica el también citado artículo 180, lo que significa que no cabe un manejo diferenciado donde la norma simplemente no lo precisa o no lo habilita. En el contexto descrito, conviene añadir un detalle sobre en el que posteriormente se incidirá. No existe en el Decreto Legislativo Nº 822 o Ley de Derechos de Autor norma alguna que habilita una diligencia de variación de inspección. Tampoco se encuentra prevista dicha facultad en el Decreto Legislativo Nº 807 o Ley Reguladora de las Facultades, Normas y Organización del Indecopi, lo que supone que su procedencia resulta en el menor de los casos seriamente cuestionable;[…] 

g) Considera este Colegiado, sobre este particular, que si bien el artículo 206 de la citada Ley de Derechos de Autor establece expresamente que en materia de solicitud de informe oral “[…] La actuación de denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Sala del Tribunal, según la importancia y trascendencia del caso”, ello no significa el reconocimiento de una facultad absolutamente discrecional. Aunque tampoco, y desde luego, no se está diciendo que todo informe oral tenga que ser obligatorio por el solo hecho de solicitarse, estima este Tribunal que la única manera de considerar compatible con la Constitución el susodicho precepto, es concibiéndolo como una norma proscriptora de la arbitariedad. Ello, por [sic] de pronto, supone que la sola invocación al análisis de lo actuado y a la materia en discusión no puede ser suficiente argumento para denegar la solicitud de informe oral, no solo porque no es eso lo que dice exactamente la norma en cuestión (que se refiere únicamente a la importancia y trascendencia del caso), sino porque no existe forma de acreditar si, en efecto, se ha analizado adecuadamente lo actuado y si la materia en debate justifica o no dicha denegatoria. El apelar a los membretes sin motivación que respalde los mismos es simplemente encubrir una decisión que puede resultar siendo plenamente arbitraria o irrazonable;

h) Desde la perspectiva descrita, considera este Colegiado que, sin necesidad de declarar inaplicable el citado artículo 206 del Decreto Legislativo 822, procede una lectura de dicho dispositivo de forma que resulte compatible con la Constitución y con el cuadro de valores materiales que ella reconoce. En el caso de autos, sin embargo, resulta evidente que la lectura que se ha dispensado a dicho precepto, y que aparece citada en la mencionada Notificación de fojas 84, no ha reparado en que, si del análisis de los actuados aparecen notorias irregularidades acaecidas desde la etapa de la diligencia de inspección y que han sido cuestionadas en todo momento, no se puede pretender que ni siquiera procede el derecho de defensa que, en la forma de informe oral, le asiste a la entidad demandante.

Lea también: Descargue en PDF «Compendio de sentencias del TC sobre el debido proceso»


SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. 3075-2006-PA/TC

En Arequipa, a los 29 días del mes de agosto de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Manuel Cipriani Nevad, en representación de Escuela Internacional de Gerencia High School of Management – Eiger, contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 160, su fecha 13 de setiembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.

Lea también: Sí procede exclusión de socio por infracción que no estaba tipificada en estatuto. Debido proceso «inter privatos» [STC 05487-2013-PA]

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra Microsoft Corporation y Macromedia Incorporated, así como contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual (Indecopi) solicitando que se deje sin efecto las Resoluciones de Indecopi Nos. 193-2004/ODA-INDECOPI y 1006-2004-TPI-INDECOPI, del 30 de julio de 2004 y 4 de noviembre del mismo año, respectivamente, alegando que tales pronunciamientos administrativos vulneran los derechos constitucionales al debido proceso y de defensa de su representada, y amenaza su derecho a la libertad de trabajo.

