La Comisión Europea inició una investigación formal contra la plataforma de comercio electrónico Shein por presuntas infracciones vinculadas a la venta de productos ilegales y al funcionamiento de su servicio digital. El expediente incluye la comercialización de muñecas sexuales con apariencia infantil y posibles deficiencias en los sistemas de control y recomendación de contenidos.
El Ejecutivo comunitario informó que la decisión se adopta tras un requerimiento previo de información realizado en noviembre, cuando se detectaron indicios de que en la plataforma se ofrecían productos que podrían vulnerar la normativa europea. El caso cobró notoriedad en Francia, donde se conoció que «vendedores externos», según la empresa, habían utilizado el sitio para comercializar muñecas con aspecto de niñas, lo que generó protestas y el anuncio del Gobierno francés de suspender la web en ese país.
Tras esos hechos, Bruselas solicitó explicaciones a la compañía. «No como un guiño a Francia», señalaron entonces portavoces de la Comisión, «solo es que nos tomamos esto muy en serio. Estamos diciendo que las muñecas sexuales con aspecto de niña no tienen lugar en Internet. Las armas no tienen lugar en Internet». En el expediente abierto ahora no se menciona el apartado relativo a armas.
Inscríbete aquí Más información
La investigación se centrará en los mecanismos que Shein tiene implementados para limitar la venta de productos ilegales dentro de la Unión Europea, incluido contenido que pueda constituir material de abuso sexual infantil. «Sistemas que Shein tiene implantados para limitar la venta de productos ilegales en la Unión Europea, incluido el contenido que podría constituir material de abuso sexual infantil, como muñecas sexuales con aspecto infantil», se menciona.
El actual procedimiento no tiene un plazo definido y dependerá de factores como la complejidad del caso y el nivel de cooperación de la empresa. Shein está catalogada como una «gran plataforma» bajo el DSA, al contar con 45 millones de usuarios o más, aproximadamente el 10% de la población de la UE, lo que la obliga a cumplir exigencias adicionales en materia de control de contenidos, transparencia y acceso a datos. De comprobarse incumplimientos, la Comisión podría imponer medidas correctivas o sanciones económicas.
