Sumario: 1. Introducción. 2. Propuestas para una fiscalización integral. 2.1 Implementación de tecnología y digitalización. 2.2 Fortalecimiento de la participación ciudadana. 2.3 Modernización de los procesos de auditoría. 3. Marco normativo y la lucha contra la corrupción. 4. Conclusiones.
1. Introducción
La Contraloría General de la República (CGR) desempeña un rol crítico en la fiscalización de la administración pública, una función que se vuelve particularmente compleja en el ámbito de los gobiernos locales. La vasta dispersión geográfica de los 1,874 distritos del Perú (IPE, 2022) hace que la supervisión sea un desafío logístico formidable. A menudo, la CGR carece de la presencia física y del personal calificado necesario para cubrir de manera efectiva cada rincón del país. Esta limitación se agrava por la alta rotación de funcionarios en los municipios, lo que impide la continuidad y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
Como resultado, la CGR se ve limitada en su capacidad para prevenir y sancionar actos de corrupción. Los informes de control, a menudo, son desoídos por las autoridades locales, lo que genera una brecha significativa entre la labor de fiscalización y su impacto real. Un claro ejemplo de esta problemática se evidenció en los hallazgos del caso «Los Intocables de la Corrupción», donde se identificaron redes ilícitas que estaban dedicados a promover lobbies ilícitos para apropiarse de dinero del Estado a través de contrataciones públicas fraudulentas en Provías Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según los colaboradores eficaces, estas actividades habrían tenido lugar durante el gobierno de Martín Vizcarra, sindicado de encabezar la citada organización criminal, que ilustran las deficiencias del sistema de control gubernamental. A pesar de los esfuerzos, la percepción ciudadana sobre la transparencia sigue siendo baja, lo que demuestra la necesidad de un enfoque renovado y más adaptado a la realidad de cada municipio para lograr un impacto significativo. Un informe reciente de Transparencia Internacional reveló que más del 70% de los peruanos percibe un aumento en la corrupción a nivel de gobiernos locales (Transparencia Internacional, 2022, f. j. 3).
2. Propuestas para una fiscalización integral
Para superar estos obstáculos, la Contraloría debe adoptar estrategias que no solo detecten la corrupción, sino que también la prevengan. Estas propuestas se centran en la innovación, la colaboración y la eficiencia.
2.1 Implementación de tecnología y digitalización
La digitalización de los procesos de fiscalización es un paso decisivo para optimizar el uso de los recursos de la CGR. La implementación de plataformas de seguimiento en tiempo real permite monitorear el gasto público, la ejecución de proyectos de inversión y los procesos de contratación pública de manera ágil. A través de la interoperabilidad de datos con otras entidades, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), se puede generar un panorama completo y actualizado de la gestión financiera de los municipios.
El uso de big data e inteligencia artificial facilitaría el análisis de grandes volúmenes de información. Estos sistemas pueden identificar patrones de gasto anómalos, como compras fraccionadas o transacciones sospechosas con proveedores vinculados a funcionarios. Esta capacidad analítica avanzada permite a la CGR focalizar sus esfuerzos de auditoría en las áreas de mayor riesgo. Además, la CGR debería fomentar la adopción de tecnologías como el blockchain para asegurar la inmutabilidad de los registros de compras y contratos. El uso de estos instrumentos tecnológicos no solo fortalece la integridad del sistema, sino que también minimiza la posibilidad de manipulaciones.
2.2 Fortalecimiento de la participación ciudadana
La ciudadanía es un actor clave en la lucha contra la corrupción. La Contraloría debe habilitar canales más accesibles y eficientes para que los ciudadanos puedan denunciar actos irregulares. Una plataforma digital, similar a la que usa la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para la denuncia de delitos tributarios, podría recibir denuncias anónimas y geolocalizadas. La primera vez que se emplee la sigla debe estar antecedida por su desarrollo.
Además, se podría implementar un programa robusto de auditores ciudadanos. Estos voluntarios, previamente capacitados por la CGR, colaborarían en la verificación de obras públicas y servicios, reportando inconsistencias a través de una aplicación móvil. La participación activa de la sociedad civil genera un efecto disuasorio y aumenta la rendición de cuentas. Como se señaló en el libro Ética pública: Transparencia y rendición de cuentas en el Perú de S. T. y J. R., la transparencia es un pilar fundamental para la confianza en las instituciones. Este enfoque no solo empodera a los ciudadanos, sino que también extiende el alcance del control social.
2.3 Modernización de los procesos de auditoría
La CGR debe migrar de un modelo de auditoría principalmente reactivo a uno preventivo y concurrente. Esto implica auditar no solo los resultados finales, sino también los procesos de gestión en cada una de sus etapas. Un enfoque basado en riesgos, respaldado por la tecnología, permitiría concentrar los recursos en los sectores y proyectos con mayor probabilidad de irregularidades, como la ejecución de obras públicas o la gestión de programas sociales. Este control concurrente, que acompaña la gestión en tiempo real, permite detectar y corregir desviaciones de manera oportuna, antes de que se consumen los actos de corrupción.