Lea también: TC: diferencias entre debido proceso y tutela judicial efectiva [Exp. 8123-2005-PHC]

Manifiesta el recurrente que con fecha 8 de mayo de 2003 la codemandada Microsoft Corporation y otros solicitaron al Indecopi realizar una inspección en la Universidad Privada de Tacna, entidad ubicada en la localidad del mismo nombre, inspección que, sin embargo, fue suspendida por iniciativa de la misma interesada con fecha 15 de julio de 2003, con [sic] objeto de variar su solicitud original respecto de otra entidad ubicada dentro de la misma localidad. Refiere que posteriormente y pese a los alcances de dicha petición de variación, Indecopi, a través de su Oficina de Derechos de Autor, y a instancias de un escrito presentado por la codemandada Microsoft Corporation, con fecha 25 de julio [sic] del 2003, sin prueba alguna que sustente dicha decisión, varió arbitrariamente de localidad procediendo a ejecutar, con fecha 15 de agosto de 2003, la inspección en contra de su representada, domiciliada en Av. Cuba Nº 699, Jesús María, departamento de Lima. Expone que, producto de los hechos descritos, se levantó un acta de inspección, insertándose en ella hechos falsos, imponiéndosele a su representada una multa indiscutiblemente confiscatoria. Puntualiza que en la citada inspección tampoco participaron peritos o expertos en detectar el uso de los supuestos software que aducen los denunciantes, más aún si se toma en consideración que las máquinas de propiedad de la empresa recurrente no están en condiciones de soportar el software de Microsoft. Precisa también que en la primera instancia del procedimiento administrativo seguido ante Indecopi no se tomó en cuenta la petición del recurrente a efectos de que se realice una inspección para demostrar que sus equipos no pueden soportar el software referido; que ulteriormente, y tras interponer recurso de apelación, tampoco se les concedió el uso de la palabra pese a haberlo solicitado, resultando de todo lo expuesto que su representada, finalmente, ha sido conminada a pagar una multa y un devengado por supuesta violación del derecho de autor, equivalentes a las sumas de 34,02 UIT y US $ 31.287,58, respectivamente, lo que atenta en definitiva contra sus derechos constitucionales.

El Cuadragésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 29 de noviembre [sic] del 2004, de plano declara improcedente la demanda argumentando que la pretensión en el presente caso es la impugnación de una resolución administrativa emitida por Indecopi, por lo que el reclamo es de orden legal y no constitucional, encontrándose regulado en la Ley sobre derechos de autor o Decreto Legislativo Nº 822, no siendo el amparo la vía idónea.

La recurrida confirma la apelada estimando que la pretensión del actor requiere ser discutida en una etapa probatoria, de la cual el proceso constitucional de amparo carece.

FUNDAMENTOS

Petitorio

1.- La demanda tiene por objeto que se disponga la inaplicabilidad tanto de la Resolución Nº 193-2004/ODA-INDECOPI, emitida con fecha 30 de julio [sic] del 2004, por la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, como de la Resolución Nº 1006-2004-TPI-INDECOPI, emitida con fecha 4 de noviembre [sic] del 2004, por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de la misma institución. Alega el demandante que tales pronunciamientos administrativos vulneran los derechos constitucionales al debido proceso y de defensa de su representada, y amenaza su derecho a la libertad de trabajo.

Rechazo liminar injustificado. La no exigibilidad de declaratoria de nulidad en el presente caso

2.- De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, se hace pertinente precisar que aun cuando en el presente caso se ha producido un rechazo liminar injustificado, habida cuenta de que no se han configurado de forma manifiesta las causales de improcedencia previstas en la ley procesal aplicable, este Colegiado considera innecesario declarar el quebrantamiento de forma y la correlativa nulidad de los actuados, dada la urgente necesidad de tutela que asume el petitorio demandado a la luz de los hechos que lo sustentan. Dicha perspectiva, por lo demás, resulta plenamente congruente con la idea de anteponer los fines de todo proceso constitucional a las exigencias de tipo procedimental o formal, tal cual lo enuncia el tercer párrafo del Artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

El Debido Proceso como derecho principalmente invocado. Ámbitos y dimensiones de aplicación

3.- De lo que aparece descrito en la demanda y de los recaudos que la acompañan se aprecia que lo que principalmente pretende el recurrente es cuestionar las resoluciones administrativas emitidas por las dependencias del Indecopi, no solo por la forma como se ha tramitado el procedimiento que culminó con su expedición, sino por el contenido o los alcances en que han derivado tales resoluciones. En otras palabras, se trata de una demanda que en lo esencial invoca la defensa del derecho al debido proceso administrativo, entendiendo que dicho atributo ha sido vulnerado no solo en términos formales, sino también en términos sustantivos.

