El Ilustre Colegio de Abogados de Puno informó a la opinión pública que, el 26 de junio del año en curso, el decano de la Orden, Dr. José Luis Ticona Yanqui, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley 32293, norma que según el gremio «ha generado gran rechazo por atentar contra derechos y principios fundamentales garantizados en la Constitución en favor de las Comunidades Campesinas».
La Ley 32293, aprobada y promulgada en abril de 2025, afecta —sostiene el Colegio— el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas, así como el principio de igualdad y el respeto a los derechos colectivos». En ese sentido, afirmó que «diversos especialistas, organizaciones sociales y autoridades locales manifestaron de manera individual y colectiva su preocupación, ya que esta ley abre la puerta a vulneraciones que pueden poner en riesgo el territorio, los recursos y los derechos ancestrales de comunidades enteras».
Entre los principales cuestionamientos que señala la Orden de Puno contra la Ley 32293 se encuentran:
- Vulnera el derecho constitucional a la propiedad comunal, reconocido en los artículos 88 y 89 de la Constitución.
- Debilita la seguridad jurídica de las comunidades campesinas, facilitando el despojo de tierras que son su sustento y herencia cultural.
- Afecta el principio de igualdad y no discriminación, al exponer a comunidades vulnerables a situaciones de mayor desprotección.
- Contradice tratados internacionales ratificados por el Perú, como el Convenio 169 de la OIT, que protege los derechos de los pueblos indígenas y comunidades originarias.
Cabe apuntar que el Ilustre Colegio de Abogados de Puno, el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Red Muqui y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en un trabajo de alianza estratégica, elaboraron los fundamentos de la demanda, la misma que fue presentada, conforme a la Constitución, por el gremio profesional.
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