La capacitación constante del personal es crucial. La Contraloría debe invertir en el desarrollo de las habilidades de sus auditores, en particular en áreas como la auditoría forense y la tecnología de la información. El accountability se logra con un equipo competente y preparado para enfrentar los desafíos modernos del control gubernamental. Sin un equipo auditor con las competencias técnicas adecuadas, las herramientas tecnológicas más avanzadas resultan inútiles.
3. Marco normativo y la lucha contra la corrupción
El marco legal vigente otorga a la Contraloría las facultades necesarias para llevar a cabo su labor. El art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (Ley 27785) detalla sus atribuciones. No obstante, es vital que las autoridades competentes, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, actúen con celeridad ante los informes de la Contraloría. La falta de sanciones efectivas y oportunas socava la credibilidad del sistema de control.
Los informes de control no son vinculantes para las autoridades, lo que muchas veces permite que las autoridades locales ignoren las recomendaciones. Una reforma legal que otorgue mayor peso a estos informes, así como la imposición de sanciones administrativas más severas a los funcionarios que los desatiendan, fortalecería la capacidad de la CGR. La propuesta de reforma legal también debería considerar mecanismos de ejecución coactiva de las recomendaciones de la CGR para evitar que queden en letra muerta.
4. Conclusiones
La imperativa transición hacia un modelo de control preventivo y concurrente. La eficacia de la Contraloría General de la República (CGR) no puede seguir supeditada a un enfoque meramente reactivo o ex post, el cual, si bien identifica irregularidades, suele actuar cuando el perjuicio económico al Estado ya es irreversible. Resulta fundamental consolidar el control concurrente como el estándar operativo en los gobiernos regionales y locales. Este acompañamiento sistemático en las etapas de planificación y ejecución de la inversión pública permite detectar desviaciones técnicas o legales de manera oportuna, transformando a la CGR en un órgano de prevención estratégica y no solo en un ente sancionador de hechos consumados.
La tecnología de datos como herramienta de lucha contra la opacidad administrativa. La brecha de fiscalización generada por la dispersión geográfica de los 1,874 distritos del país solo podrá cerrarse mediante una transformación digital agresiva. La implementación de herramientas de Big Data e Inteligencia Artificial no es una opción estética, sino una necesidad funcional para procesar la ingente cantidad de información contractual y financiera. La interoperabilidad total entre la CGR, el MEF y la OSCE permitirá la creación de alertas tempranas ante patrones de corrupción sistémica, como el fraccionamiento de compras o la concentración de la buena pro en proveedores con vínculos de parentesco, garantizando que el control gubernamental sea ubicuo y tecnológicamente ineludible.
El empoderamiento ciudadano como mecanismo de control social y vigilancia territorial. La lucha contra la corrupción en el ámbito descentralizado requiere democratizar la fiscalización. El fortalecimiento de la participación ciudadana, a través de programas de auditores ciudadanos debidamente capacitados y protegidos, dota a la Contraloría de miles de «ojos» en el territorio donde su presencia física es limitada. La transparencia debe dejar de ser un concepto abstracto para convertirse en una herramienta de rendición de cuentas en tiempo real; para ello, es vital que las plataformas de denuncia garanticen el anonimato y la trazabilidad, de modo que el ciudadano se sienta un aliado estratégico y seguro del sistema nacional de control.
La necesidad de una reforma normativa que garantice el carácter vinculante y sancionador. El marco legal actual, si bien otorga amplias facultades de supervisión, adolece de una debilidad crítica: la falta de severidad y celeridad en la ejecución de las recomendaciones de los informes de control. Es imperativo promover una reforma legislativa que otorgue mayor peso jurídico a los hallazgos de la CGR, estableciendo sanciones administrativas automáticas para aquellos funcionarios que desatiendan las recomendaciones de manera injustificada. La impunidad administrativa en los gobiernos locales socava la autoridad de la Contraloría; por tanto, la vinculación efectiva entre los informes de control y las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial es la única vía para restaurar la confianza institucional.
El fortalecimiento del capital humano y la especialización de la auditoría forense. Finalmente, ninguna herramienta tecnológica o reforma legal será suficiente sin un cuerpo de auditores altamente especializados y protegidos frente a las presiones políticas locales. La modernización de la CGR implica invertir en la formación continua en auditoría forense y gestión de riesgos, asegurando que el personal encargado de la fiscalización posea las competencias técnicas para desarticular organizaciones criminales complejas que operan bajo el amparo de la administración pública. El accountability gubernamental solo será una realidad cuando la capacidad técnica del auditor supere la sofisticación de las redes de corrupción que hoy permean los gobiernos regionales y locales.
Referencias
- Instituto Peruano de Economía (2022). Informe IPE. Recuperado de https://ipe.org.pe/unos-1252-municipios-no-cumplen-criterios-para-ser-nuevos-distritos/
- Sánchez, S. y Ramírez, J. (2018). Ética pública: Transparencia y rendición de cuentas en el Perú. Lima: Ediciones Jurídicas.
- Transparencia Internacional. (2022). Índice de Percepción de la Corrupción. Recuperado de https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/per