4.- Como este Colegiado ha tenido oportunidad de señalar mediante uniforme y reiterada jurisprudencia, el debido proceso es un derecho fundamental de naturaleza procesal con alcances genéricos, tanto en lo que respecta a los ámbitos sobre los que se aplica como en lo que atañe a las dimensiones sobre las que se extiende. Con relación a lo primero, queda claro que dicho atributo desborda la órbita estrictamente judicial para involucrarse o extenderse en otros campos como el administrativo, el corporativo particular, el parlamentario, el castrense, entre muchos otros, dando lugar a que en cada caso o respecto de cada ámbito pueda hablarse de un debido proceso jurisdiccional, de un debido proceso administrativo, de un debido proceso corporativo particular, de un debido proceso parlamentario, etc. Por lo que respecta a lo segundo, y como ha sido puesto de relieve en innumerables ocasiones, las dimensiones del debido proceso no solo responden a ingredientes formales o procedimentales, sino que se manifiestan en elementos de connotación sustantiva o material, lo que supone que su evaluación no solo repara en las reglas esenciales con las que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, cosa juzgada, etc,) sino que también, y con mayor rigor, se orienta a la preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, etc.). Así las cosas, el debido proceso es un derecho de estructura compleja, cuyos alcances corresponde precisar a la luz de los ámbitos o dimensiones en cada caso comprometidas. Como ya se anticipó, en el caso de autos, se trata de un reclamo por la transgresión al debido proceso en sede administrativa, no solo en el ámbito formal sino también sustantivo. Corresponde, por tanto, a este Colegiado emitir pronunciamiento respecto de ambos extremos invocados.

Análisis de las transgresiones al debido proceso formal

5.- En lo que respecta a la dimensión estrictamente procedimental del derecho invocado, este Colegiado considera que la demanda interpuesta resulta plenamente legítima, habida cuenta de que a) El Decreto Legislativo Nº 822 o Ley de Derechos de Autor establece, en materia de medidas preventivas o cautelares, diversos criterios que la administración y, dentro de ella, los organismos reguladores como el Indecopi, necesariamente deben tomar en cuenta. En efecto, conforme lo reconoce el artículo 176 de la citada norma “Sin perjuicio de lo establecido en el Título V del Decreto Legislativo Nº 807 (que regula las facultades, normas y organización del Indecopi), los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en esta ley o sus representantes, sin menoscabo de otras acciones que les corresponda, podrán pedir, bajo su cuenta, costo y riesgo, el cese inmediato de la actividad ilícita del infractor en los términos previstos por este Capítulo. Con este fin, la Oficina de Derechos de Autor, como autoridad administrativa, tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares rápidas y eficaces […]”. El artículo 177, por su parte establece que “Las medidas preventivas o cautelares serán, entre otras: […] c) La realización de inspección, incautación o comiso sin aviso previo […]”. El artículo 179, a su turno, precisa que “Cualquier solicitante de una medida preventiva o cautelar, debe cumplir con presentar ante la autoridad administrativa, las pruebas a las que razonablemente tenga acceso y que la autoridad considera suficientes para determinar que […] b) El derecho del solicitante está siendo infringido, o que dicha infracción es inminente […]”. El artículo 180, de otro lado, prevé que “El solicitante de medidas preventivas o cautelares debe proporcionar a la autoridad, además de las pruebas a las que se refiere el artículo anterior, toda información necesaria para la identificación de los bienes, materia de la solicitud de medida preventiva y el lugar donde estos se encuentran”. Finalmente, el artículo 181 contempla que “La Oficina de Derechos de Autor tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares en virtud del pedido de una sola parte, sin necesidad de notificar previamente a la otra, en especial cuando haya posibilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular del derecho, o cuando haya un riesgo inminente de que se destruyan las pruebas”; b) De los dispositivos legales anteriormente mencionados se desprende con toda precisión que si bien la autoridad administrativa, en este caso la Oficina de Derechos de Autor, tiene la plena facultad de poner en práctica medidas preventivas o cautelares a efectos de cumplir con su función de tutela o protección sobre los derechos correspondientes al autor, no puede ejercer dicha responsabilidad de una manera absolutamente discrecional, sino sujeta a una serie de parámetros mínimos, que no por ser tales dejan de ser una exigencia a la par que una garantía respecto de las personas o entidades a las que dichas medidas son aplicadas. Dentro de dicha lógica y aunque es cierto que entre las medidas preventivas o cautelares se encuentra la diligencia de inspección (artículo 177), esta necesariamente debe ser solicitada por el interesado y sustentada con un mínimo de elementos probatorios o suficientes en la forma en que expresamente lo indica el anteriormente citado artículo 179. La exigibilidad de dichas pruebas elementales no es, por otra parte, un asunto opcional o facultativo, sino plenamente obligatorio, conforme lo ratifica el también citado artículo 180, lo que significa que no cabe un manejo diferenciado donde la norma simplemente no lo precisa o no lo habilita. En el contexto descrito, conviene añadir un detalle sobre en el que posteriormente se incidirá. No existe en el Decreto Legislativo Nº 822 o Ley de Derechos de Autor norma alguna que habilita una diligencia de variación de inspección. Tampoco se encuentra prevista dicha facultad en el Decreto Legislativo Nº 807 o Ley Reguladora de las Facultades, Normas y Organización del Indecopi, lo que supone que su procedencia resulta en el menor de los casos seriamente cuestionable; c) De lo señalado en los acápites precedentes, y de lo que aparece de la Solicitud de Inspección formulada por la entidad demandada con fecha 8 de mayo [sic] del 2003 (obrante de fojas 25 a 28 de los autos), se observa que no existe un solo elemento probatorio que sustente dicha petición; dicho esto, incluso respecto de la denominada Universidad Privada de Tacna sobre quien originalmente se solicitó dicha medida. En dicho contexto, la simple invocación de normas jurídicas que realiza la entonces peticionante, no puede servir como argumento para convalidar la procedencia de la misma, no solo por las razones de insuficiencia probatoria anteriormente precisadas, sino porque incluso las propias normas citadas (literal f del artículo 169 del Decreto Legislativo Nº 822 y literales a, b y c del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 807) no suponen excepción alguna, explícita o implícita sobre los mandatos legales establecidos en la tramitación de toda medida preventiva o cautelar; d) Tampoco se observa en el posterior escrito de variación de solicitud de inspección, presentado por la actual demandada con fecha 25 de julio [sic] del 2003 (ff. 30-31), que exista respaldo normativo alguno que sustente jurídicamente dicha medida, sea en base a la Ley de Derechos de Autor o en base a la Ley Reguladora de las Facultades, Normas y Organización del Indecopi. Por el contrario, este último escrito no solo vuelve a incurrir en una absoluta y clamorosa insuficiencia probatoria, sino que dicha anomalía resulta hasta considerativa o argumental, pues no se da una sola razón que justifique o respalde la diligencia de inspección y ni siquiera la de la consabida y, por demás, irregular solicitud de variación. Lo más saltante resulta siendo la contradicción evidente que existe entre este último escrito y uno anterior sobre suspensión presentado por la misma demandada con fecha 15 de julio [sic] del 2003 (f. 29), en el cual, y tras peticionarle a la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi suspender temporalmente la diligencia de inspección en el local de la Universidad Privada de Tacna, ubicado en la ciudad de Tacna, argumenta que dicha suspensión se realiza a fin de tramitar una variación de solicitud de inspección a llevarse a cabo en otra entidad ubicada en la misma localidad, cuando, al revés de ello y como se aprecia de los autos, la consabida medida termina solicitándose y posteriormente ejecutándose en el local de la actual demandante, ubicado en Lima, esto es, fuera de la localidad para la que supuestamente había sido prevista dicha variación; e) Ni la tantas veces citada variación ni el escrito que pretende respaldarla tienen, como se ha señalado precedentemente, fundamento normativo alguno, constituyéndose, por las consideraciones descritas, en un procedimiento a todas luces irregular, habilitado ipso facto por parte de la demandada. Este solo hecho, por lo demás, sería suficiente para considerar nula la diligencia de inspección practicada por la Oficina de Derechos de Autor y cuya acta de fecha 15 de agosto del 2003 obra de fojas 50 a 68 de los autos. Sin embargo, tampoco es el único que merece aquí analizarse; f) A fojas 83 de los autos obra el escrito mediante el cual la demandada, tras haber formulado recurso de apelación contra la Resolución Nº 193-2004/ODA-INDECOPI, emitida por la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, solicita el uso de la palabra, esta vez, ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi (Sala de Propiedad Intelectual). También obra, a fojas 84, la Cédula de Notificación que con fecha 29 de septiembre emite la citada Sala de Propiedad Intelectual y en la cual responde la petición formulada argumentando que “Conforme a lo dispuesto en el artículo 206º del Decreto Legislativo Nº 822, Ley de Derecho de Autor, la actuación o denegación de la solicitud del uso de la palabra quedará a criterio de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal. En el presente caso, del análisis de lo actuado y atendiendo a la materia en discusión, la Sala ha determinado DENEGAR el uso de la palabra solicitado”; g) Considera este Colegiado, sobre este particular, que si bien el artículo 206 de la citada Ley de Derechos de Autor establece expresamente que en materia de solicitud de informe oral “[…] La actuación de denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Sala del Tribunal, según la importancia y trascendencia del caso”, ello no significa el reconocimiento de una facultad absolutamente discrecional. Aunque tampoco, y desde luego, no se está diciendo que todo informe oral tenga que ser obligatorio por el solo hecho de solicitarse, estima este Tribunal que la única manera de considerar compatible con la Constitución el susodicho precepto, es concibiéndolo como una norma proscriptora de la arbitariedad. Ello, por [sic] de pronto, supone que la sola invocación al análisis de lo actuado y a la materia en discusión no puede ser suficiente argumento para denegar la solicitud de informe oral, no solo porque no es eso lo que dice exactamente la norma en cuestión (que se refiere únicamente a la importancia y trascendencia del caso), sino porque no existe forma de acreditar si, en efecto, se ha analizado adecuadamente lo actuado y si la materia en debate justifica o no dicha denegatoria. El apelar a los membretes sin motivación que respalde los mismos es simplemente encubrir una decisión que puede resultar siendo plenamente arbitraria o irrazonable; h) Desde la perspectiva descrita, considera este Colegiado que, sin necesidad de declarar inaplicable el citado artículo 206 del Decreto Legislativo 822, procede una lectura de dicho dispositivo de forma que resulte compatible con la Constitución y con el cuadro de valores materiales que ella reconoce. En el caso de autos, sin embargo, resulta evidente que la lectura que se ha dispensado a dicho precepto, y que aparece citada en la mencionada Notificación de fojas 84, no ha reparado en que, si del análisis de los actuados aparecen notorias irregularidades acaecidas desde la etapa de la diligencia de inspección y que han sido cuestionadas en todo momento, no se puede pretender que ni siquiera procede el derecho de defensa que, en la forma de informe oral, le asiste a la entidad demandante.

6.- Por lo señalado hasta este momento, queda claro que, en el presente caso, no se ha hecho por parte de las dependencias e instancias del Indecopi una observancia escrupulosa del debido proceso administrativo entendido en términos formales. Cabe, por consiguiente, recordar que dicho derecho no es simplemente un conjunto de principios o reglas articuladas referencialmente a efectos de que la administración pueda utilizarlas o prescindir de las mismas cuando lo considere conveniente. De su objetividad y su respeto depende la canalización del procedimiento administrativo en una forma que resulta compatible con la Justicia como valor y la garantía para el administrado de que está siendo adecuada o correctamente procesado. Constatadas las infracciones descritas, la demanda debe estimarse en este primer extremo.

Análisis de la transgresión al debido proceso sustantivo. La correlativa amenaza a la libertad de trabajo.

7.- En lo que respecta al contenido mismo de las resoluciones administrativas cuestionadas por la entidad recurrente, esto es, la Resolución Nº 193- 2004/ODA-INDECOPI, del 30 de julio [sic] del 2004, y la Resolución Nº 1006-2004-TPI-INDECOPI, del 4 de noviembre del 2004 (ff. 87- 112 de los autos), este Colegiado estima pertinente puntualizar que, independientemente de que exista una diferenciación en los aspectos conclusivos en los que desembocan ambos pronunciamientos (uno es más gravoso que el otro), los mismos adolecen de un vicio de origen, que reside en el hecho de no haber reparado o merituado de modo adecuado las transgresiones producidas por parte de la administración, al momento de efectuar la consabida diligencia de inspección e incluso (y esto respecto de la resolución de segunda instancia administrativa) durante el mismo procedimiento. Tal situación, sin necesidad de que ahora tenga que merituarse la intensidad de las sanciones aplicadas, conlleva arbitrariedad manifiesta en el proceder, lo que supone que, cualquiera que sea la conclusión adoptada, esta necesariamente ha devenido en irrazonable.

8.- Entiende este Colegiado que independientemente de las transgresiones producidas respecto del derecho fundamental al [sic] proceso debido, existe correlativamente en el caso de autos, y a la luz del tipo de sanciones aplicadas (esencialmente pecuniarias), una amenaza cierta e inminente sobre la libertad de trabajo, concretizada en el hecho de venirse requiriendo a la recurrente, bajo apercibimiento de aplicarse nuevas sanciones (f. 24 y 24 vuelta del cuadernillo especial), el pago de un monto de dinero como el fijado en la Resolución Nº 1006-2004-TPI-INDECOPI. Bajo tales consideraciones se hace necesario, de modo adicional a lo señalado precedentemente, hacer hincapié en la necesidad de que en toda circunstancia en la que se aplique sanciones de tipo económico se ponderen del modo más adecuado sus efectos y consecuencias a fin de no perjudicar de modo ostensible la citada libertad.

Facultad de verificación y sanción de las dependencias del Indecopi.

9.- Este Tribunal, por último, deja claramente establecido que el hecho de que, tras haberse detectado las infracciones a las dimensiones del debido proceso aquí señaladas, tenga que disponerse necesariamente la inaplicabilidad de las resoluciones cuestionadas, no supone que las dependencias competentes del Indecopi (específicamente su Oficina de Derechos de Autor) no puedan realizar a posteriori una nueva verificación sobre la entidad recurrente y aun sancionar, de darse el caso. Simplemente la necesidad y, al mismo tiempo, la advertencia de que en tales ocasiones se proceda con sujeción escrupulosa a la normatividad aplicable, que, como ya se señaló en su momento, establece criterios imperativos o de observancia obligatoria. Queda claro, en todo caso, que los actos administrativos que han sido consecuencia de las resoluciones cuestionadas (entre ellos, el requerimiento de pago anteriormente señalado) carecen de sustento.

Precedente vinculante

10.- Finalmente, y por tratarse en el presente caso de una causa en la que este Colegiado ha dejado establecida su posición respecto a la interpretación que debe darse a determinadas normas del ordenamiento jurídico, resulta de aplicación el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, lo que supone que, a partir de la fecha de la publicación de la presente sentencia, todos los jueces y tribunales del país quedan vinculados por el precedente aquí establecido y principalmente desarrollado en los acápites a), b) g) y h) de su fundamento 5.

Por los fundamentos precedentes, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda de amparo interpuesta.

Dispone inaplicar a la Escuela Internacional de Gerencia High School of Management – Eiger, tanto la Resolución Nº 193-2004/ODA-INDECOPI, emitida con fecha 30 de julio [sic] del 2004, por la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, como la Resolución Nº 1006-2004-TPI-INDECOPI, emitida con fecha 4 de noviembre del 2004, por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de la misma institución.

Dispone la incorporación del fundamento 5, acápites a), b), g) y h), a la parte resolutiva de la presente sentencia.

Publíquese y notifíquese.

SS.
GARCÍA TOMA
ALVA ORLANDINI
LANDA ARROYO

Descargue en PDF la resolución completa

Descargue en PDF el Compendio

Comentarios: