TUO del Código de Ejecución Penal (Decreto Supremo 003-2021-JUS) [actualizado 2026]

El Código de Ejecución Penal fue aprobado mediante el Decreto Legislativo 654, promulgado el 31 de julio de 1991 y publicado el 2 de agosto de 1991. Posteriormente, el 27 de febrero de 2021 se publicó el Texto Único Ordenado mediante el Decreto Supremo 003-2021-JUS.

La última modificación que se introdujo al Código de Ejecución Penal se dio mediante los decretos legislativos 1736 y 1737, publicados el 12 de febrero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

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Decreto Supremo que aprueba el TUO del Código de Ejecución Penal

DECRETO SUPREMO Nº 003-2021-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 654 se aprobó el Código de Ejecución Penal, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de agosto de 1991;

Que, posteriormente, se han aprobado diversas normas modificatorias del Código de Ejecución Penal, incluyendo las establecidas mediante los Decretos Legislativos Nºs. 826, 921, 984, 1123, 1229, 1239, 1296, 1325 y 1328, entre otras normas legales, alcanzando a afectarse a casi el 25% de su texto original, resultando así necesario aprobar un Texto Único Ordenado, el cual compile y ordene los cambios introducidos hasta la fecha;

Que, el literal a) del artículo 6 de la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establece que es su función rectora el velar porque la labor del Poder Ejecutivo se enmarque dentro del respeto a la Constitución Política del Perú y la legalidad, disponiendo su artículo 7 que entre sus funciones específicas se encuentran la promoción de la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico nacional, siempre que no corresponda a materias propias de otros sistemas administrativos o funcionales; y la sistematización de la legislación de carácter general;

Que, asimismo, de acuerdo con la Sexta Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2009-JUS, las entidades del Poder Ejecutivo se encuentran facultadas a compilar en el respectivo Texto Único Ordenado las modificaciones efectuadas a disposiciones legales o reglamentarias de alcance general correspondientes al sector al que pertenecen, con la finalidad de compilar toda la normativa en un solo texto; y su aprobación se produce mediante decreto supremo del sector correspondiente, debiendo contar con la opinión previa favorable de este Ministerio;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y, en la Ley N 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal

Apruébase el Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal, que consta de nueve (09) títulos, diecisiete (17) capítulos, siete (7) secciones, ciento cuarenta y ocho (148) artículos, una (1) Disposición Complementaria Final, una (1) Disposición Complementaria Transitoria y una (1) Disposición Complementaria Derogatoria.

Artículo 2.- Publicación

Dispóngase la publicación del presente Decreto Supremo en el diario oficial El Peruano, en el Portal Institucional del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus), el mismo día de la publicación de la presente norma.

Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

EDUARDO VEGA LUNA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

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TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I. Objeto de regulación

Este Código, de acuerdo con el artículo 234 de la Constitución Política del Perú, regula la ejecución de las siguientes penas dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes:

1.- Pena privativa de libertad.

2.- Penas restrictivas de libertad.

3.- Penas limitativas de derechos.

Comprende, también, las medidas de seguridad.

(Texto según el artículo I del Decreto Legislativo 654, cuya referencia es a la Constitución Política de 1979. La norma a la cual se remite este artículo tiene su símil en el artículo 139, inciso 22, de la vigente Constitución)

Artículo II. Objetivos de la Ejecución Penal

La ejecución penal tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

La misma regla se aplica al procesado, en cuanto fuera pertinente.

(Texto según el artículo II del Decreto Legislativo 654)

Artículo III. Principio de Humanidad

La ejecución penal y las medidas privativas de libertad de los procesados están exentas de tortura o trato inhumano o humillante y de cualquier otro acto o procedimiento que atente contra la dignidad del interno.

(Texto según el artículo III del Decreto Legislativo 654)

Artículo IV. Sistemas de tratamiento penitenciario*

El tratamiento penitenciario para los internos mayores de veintiún años se lleva a cabo mediante el sistema progresivo, mientras que para los internos de dieciséis a veintiún años se utiliza el sistema de individualización científica.

(Texto según el artículo IV del Decreto Legislativo 654, modificado según la Primera DCM de la Ley 32330, publicada el 10 de mayo de 2025)

Artículo V. Derechos subsistentes del interno

El régimen penitenciario se desarrolla respetando los derechos del interno no afectados por la condena.

Está prohibida toda discriminación racial, social, política, religiosa, económica, cultural o de cualquier otra índole.

(Texto según el artículo V del Decreto Legislativo 654)

Artículo VI. Asistencia Post-Penitenciaria

La sociedad, las instituciones y las personas participan en forma activa en el tratamiento del interno y en acciones de asistencia post-penitenciaria.

(Texto según el artículo VI del Decreto Legislativo 654)

Artículo VII. Traslado de condenados al exterior*

La transferencia de personas extranjeras o nacionales condenadas por jueces peruanos para el cumplimiento de las penas impuestas en su país de origen o en el de su residencia habitual se regirá por los Tratados o Convenios Internacionales sobre la materia y el principio de reciprocidad por razones humanitarias y leyes respectivas.

No se autorizará la transferencia de aquellos que se encuentren condenados por delitos de terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria o del agente que actúa como cabecilla o dirigente de una organización destinada al tráfico ilícito de drogas, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados o Convenios Internacionales en los que el Perú es parte.

La transferencia se autorizará mediante Resolución Suprema.

(Texto según el artículo VII del Decreto Legislativo 654, modificado por el artículo único de la Ley 27090, del 22 de abril de 1999)

Artículo VIII. Retroactividad e interpretación benigna

La retroactividad y la interpretación de este Código se resuelven en lo más favorable al interno.

(Texto según el artículo VIII del Decreto Legislativo 654)

Artículo IX. Protección de madres internas e hijos

La interna gestante o madre y los hijos menores de ésta que conviven con ella gozan de amplia protección del Sistema Penitenciario.

(Texto según el artículo IX del Decreto Legislativo 654)

Artículo X. Recomendaciones de las NN. UU.

El Sistema Penitenciario acoge las disposiciones, conclusiones y recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente.

(Texto según el artículo X del Decreto Legislativo 654)

TÍTULO I
EL INTERNO

Artículo 1. Derechos del interno

El interno goza de los mismos derechos que el ciudadano en libertad sin más limitaciones que las impuestas por la ley y la sentencia respectiva.

(Texto según el artículo 1 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 2. Judicialidad de la condena y legalidad penitenciaria

El interno ingresa al Establecimiento Penitenciario sólo por mandato judicial, en la forma prevista por la ley. Es ubicado en el Establecimiento que determina la Administración Penitenciaria.

(Texto según el artículo 2 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 3. Ambiente adecuado y tratamiento integral

El interno ocupa un ambiente adecuado y está sujeto a tratamiento integral desde su ingreso hasta su liberación.

(Texto según el artículo 3 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 4. Nombre del interno

El interno debe ser llamado por su nombre.

(Texto según el artículo 4 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 5. Observancia de disposiciones

El interno debe observar las disposiciones sobre orden, aseo y disciplina.

(Texto según el artículo 5 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 6. Examen médico

Al ingresar al Establecimiento Penitenciario, el interno es examinado por el servicio de salud para conocer su estado físico y mental. Si se encuentran huellas de maltratos físicos, se comunica inmediatamente al representante del Ministerio Público y, en su caso, al Juez competente.

(Texto según el artículo 6 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 7. Agrupaciones de internos

Los internos pueden formar agrupaciones culturales o deportivas y aquellas que el Reglamento autorice.

(Texto según el artículo 7 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 8. Derecho de comunicar ingreso o traslado a otro Establecimiento Penitenciario

El interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su familia y abogado su ingreso o su traslado a otro Establecimiento Penitenciario.

(Texto según el artículo 8 del Decreto Legislativo 654)

TÍTULO II
RÉGIMEN PENITENCIARIO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 9. Información al interno

Al ingresar a un Establecimiento Penitenciario, el interno es informado de sus derechos y obligaciones y se le entrega una cartilla con las normas de vida que rigen en el Establecimiento. Si es analfabeto, dicha información le es proporcionada oralmente.

(Texto según el artículo 9 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 10. Ficha y expediente personal

Cada interno tiene una ficha de identificación penológica y un expediente personal respecto a su situación jurídica y tratamiento penitenciario. Tiene derecho a conocer y ser informado de dicho expediente.

(Texto según el artículo 10 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 11. Criterios de separación de internos*

Los internos están separados de acuerdo a los siguientes criterios básicos:

1.- Los varones de las mujeres.

2.- Los procesados de los sentenciados.

3.- Los primarios de los que no lo son.

4.- Los de dieciséis a veintiún años de los de mayor edad.

5.- Los vinculados a organizaciones criminales de los que no lo están

6.- Los que, a través de la evaluación de la Junta Técnica de Clasificación, obtienen una prognosis favorable para su readaptación de los que requieren mayor tratamiento.

7.- Otros que determine el Reglamento.

(Texto según el artículo 11 del Decreto Legislativo 654, modificado por la Primera DCM de la Ley 32330, del 10 de mayo de 2025)

Artículo 12. Ubicación de internos en un establecimiento penitenciario

En los establecimientos transitorios y otros que hagan sus veces, la Junta Técnica de Clasificación encargada de determinar el establecimiento penitenciario que corresponde a un interno, incorporará como criterio de evaluación, si el interno se encuentra o no vinculado a una organización criminal, en cuyo caso optará por un establecimiento que ofrezca razonables condiciones de seguridad.

(Texto según el artículo 11-A del Decreto Legislativo 654, incorporado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 984, del 22 de julio de 2007)

Artículo 13. Clasificación de las personas privadas de libertad en un régimen penitenciario*

13.1 Las personas privadas de libertad que tengan la condición de procesados están sujetas a las reglas del Régimen Cerrado Ordinario. Excepcionalmente, y previo informe debidamente fundamentado de la Junta Técnica de Clasificación, pueden ser clasificados en alguna de las etapas del Régimen Cerrado Especial. Dicho informe no es exigible si el procesado se encuentra en los supuestos previstos en el párrafo 11-B.3 del presente artículo.

13.2 La vinculación de la persona privada de libertad a una organización criminal y/o su condición de requerir un mayor tratamiento para su readaptación, conjuntamente con la evaluación de su perfil personal, fundamentan su clasificación en una de las etapas del Régimen Cerrado Especial.

13.3 Es clasificado automáticamente por la Junta Técnica de Clasificación en la Etapa “Extrema Seguridad” del Régimen Cerrado Especial, el sentenciado o procesado que:

a) Se encuentre condenado o investigado por alguno de los delitos previstos en los artículos 108-C, 152, los párrafos 200.1, 200.2, 200.6, 200.7, 200.8 y 200.9 del artículo 200 y el artículo 318-B del Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635, cometido como integrante de una banda criminal o de una organización criminal; o,

b) Sea considerado como jefe, líder, cabecilla u otro equivalente, de una banda criminal o de una organización criminal, con independencia del delito por el que se encuentre condenado o investigado; o,

c) Encontrándose recluido en un establecimiento penitenciario, cometa alguno de los delitos señalados en el literal a) del presente párrafo.

13.4 La aplicación de la clasificación automática prevista en el párrafo anterior rige únicamente para las personas privadas de libertad que hayan tenido dieciocho (18) años cumplidos al momento de la comisión del hecho delictivo. No resulta aplicable si la persona privada de libertad es integrante de una comunidad campesina o nativa, es mayor de sesenta y cinco (65) años, tiene la condición de discapacidad severa acreditada con certificado de discapacidad o carnet del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), o se trata de mujer gestante, madre lactante o madre con hijos menores de tres (3) años.

13.5 La clasificación automática en la Etapa “Extrema Seguridad” del Régimen Cerrado Especial tiene una determinación estrictamente normativa y constituye un acto de administración penitenciaria no susceptible de impugnación administrativa. Se formaliza conforme lo regulado en el Reglamento.

(Texto según el artículo 11-B del Decreto Legislativo 654, modificado por el artículo 3 del Decreto Legislativo 1737, del 12 de febrero de 2026)

Artículo 14. Clasificación de las personas privadas de libertad en las etapas del Régimen Cerrado Ordinario y Régimen Cerrado Especial*

14.1 En el Régimen Cerrado Ordinario, las personas privadas de libertad deben ser clasificadas en las siguientes etapas:

1. Máxima Seguridad;

2. Mediana Seguridad; y,

3. Mínima Seguridad.

14.2 En la etapa de Máxima Seguridad, la persona privada de libertad se encuentra sujeta a estricta disciplina y mayor control. Las personas privadas de libertad procesadas o sentenciadas vinculadas a organizaciones criminales que no hayan sido clasificadas en el Régimen Cerrado Especial necesariamente son clasificadas en la etapa de Máxima Seguridad.

14.3 Las personas privadas de libertad clasificadas en las etapas de Mínima, Mediana y Máxima Seguridad deben permanecer recluidos en áreas diferenciadas y separadas.

14.4 En el Régimen Cerrado Especial, las personas privadas de libertad deben ser clasificadas en las siguientes etapas:

1. Etapa “Extrema Seguridad”;

2. Etapa “A”;

3. Etapa “B”; y

4. Etapa “C”.

14.5 Las etapas del Régimen Cerrado Especial se caracterizan por el énfasis en las medidas de seguridad, control y disciplina.

14.6 Las personas privadas de libertad clasificadas en las etapas “Extrema Seguridad”, “A”, “B” y “C” permanecen recluidas en áreas diferenciadas y separadas, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento por la autoridad penitenciaria.

14.7 La progresión, regresión o permanencia de las personas privadas de libertad en las distintas etapas del Régimen Cerrado Ordinario y del Régimen Cerrado Especial se regulan en el Reglamento.

14.8 La permanencia y progresión de las personas privadas de libertad en la Etapa “Extrema Seguridad” se rige por criterios objetivos y diferenciados, conforme a lo establecido en el Reglamento.

(Texto según el artículo 11-C del Decreto Legislativo 654, modificado por el artículo 3 del Decreto Legislativo 1737, del 12 de febrero de 2026)

Artículo 15. Alojamiento del interno*

El interno es alojado en un ambiente individual o colectivo, de acuerdo a la clasificación que determine la Junta Técnica de Clasificación, donde recibirá el tratamiento penitenciario correspondiente.

(Texto según el artículo 12 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 1 del Decreto Legislativo 1239, del 26 de setiembre de 2015)

Artículo 16. Custodia de objetos de valor del interno

Todo objeto de valor, salvo los de uso personal que lleve consigo el interno, previo inventario, podrá quedar bajo custodia de la Administración Penitenciaria, o será entregado a la persona que aquél determine.

(Texto según el artículo 13 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 17. Derecho de queja y petición

El interno tiene derecho a formular quejas y peticiones ante el Director del Establecimiento Penitenciario.

En caso de no ser atendido, el interno puede recurrir, por cualquier medio, al representante del Ministerio Público.

(Texto según el artículo 14 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 18. Revisión y registro de internos

Las revisiones y registros del interno, de sus pertenencias o del ambiente que ocupa, se realizan en presencia del Director o Sub-Director y del Jefe de Seguridad del Establecimiento, si son de rutina. En el caso de ser súbitas o extraordinarias, debe contarse con la presencia del representante del Ministerio Público.

(Texto según el artículo 15 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 19. Vestimenta de la persona privada de libertad*

19.1 La persona privada de libertad utiliza vestimenta proporcionada por la administración penitenciaria de acuerdo con su régimen o, de manera excepcional, prendas de vestir propias o proporcionada por sus familiares.

19.2 La vestimenta del interno debe ser adecuada, no exceder la cantidad máxima permitida, entre otros, conforme a las directivas o protocolos de vestimenta aprobados por el Instituto Nacional Penitenciario.

19.3 Para los casos de conducción y traslado fuera del establecimiento penitenciario, la administración penitenciaria dispone el uso de la vestimenta que corresponda, atendiendo a criterios de seguridad, identificación y custodia, con independencia de lo previsto en los párrafos precedentes.

19.4 En todos los supuestos, la vestimenta del interno debe encontrarse desprovista de signos, distintivos o características que impliquen un trato degradante, humillante o que atente contra su dignidad.

(Texto según el artículo 16 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 3 del Decreto Legislativo 1737, del 12 de febrero de 2026)

Artículo 20. Alimentación

La Administración Penitenciaria proporciona al interno la alimentación preparada que cumpla con las normas dietéticas y de higiene establecidas por la autoridad de salud.

(Texto según el artículo 17 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 21. Participación del interno en actividades diversas

Dentro del Establecimiento Penitenciario se promueve y estimula la participación del interno en actividades de orden educativo, laboral, recreativo, religioso y cultural.

(Texto según el artículo 18 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 22. La libertad del interno

La libertad del interno sólo puede ser otorgada por la autoridad competente y en la forma prevista por la ley.

La orden de libertad es cumplida de inmediato, bajo responsabilidad del Director del Establecimiento Penitenciario.

(Texto según el artículo 19 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 23. Certificado de libertad

Al momento de su liberación, se entrega al interno un certificado de libertad.

(Texto según el artículo 20 del Decreto Legislativo 654)

CAPÍTULO SEGUNDO
DISCIPLINA

Artículo 24. Objeto del régimen disciplinario

El régimen disciplinario tiene por objeto la convivencia pacífica de los internos y mantener el orden en los Establecimientos Penitenciarios.

(Texto según el artículo 21 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 25. Caracteres del régimen disciplinarios

El régimen disciplinario es riguroso en los Establecimientos Penitenciarios cerrados y se atenúa en los Establecimientos Penitenciarios semi-abiertos y abiertos, tendiendo hacia la autodisciplina del interno.

(Texto según el artículo 22 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 26. Falta disciplinaria

Incurre en falta disciplinaria el interno que infringe las disposiciones establecidas en este Capítulo.

(Texto según el artículo 23 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 27. Clases de faltas disciplinarias

Las faltas disciplinarias se clasifican en graves y leves. Se sancionan sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar.

(Texto según el artículo 24 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 28. Faltas disciplinarias graves*

Son faltas disciplinarias graves:

1.- Impedir o entorpecer el tratamiento de los demás internos.

2.- Poner en peligro su propia seguridad, la de los otros internos o la del Establecimiento Penitenciario.

3.- Interferir o desobedecer las disposiciones de seguridad.

4.- Poseer o consumir drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.

5.- Realizar comunicaciones con fines delictivos a través de los servicios de telecomunicación autorizados por el establecimiento penitenciario.

6.- Realizar actos contrarios a la moral.

7.- Instigar o participar en motines, huelgas o desórdenes colectivos.

8.- Intentar evadirse del Establecimiento Penitenciario.

9.- Agredir a cualquier persona que se encuentre en el Establecimiento Penitenciario.

10.- Negarse a ingerir alimentos como acto de protesta o rebeldía.

11.- Negarse a asistir a diligencias judiciales en forma injustificada.

12.- Cometer cualquier otro acto similar previsto en el Reglamento.

(Texto según el artículo 25 del Decreto Legislativo 654, cuyo numeral 5 original fue modificado por la Tercera DCM del Decreto Legislativo 1688, del 2 de octubre de 2024)

Artículo 29. Faltas disciplinarias leves*

Son faltas disciplinarias leves:

1.- Negarse a trabajar o a asistir a las actividades educativas, sin justificación.

2.- Transitar o permanecer en zonas prohibidas del Establecimiento Penitenciario, sin autorización.

3.- Emplear palabras soeces o injuriosas en el trato con las demás personas.

4.- Dañar o dar mal uso a las instalaciones del Establecimiento Penitenciario.

5.- Incumplir las disposiciones sobre alojamiento, higiene, vestimenta, aseo, horario, visitas, comunicaciones, traslados y registros.

6.- No presentarse cuando sea requerido por las autoridades del Establecimiento Penitenciario.

7.- Incumplir las demás disposiciones sobre el Régimen Penitenciario que establece el Reglamento.

(Texto según el artículo 26 del Decreto Legislativo 654, modificado por el artículo 3 del Decreto Legislativo 1737, del 12 de febrero de 2026)

Artículo 30. Sanciones disciplinarias

Sólo pueden imponerse las siguientes sanciones disciplinarias:

1.- Amonestación.

2.- Privación de paseos o actos recreativos comunes, cuando corresponda hasta un máximo de treinta días.

3.- Limitación de las comunicaciones con el exterior hasta un máximo de treinta días.

4.- Privación de permisos de salida hasta un máximo de sesenta días.

5.- Aislamiento hasta un máximo de treinta días, salvo lo dispuesto en el artículo 33.

(Texto según el artículo 27 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 31. Sanción de aislamiento

La sanción de aislamiento es de aplicación sólo en los casos en que el interno manifiesta agresividad o violencia y cuando reiterada y gravemente altera la normal convivencia en el Establecimiento Penitenciario.

(Texto según el artículo 28 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 32. Informe médico previo al aislamiento

La sanción de aislamiento se cumple previo informe médico al Director del Establecimiento Penitenciario, el mismo que puede suspender o modificar la sanción de acuerdo al estado de salud del interno.

(Texto según el artículo 29 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 33. Exentos a la sanción de aislamiento

No se aplica la sanción de aislamiento:

1.- A la mujer gestante.

2.- A la madre que tuviera hijos consigo; y

3.- Al interno mayor de sesenta años.

(Texto según el artículo 30 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 34. Lugar de aislamiento

El aislamiento se cumple en el ambiente que habitualmente ocupa el interno o en el que determina la Administración Penitenciaria.

(Texto según el artículo 31 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 35. Aislamiento no exonera de trabajo

El interno sancionado con aislamiento no es exonerado del trabajo, siempre que le sea posible efectuarlo dentro del ambiente que ocupa. Se le permite tener material de lectura.

(Texto según el artículo 32 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 36. Duración del aislamiento, cuando sigue vigente sanción anterior

La sanción de aislamiento será no mayor de cuarenticinco días cuando la falta disciplinaria se comete dentro de la vigencia de una sanción anterior de aislamiento.

(Texto según el artículo 33 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 37. Información de falta cometida

El interno es informado de la falta que se le atribuye permitiéndosele ejercitar su defensa.

(Texto según el artículo 34 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 38. Prohibición de función disciplinaria

El interno no debe ejercer función disciplinaria alguna.

(Texto según el artículo 35 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 39. Autorización y finalidad de las medidas coercitivas

39.1 Sólo con autorización del Director del Establecimiento Penitenciario podrá utilizarse los medios coercitivos que se establecen en el Reglamento, para impedir actos de evasión, violencia de los internos o alteraciones del orden, que afecten la seguridad del Establecimiento Penitenciario.

39.2 El uso de las medidas coercitivas está dirigido exclusivamente al restablecimiento de la normalidad y subsistirá sólo el tiempo estrictamente necesario.

(Texto según el artículo 36 del Decreto Legislativo 654)

CAPÍTULO TERCERO
VISITAS Y COMUNICACIONES

Artículo 40. Derecho de comunicación*

40.1 El interno puede comunicarse periódicamente, en forma oral y escrita y en su propio idioma, con sus familiares, amigos, representantes diplomáticos y organismos e instituciones de asistencia penitenciaria, salvo la incomunicación declarada por la autoridad judicial en el caso del procesado, conforme a los artículos 140, 141 y 142 del Código Procesal Penal.

40.2 Las comunicaciones se realizan respetando la intimidad y privacidad del interno y sus interlocutores, y deben efectuarse exclusivamente a través de los medios autorizados por el establecimiento penitenciario.

(Texto según el artículo 37 del Decreto Legislativo 654, modificado según la Tercera DCM del Decreto Legislativo 1688, del 2 de octubre de 2024)

Artículo 40-A. Prohibición de equipos de telecomunicaciones no autorizados*

Se prohíbe el uso de equipos terminales y sus componentes relacionados con servicios de telecomunicaciones que permitan la transmisión de voz y/o datos, distintos a los autorizados por el establecimiento penitenciario. Esto incluye, equipos móviles o inalámbricos, satelitales, radios transceptores y otros dispositivos similares, cuyo ingreso se encuentra prohibido, salvo lo establecido en el 241-A del Reglamento del Código de Ejecución Penal, aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS.

Las comunicaciones realizadas por internos a través de servicios de telecomunicaciones no autorizados, constituyen comunicaciones ilegales no amparadas por el marco legal vigente. En estos casos, el INPE adopta las medidas disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las sanciones administrativas y/o penales que resulten aplicables conforme al marco legal.

(Texto según el artículo 37-A del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Cuarta DCM del Decreto Legislativo 1688, del 2 de octubre de 2024)

Artículo 40-B. Interceptación de comunicaciones ilegales*

La Policía Nacional del Perú, en ejercicio de sus acciones de inteligencia, puede interceptar las comunicaciones ilegales que provengan de los establecimientos penitenciarios con la finalidad de prevenir, investigar y perseguir el delito.

(Texto según el artículo 37-A del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Única DCM de la Ley 32209, del 20 de diciembre de 2024)

Artículo 41. Promoción de comunicaciones y visitas

La Administración Penitenciaria estimula e intensifica las comunicaciones y visitas en cuanto sean beneficiosas para el interno y evita aquellos contactos con el exterior que le resulten perjudiciales.

(Texto según el artículo 38 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 42. Condiciones para las visitas*

El ingreso, número, tipo, periodicidad, horario, tiempo de permanencia y otras condiciones para las visitas, en los establecimientos penitenciarios, así como los ambientes destinados para tal fin y artículos permitidos, se establece en el Reglamento.

(Texto según el artículo 39 del Decreto Legislativo 654, modificado por la Tercera DCM del Decreto Legislativo 1325, del 6 de enero de 2017)

Artículo 43. Sanción administrativa a las visitas por ingreso de artículos considerados como delitos*

Los visitantes a los establecimientos penitenciarios intervenidos en posesión de armas de fuego, municiones, sustancias que representan delitos y otros artículos prohibidos que establece la Ley Nº 29867; sin perjuicio de la acción penal correspondiente, serán sancionados administrativamente por el Consejo Técnico Penitenciario hasta con la suspensión definitiva de ingreso a cualquier establecimiento penitenciario. La graduación de la sanción y las disposiciones referidas al procedimiento serán reguladas en el reglamento.

(Texto según el artículo 39-A del Decreto Legislativo 654, incorporado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1239, del 26 de setiembre de 2015)

Artículo 44. Sanción administrativa a las visitas por ingreso de artículos considerados como prohibidos*

Los visitantes a los establecimientos penitenciarios intervenidos en posesión de artículos prohibidos administrativamente, o que incurran en conductas que alteren el orden y la seguridad serán sancionados por el Consejo Técnico Penitenciario correspondiente con suspensión de ingreso a cualquier establecimiento penitenciario, que puede ser desde un mes hasta la suspensión definitiva. La graduación de la sanción y las disposiciones referidas al procedimiento serán reguladas en el reglamento.

(Texto según el artículo 39-B del Decreto Legislativo 654, incorporado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1239, del 26 de setiembre de 2015)

Artículo 45. Entrevista con Abogado Defensor

El interno tiene derecho a entrevistarse y comunicarse en privado con su abogado defensor, en un ambiente adecuado. Este derecho no puede ser suspendido ni intervenido, bajo responsabilidad del Director del Establecimiento Penitenciario.

(Texto según el artículo 40 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 46. Comunicación de fallecimiento o enfermedad del interno o sus familiares

El Director del Establecimiento Penitenciario debe informar al interno sobre el fallecimiento o enfermedad de los familiares de éste o de personas íntimamente vinculadas a él o, en su caso, comunicará a éstos sobre la muerte, enfermedad o accidente grave del interno.

(Texto según el artículo 41 del Decreto Legislativo 654)

CAPÍTULO CUARTO
BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Artículo 47. Beneficios penitenciarios

Los beneficios penitenciarios son los siguientes:

1.- Permiso de salida.

2.- Redención de la pena por el trabajo y la educación.

3.- Semi-libertad.

4.- Liberación condicional.

5.- Visita íntima.

6.- Otros beneficios.

(Texto según el artículo 42 del Decreto Legislativo 654)

SECCIÓN I
PERMISO DE SALIDA

Artículo 48. Permiso de salida

48.1 El permiso de salida puede ser concedido al interno hasta un máximo de 72 horas, en los casos siguientes:

1.- Enfermedad grave, debidamente comprobada con certificación médica oficial, o muerte del cónyuge o concubino, padres, hijos o hermanos del interno.

2.- Nacimiento de hijos del interno.

3.- Realizar gestiones personales, de carácter extraordinario, que demanden la presencia del interno en el lugar de la gestión.

4.- Realizar gestiones para la obtención de trabajo y alojamiento ante la proximidad de su liberación.

48.2 Este beneficio puede ser concedido por el Director del Establecimiento Penitenciario, dando cuenta al representante del Ministerio Público y, en su caso, al Juez que conoce del proceso, y adoptará las medidas necesarias de custodia, bajo responsabilidad.

(Texto según el artículo 43 del Decreto Legislativo 654)

SECCIÓN II
REDENCIÓN DE LA PENA POR EL TRABAJO Y LA EDUCACIÓN

Artículo 49. Redención de pena por el trabajo*

49.1 El interno ubicado en la etapa de mínima y mediana seguridad del régimen cerrado ordinario redime la pena mediante el trabajo a razón de un día de pena por un día de labor efectiva.

49.2 En caso de encontrarse en la etapa de máxima seguridad del régimen cerrado ordinario, la redención será a razón de un día de pena por cuatro días de labor efectiva.

49.3 En caso de encontrarse en la etapa “C” del régimen cerrado especial, la redención será a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva.

49.4 En caso de encontrarse en la etapa “B” del régimen cerrado especial, la redención será a razón de un día por seis días de labor efectiva.

49.5 En caso de encontrarse en la etapa “A” del régimen cerrado especial, la redención será a razón de un día de pena por siete días de labor efectiva.

49.6 Los regímenes penitenciarios y las etapas aplicables a los internos se encuentran regulados en el Reglamento del Código de Ejecución Penal.

(Texto según el artículo 44 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 4 del Decreto Legislativo 1585, del 22 de noviembre de 2023)

Artículo 50. Redención de pena por estudio*

50.1 El interno ubicado en la etapa de “mínima” y “mediana” seguridad del régimen cerrado ordinario redime la pena mediante la educación a razón de un día de pena por un día de estudio, aprobando previamente la evaluación periódica de los estudios.

50.2 En el caso de encontrarse en la etapa de “máxima” seguridad del régimen cerrado ordinario, la redención será a razón de un día de pena por cuatro días de estudio, aprobando previamente la evaluación periódica de los estudios.

50.3 En caso de encontrarse en la etapa “C” del régimen cerrado especial, la redención será a razón de un día de pena por cinco días de estudio, aprobando previamente la evaluación periódica de los estudios.

50.4 En caso de encontrarse en la etapa “B” del régimen cerrado especial, la redención será a razón de un día de pena por seis días de estudio, aprobando previamente la evaluación periódica de los estudios.

50.5 En caso de encontrarse en la etapa “A” del régimen cerrado especial, la redención será a razón de un día de pena por siete días de estudio, aprobando previamente la evaluación periódica de los estudios.

(Texto según el artículo 45 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 4 del Decreto Legislativo 1585, del 22 de noviembre de 2023)

Artículo 51. Improcedencia y casos especiales de redención de pena por trabajo o estudio*

51.1 No es procedente el beneficio penitenciario de redención de pena por trabajo o educación para aquellas personas privadas de libertad que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado, conforme a la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Tampoco es procedente para las personas privadas de libertad sentenciadas por los delitos previstos en los artículos 108-C, 129-A, 129-B, 129-C, 129-Ñ, 129-D, 129-E, 129- F, 129-G, 129-H, 129-K, 129-L, 200, 317, 317-B y en los capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo del Código Penal.

51.2 En los casos de personas privadas de libertad que hayan cometido el delito previsto en el artículo 189 del Código Penal, la redención de pena por trabajo o educación se realiza a razón de un día de pena por cinco días de labor o de estudio, respectivamente.

51.3 En los casos de personas privadas de libertad que hayan cometido los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121-B, 279-G, 297, 317-A y 319 a 323 del Código Penal, la redención de pena por trabajo o educación se realiza a razón de un día de pena por siete días de labor o de estudio, respectivamente.

51.4 Los reincidentes y habituales de cualquier delito, siempre que no se encuentre prohibida la redención, redimen la pena mediante el trabajo o la educación a razón de un día de pena por siete días de labor efectiva o de estudio, respectivamente.

(Texto según el artículo 46 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 3 del Decreto Legislativo 1737, del 12 de febrero de 2026)

Artículo 52. Sobre la acumulación de la redención de pena por el estudio y el trabajo*

52.1 El beneficio de la redención de la pena por el trabajo y la educación no es acumulable cuando estos se realizan simultáneamente, a excepción del interno que se encuentre en la etapa de mínima seguridad del régimen cerrado ordinario y que cuente con tres evaluaciones consecutivas favorables.

52.2 Siempre que la ley no prohíba la redención, el interno podrá acumular el tiempo de permanencia efectiva en el establecimiento penitenciario con el tiempo de pena redimido por trabajo o educación para el cumplimiento de la condena o el cumplimiento del tiempo requerido para acceder a la semilibertad o a la liberación condicional. En estos casos se deberá cumplir con el procedimiento y requisitos establecidos por el Reglamento.

(Texto según el artículo 47 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 4 del Decreto Legislativo 1585, del 22 de noviembre de 2023)

Artículo 52-A. Control judicial de la redención de pena por trabajo o educación para el cumplimiento de la condena*

52-A.1 Cuando la acumulación del tiempo de permanencia efectiva y del tiempo de pena redimido por trabajo y/o educación habilite el egreso de la persona privada de libertad por cumplimiento de la pena, este se encuentra sujeto a control judicial previo.

52-A.2 Presentada la solicitud por la persona privada de libertad, la autoridad penitenciaria organiza el expediente administrativo conforme al artículo 210 del Reglamento del presente Código, realiza el cómputo conforme a ley y lo remite al juez competente.

52-A.3 El juez competente evalúa la procedencia del cumplimiento de la condena mediante redención de pena, verificando:

a) La legalidad y exactitud del cómputo efectuado por la autoridad penitenciaria;

b) La autenticidad y validez de la documentación que acredita el trabajo y/o educación realizados; y,

c) El grado de readaptación alcanzado por el interno y el pronóstico razonable de su conducta en libertad, conforme a los criterios del artículo 52 del presente Código.

52-A.4 Para personas privadas de libertad sentenciadas por delitos contra la administración pública previstos en el Capítulo II del Título XVIII del Código Penal; homicidio calificado, previsto en el artículo 108 del Código Penal; extorsión seguida de muerte o lesiones graves, previsto en el literal c, último párrafo del artículo 200 del Código Penal; secuestro con muerte subsecuente o lesiones graves, conforme al numeral 3, último párrafo del artículo 152 del Código Penal; y, por los delitos previstos en el artículo 317 y 317-B del Código Penal, se requiere adicionalmente:

a) Informe psicológico que precise el grado de rehabilitación del interno que implique razonablemente que no constituye peligro para la sociedad;

b) Pago íntegro de la reparación civil y multas impuestas en la sentencia, de ser el caso.

52-A.5 Para los sentenciados por los delitos previstos en el Decreto Ley N° 25475, cuya solicitud se encuentre en trámite conforme lo señalado en la Única Disposición Transitoria de la Ley N° 29423, se aplica lo dispuesto en el párrafo precedente. En los demás casos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 29423, los sentenciados por delitos de terrorismo o traición a la patria no pueden acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de pena por trabajo o educación.

52-A.6 El procedimiento se rige por el artículo 53 del presente Código. El Juez convoca a audiencia con intervención del Ministerio Público, del interno y de su abogado, valorando los informes técnicos emitidos por la autoridad penitenciaria. El Juez resuelve dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción del expediente.

52-A.7 Verificados los requisitos previstos en los párrafos precedentes, declara el cumplimiento de la condena y dispone la libertad del interno mediante resolución motivada. De lo contrario, la deniega, sin perjuicio de nuevas solicitudes una vez cumplidos los requisitos.

52-A.8 Se exceptúan del control judicial previo las personas privadas de libertad sentenciadas por:

a) Delitos culposos previstos en el Código Penal;

b) Delitos previstos en el Capítulo II del Título I y artículo 122, Título II y III del Código Penal;

c) Delitos previstos en el Capítulo I, II y II-A, III, IV, V, VI, VIII, IX, artículos 274, 298 y 438 del Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635, siempre que el agente no haya actuado en calidad de integrante de una organización criminal o banda criminal.

d) Por otros delitos dolosos cuya pena efectiva no exceda de cinco (5) años de pena privativa de libertad, siempre que el agente no haya actuado en calidad de integrante de una organización criminal o banda criminal.

52-A.9 En caso la persona privada de libertad este sentenciado por un delito excluido del control judicial, el director del establecimiento penitenciario resuelve tal petición dentro de cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a su presentación. En caso de excarcelación, comunica inmediatamente al director regional del Instituto Nacional Penitenciario de su jurisdicción para su registro y seguimiento.

(Texto según el artículo 47-A del Decreto Legislativo 654, incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo 1737, del 12 de febrero de 2026)

SECCIÓN III
BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI-LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL

Artículo 53. Semi-libertad*

53.1 El beneficio penitenciario de semi-libertad permite que el interno con primera condena efectiva egrese del establecimiento penitenciario para efectos de trabajar o estudiar, siempre y cuando:

1. Cumpla la tercera parte de la pena.

2. No tenga proceso pendiente con mandato de detención.

3. Se encuentre ubicado en la etapa de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario.

4. Cumpla con pagar los días multa fijados en la sentencia.

5. Cumpla con pagar total o parcialmente la reparación civil fijada en la sentencia atendiendo al criterio del juez basado en la capacidad de cumplimiento de pago que tiene el interno. En ningún caso el monto parcial debe ser menor al 10% del monto total.

53.2 Ante la existencia de un monto pendiente de pago, el interno garantizará su cumplimiento mediante procedimiento legal aprobado por el juez.

(Texto según el artículo 48 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1296, del 30 de diciembre de 2016)

Artículo 54. Liberación condicional*

54.1 El beneficio penitenciario de liberación condicional permite que el interno con segunda condena efectiva egrese del establecimiento penitenciario para efectos de trabajar o estudiar, siempre y cuando:

1. Cumpla la mitad de la pena.

2. No tenga proceso pendiente con mandato de detención.

3. Se encuentre ubicado en etapa de mínima, mediana o máxima seguridad del régimen cerrado ordinario.

4. Cumpla con pagar los días multa fijados en la sentencia.

5. Cumpla con pagar total o parcialmente la reparación civil fijada en la sentencia atendiendo al criterio del juez basado en la capacidad de cumplimiento de pago que tiene el interno. En ningún caso el monto parcial debe ser menor al 10% del monto total.

54.2 Ante la existencia de un monto pendiente de pago, el interno garantizará su cumplimiento mediante procedimiento legal aprobado por el juez.

(Texto según el artículo 49 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1296, del 30 de diciembre de 2016)

Artículo 55. Improcedencia y casos especiales de los beneficios penitenciarios de semi–libertad o liberación condicional*

55.1 No son procedentes los beneficios penitenciarios de semi-libertad y liberación condicional para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado.

55.2 Tampoco son procedentes para aquellos internos que se encuentran sentenciados por la comisión de los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 121-B, 152, 153, 153-A, 153-B, 153-C, 153-D, 153-E, 153-F, 153-G, 153-H, 153-I, 153-J, 189, 200, 279-A, 297, 317, 317-A, 317-B, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 346, 382, 383, 384, primer, segundo y tercer párrafos del 387, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401, así como los delitos previstos en los capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo del Código Penal.

55.3 Los internos sentenciados por la comisión de los supuestos delictivos previstos en los artículos 121, primer párrafo del artículo 189, 279, 279-B y 279-G siempre que se encuentren en la etapa de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario y se trate de su primera condena efectiva, previo pago de la pena de multa y del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil, podrán acceder a la liberación condicional cuando hayan cumplido las tres cuartas partes de la pena.

(Texto según el artículo 50 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo, del 17 de octubre de 2023)

Artículo 56. Tramitación, plazo y requisitos de los expedientes de semi-libertad o liberación condicional*

El Consejo Técnico Penitenciario, a pedido del interesado, en un plazo de quince días hábiles, bajo responsabilidad, organiza el expediente de semi-libertad o liberación condicional, que debe contar con los siguientes documentos:

1. Copia certificada de la sentencia consentida y/o ejecutoriada.

2. Certificado de conducta, el cual debe hacer referencia expresa a los actos de indisciplina en que hubiera incurrido el interno y las medidas disciplinarias que se le hayan impuesto mientras dure el registro de la sanción disciplinaria.

3. Certificado de antecedentes judiciales a nivel nacional, especificándose que el interno no registra proceso pendiente con mandato de detención.

4. Certificado de cómputo laboral o estudio efectivo en el que se acredite que el interno ha realizado labores al interior del establecimiento penitenciario, o ha obtenido nota aprobatoria. Deberá incluirse una descripción de las labores y/o estudios realizados para lo cual se adjuntará las planillas de control.

5. Constancia de régimen de vida otorgado por el Jefe del Órgano Técnico de Tratamiento del establecimiento penitenciario, indicando el régimen y la etapa en los que se encuentra ubicado el solicitante del beneficio penitenciario, así como el resultado de todas las evaluaciones semestrales de tratamiento realizadas al interno.

6.Informe del Consejo Técnico Penitenciario sobre el grado de readaptación del interno, considerando los informes de las distintas áreas de tratamiento. Asimismo, se deberá informar cualquier otra circunstancia personal útil para el pronóstico de conducta.

7. Certificado notarial, municipal o judicial que acredite domicilio o lugar de alojamiento.

(Texto según el artículo 51 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1296, del 30 de diciembre de 2016)

SECCIÓN IV
CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS DE SEMI-LIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL

Artículo 57. Criterios para evaluar su procedencia*

El juez concederá el beneficio penitenciario de semi-libertad o liberación condicional, cuando durante la audiencia se haya podido establecer que el interno ha alcanzado un grado de readaptación que permita pronosticar que no volvería a cometer nuevo delito al incorporarse al medio libre; en este sentido, las actuaciones de las audiencias de beneficios penitenciarios se orientarán a debatir las condiciones de readaptación alcanzadas por el interno; así como:

1. Los esfuerzos realizados por reparar el daño causado con el delito cometido.

2. Los antecedentes penales y judiciales.

3. Las medidas disciplinarias que se le haya impuesto durante su permanencia en el establecimiento penitenciario.

4. Las actividades que realizan los internos durante su tiempo de reclusión distintas a aquellas registradas por la administración penitenciaria.

5. El arraigo del interno nacional, en cualquier lugar del territorio nacional debidamente acreditado. Para el caso de extranjeros, el arraigo se considerará acreditado con un certificado de lugar de alojamiento.

6. Cualquier otra circunstancia personal útil para la formulación del pronóstico de conducta.

(Texto según el artículo 52 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1296, del 30 de diciembre de 2016)

Artículo 58. Procedimiento*

58.1 Los beneficios penitenciarios de semi-libertad y liberación condicional son concedidos por el juzgado que conoció el proceso.

Excepcionalmente, en el caso que el sentenciado se encuentra recluido fuera de la jurisdicción del juzgado que conoció el proceso, el beneficio penitenciario será concedido por un juzgado penal de la Corte Superior de justicia que corresponda a su ubicación.

58.2 Recibido el expediente administrativo, el juez, dentro del plazo de 05 días hábiles, evalúa si éste cumple con los requisitos establecidos en el artículo 51 del presente código, a efectos de admitir a trámite el pedido de beneficio.

58.3 Declarada la admisión, en el mismo día el juez notifica el auto admisorio con los recaudos correspondientes, definiendo una fecha de audiencia que no podrá exceder los diez días. A la audiencia concurren obligatoriamente el fiscal, el sentenciado, su defensa, y los profesionales y personas que el juez estime conveniente.

58.4 Iniciada la audiencia, el abogado del sentenciado realizará el informe oral correspondiente, debiendo sustentar las actividades laborales o educativas a las que se dedicará el beneficiado. Para tal efecto puede ofrecer pruebas adicionales en el mismo acto.

Acto seguido, el fiscal expondrá las razones que fundamentan su opinión.

58.5 El juez merituará los medios probatorios presentados por las partes, e interrogará a las personas que hayan sido citadas a la audiencia. Finalmente, procederá a interrogar al sentenciado.

El juez resolverá en el mismo acto de la audiencia o dentro de los dos días hábiles de celebrada la misma. De otorgar el beneficio, fijará las reglas de conducta que deberá cumplir el beneficiado, pudiendo disponer la utilización de la vigilancia electrónica personal como mecanismo de control.

58.6 Contra la resolución procede recurso de apelación en el mismo acto de la audiencia, o en el plazo de dos días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se haya fundamentado, se tendrá por no interpuesto el recurso impugnativo.

58.7 La apelación contra la concesión del beneficio penitenciario no suspende su ejecución.

Presentada la apelación debidamente fundamentada, el juez elevará en el día los autos al superior, quien resolverá en el plazo de 05 días hábiles bajo responsabilidad.

(Texto según el artículo 53 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1296, del 30 de diciembre de 2016)

Artículo 59. Obligaciones del beneficiado*

59.1 Los beneficios penitenciarios de semi-libertad y liberación condicional obligan al beneficiado a pernoctar en el domicilio señalado, así como al cumplimiento de las reglas de conducta fijadas por el juez, y de los compromisos laborales o educativos asumidos al solicitar el beneficio penitenciario.

59.2 En cualquier caso, el beneficiado se encuentra sujeto a control e inspección del representante del Ministerio Público y de la autoridad penitenciaria. Asimismo, puede estar sujeto a la vigilancia electrónica personal.

(Texto según el artículo 54 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1296, del 30 de diciembre de 2016)

Artículo 60. Reglas de conducta*

El Juez, al conceder el beneficio penitenciario de semi-libertad o liberación condicional, fijará las siguientes reglas de conducta en forma conjunta o alterna:

1. Prohibición de frecuentar determinados lugares cerrados o abiertos al público que se consideren vinculados directa o indirectamente con actividades delictivas u otras prácticas riesgosas o violentas.

2. Prohibición de efectuar visitas a internos en los establecimientos penitenciarios o de establecer contactos con ellos por cualquier medio de comunicación, salvo en caso de ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente.

3. Prohibición de contacto o comunicación con personas que integran, actúen o colaboren con actividades delictivas; así como con personas sentenciadas y/o requisitoriadas, salvo en caso de ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente.

4. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside y de variar de domicilio sin la autorización del Juez. La autorización deberá ser comunicada obligatoriamente a la autoridad penitenciaria correspondiente.

5. Comparecer personal y obligatoriamente ante la autoridad judicial para informar y justificar sus actividades con una periodicidad de 30 días o la que establezca la resolución de otorgamiento del beneficio.

6. Concurrir ante la autoridad penitenciaria correspondiente más cercana a su domicilio con la periodicidad de 30 días, a fin de continuar el tratamiento en el medio libre y consolidar el tratamiento recibido en el establecimiento penitenciario.

7. Cumplir con el pago de la reparación civil y la multa en el monto y plazo que el juez determine.

8. Que el beneficiado no tenga en su poder objetos susceptibles para la comisión de una actividad delictiva o de facilitar su realización.

9. Obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación de drogas o alcohol en caso que el juez lo determine.

10. Los demás deberes que el Juez estime conveniente para consolidar la rehabilitación social del beneficiado, siempre que no atente contra su dignidad y derechos fundamentales.

(Texto según el artículo 55 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1296, del 30 de diciembre de 2016)

Artículo 61. Revocatoria*

Los beneficios penitenciarios de semi-libertad o liberación condicional se revocan si el beneficiado comete un nuevo delito doloso; incumple las reglas de conducta establecidas en el artículo 55 de la presente norma; o infringe la adecuada utilización y custodia del mecanismo de vigilancia electrónica personal.

(Texto según el artículo 56 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1296, del 30 de diciembre de 2016)

Artículo 62. Efectos de la revocatoria*

62.1 La revocatoria de los beneficios penitenciarios de semi-libertad o liberación condicional, por la comisión de nuevo delito doloso, obliga a cumplir el tiempo de la pena pendiente al momento de la concesión del beneficio. En los otros casos, el beneficiado cumplirá el tiempo pendiente de la pena impuesta desde el momento de la resolución de la revocatoria.

62.2 Al interno a quien se le revocó la semi-libertad o liberación condicional no podrá acceder nuevamente a estos beneficios por la misma condena.

(Texto según el artículo 57 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo 1296, del 30 de diciembre de 2016)

SECCIÓN V
APLICACIÓN TEMPORAL

(Sección incorporada según el artículo 3 del Decreto Legislativo 1296, del 30 de diciembre de 2016)

Artículo 63. Aplicación temporal de los beneficios de redención de pena por el trabajo o la educación, de semi-libertad y de liberación condicional*

63.1 Los beneficios penitenciarios de semi-libertad y liberación condicional se aplican conforme a la ley vigente en el momento de la sentencia condenatoria firme.

63.2 En el caso de la redención de la pena por el trabajo y la educación se respetará el cómputo diferenciado de redención que el interno pudiera haber estado cumpliendo con anterioridad.

(Texto según el artículo 57-A del Decreto Legislativo 654, incorporado por el artículo 3 del Decreto Legislativo 1296, del 30 de diciembre de 2016)

SECCIÓN VI
VISITA ÍNTIMA

Artículo 64. Visita íntima*

64.1 La visita íntima tiene por objeto el mantenimiento de la relación del interno con su cónyuge o concubino acreditado, bajo las recomendaciones de higiene y planificación familiar y profilaxia médica. Es concedido por el Director del Establecimiento Penitenciario, conforme al Reglamento, bajo responsabilidad.

64.2 El mismo beneficio, y en las mismas condiciones, tiene el interno no casado ni conviviente respecto de la pareja que designe.

(Texto según el artículo 58 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 2 de la Ley 30253, del 24 de octubre de 2014)

SECCIÓN VII
OTROS BENEFICIOS

Artículo 65. Estímulos y recompensas

Los actos que evidencian en el interno espíritu de solidaridad y sentido de responsabilidad, tanto en el comportamiento personal como en la actividad organizada en el Establecimiento Penitenciario, son estimulados mediante recompensas que otorga el Consejo Técnico Penitenciario y que son anotadas en su expediente personal.

Estas recompensas son:

1.- Autorización para trabajar en horas extraordinarias.

2.- Desempeñar labores auxiliares de la Administración Penitenciaria, que no impliquen funciones autoritativas.

3.- Concesión extraordinaria de comunicaciones y visitas.

4.- Otras que determine el Reglamento.

(Texto según el artículo 59 del Decreto Legislativo 654)

CAPÍTULO QUINTO
REVISIÓN DE LA PENA DE CADENA PERPETUA

(Capítulo incorporado según el artículo 4 del Decreto Legislativo 921, del 18 de enero de 2003)

Artículo 66.- Procedimiento

1. La pena de cadena perpetua será revisada de oficio o a petición de parte cuando el condenado haya cumplido 35 años de privación de libertad por el órgano jurisdiccional que impuso la condena, ordenando al Consejo Técnico Penitenciario que en el plazo de quince días organice el expediente que contendrá los documentos consignados en el artículo 54 de este código. También dispondrá que en igual plazo se practiquen al condenado exámenes físico, mental y otros que considere pertinentes.

2. Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, se correrá traslado de todas las actuaciones al interno, al Ministerio Público y a la parte civil, a fin de que en el plazo de diez días ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes.

3. En audiencia privada que se iniciará dentro de los diez días siguientes de cumplido el plazo al que se refiere el inciso anterior, se actuarán las pruebas ofrecidas y las que el órgano jurisdiccional hubiera dispuesto, se examinará al interno y las partes podrán formular sus alegatos orales. La resolución de revisión se dictará al término de la audiencia o dentro de los tres días siguientes.

4. El órgano jurisdiccional resolverá mantener la condena o declararla cumplida ordenando la excarcelación. Para estos efectos se tendrá en consideración las exigencias de la individualización de la pena en atención a la concurrencia de factores positivos en la evolución del interno que permitan establecer que se han cumplido los fines del tratamiento penitenciario.

5. Contra la decisión del órgano jurisdiccional procede, dentro de los tres días, recurso impugnatorio ante el superior. El expediente se elevará de inmediato y se correrá vista fiscal dentro de 24 horas de recibido. El dictamen se emitirá dentro de diez días y la resolución que absuelve el grado se dictará en igual plazo.

6. Cada vez que el órgano jurisdiccional resuelva mantener la condena, después de transcurrido un año, se realizará una nueva revisión, de oficio o a petición de parte, siguiendo el mismo procedimiento.

(Texto según el artículo 59-A del Decreto Legislativo 654)

CAPÍTULO SEXTO
REVISIÓN DE LA CONDENA DE INHABILITACIÓN PERPETUA

(Capítulo incorporado según el artículo 3 del Decreto Legislativo 1243, del 22 de octubre de 2016)

Artículo 67.- Procedimiento

1. La condena de inhabilitación perpetua es revisada, de oficio o a petición de parte, por el órgano jurisdiccional que impuso la condena, cuando el condenado cumpla veinte años de pena de inhabilitación.

2. El condenado es declarado rehabilitado cuando se verifique que no cuenta con antecedentes penales por delitos cometidos durante la ejecución de la pena de inhabilitación, que no tenga proceso pendiente a nivel nacional y que no se encuentre registrado en el Registro Nacional de Deudores de Reparaciones Civiles – REDERECI.

3. Realizada la solicitud de rehabilitación, se corre traslado de todas las actuaciones al Ministerio Público y a la parte civil, para que en el plazo de cinco días ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes.

4. En audiencia privada, que se inicia dentro de los diez días siguientes de cumplido el plazo al que se refiere el inciso anterior, se verifican los requisitos señalados en el inciso 1, se actúan las pruebas ofrecidas, se examina al condenado y se pueden formular alegatos orales. La resolución que corresponda es dictada al término de la audiencia o dentro de los tres días siguientes.

5. El órgano jurisdiccional resuelve manteniendo la condena de inhabilitación o declarando rehabilitado al condenado, conforme al artículo 69 del Código Penal.

6. Contra la decisión del órgano jurisdiccional procede recurso impugnatorio ante el superior jerárquico, dentro de los tres días. El expediente se eleva de inmediato y se corre vista fiscal dentro de 24 horas de recibido. El dictamen fiscal se emite dentro de diez días y la resolución que absuelve el grado se dicta en igual plazo.

7. Cada vez que el órgano jurisdiccional resuelva mantener la condena, después de transcurrido un año, se realiza una nueva revisión, a petición de parte, siguiendo el mismo procedimiento.

(Texto según el artículo 59-B del Decreto Legislativo 654)

TÍTULO III
TRATAMIENTO PENITENCIARIO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 68. Objetivo del tratamiento penitenciario

El tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad.

(Texto según el artículo 60 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 69. Definición del tratamiento penitenciario

El tratamiento penitenciario es individualizado y grupal. Consiste en la utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, laborales y todos aquéllos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las características propias del interno.

(Texto según el artículo 61 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 70. Individualización del tratamiento

Para individualizar el tratamiento se hace el estudio integral del interno mediante la observación y los exámenes que correspondan, a efecto de formular el diagnóstico y pronóstico criminológico.

(Texto según el artículo 62 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 71. Clasificación del interno*

71.1. El interno es clasificado en grupos homogéneos diferenciados, en el establecimiento penitenciario o sección del mismo que le corresponda, determinándose el programa de tratamiento individualizado.

71.2. En el caso de los internos de dieciséis a veintiún años, estos serán separados absolutamente de los de mayor edad, de acuerdo con los demás criterios de separación.

(Texto según el artículo 63 del Decreto Legislativo 654, modificado por la Primera DCM de la Ley 32330, del 10 de mayo de 2025)

Artículo 71-A. Tratamiento penitenciario bajo el sistema de individualización científica*

71-A.1. El tratamiento penitenciario de carácter individualizado, científico e integral, comprende acciones y actividades terapéutico-asistenciales. Está diseñado para abordar situaciones problemáticas vinculadas a aspectos históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, que han influido en la personalidad o conducta delictiva de la persona privada de libertad de 16 a 21 años.

71-A.2. El tratamiento penitenciario busca mejorar capacidades, desarrollar aptitudes y habilidades, enriquecer conocimientos y compensar carencias para una efectiva reincorporación social.

(Texto según el artículo 63-A del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Segunda DCM de la Ley 32330, del 10 de mayo de 2025)

Artículo 71-B. Proyectos de tratamiento individualizado*

71-B.1. El tratamiento penitenciario implica el desarrollo de programas especializados adaptados a las particularidades de la personalidad o conducta de cada persona privada de libertad de 16 a 21 años.

71-B.2. Los programas especializados de tratamiento se centran en actividades de trabajo penitenciario, educativas, culturales, familiares, artísticas, deportivas, espirituales o religiosas, adaptadas al grado de clasificación de la persona privada de libertad y a la organización específica de cada establecimiento penitenciario.

(Texto según el artículo 63-B del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Segunda DCM de la Ley 32330, del 10 de mayo de 2025)

Artículo 71-C. Tratamiento integral*

La Administración Penitenciaria, a través del Órgano Técnico de Tratamiento, facilita un tratamiento científico, individualizado e integral para la persona privada de libertad de dieciséis a veintiún años de edad, y aborda las necesidades, así como deficiencias identificadas, en atención a los siguientes lineamientos:

a) Desarrolla los distintos programas especializados de tratamiento.

b) Brinda servicios asistenciales de índole sanitaria, social, legal, psicológica y otros que coadyuven a la rehabilitación de la persona privada de libertad.

c) Estimula la participación activa del interno en la planificación y ejecución de su tratamiento.

d) Desarrolla otras acciones orientadas a lograr la resocialización de la persona privada de libertad.

(Texto según el artículo 63-C del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Segunda DCM de la Ley 32330, del 10 de mayo de 2025)

Artículo 71-D. Consentimiento para el tratamiento penitenciario*

71-D.1. La administración penitenciaria estimula la participación de la persona privada de libertad de dieciséis a veintiún años, en el diseño, planificación y ejecución de su tratamiento penitenciario.

71-D.2. Para la aplicación del tratamiento penitenciario, no será necesario contar con el consentimiento de las personas privadas de libertad en condición de sentenciadas. La negativa a aceptar dicho tratamiento constituye un criterio para reconsiderar la clasificación de la persona privada de libertad.

71-D.3. La persona privada de libertad que tenga la condición de procesada puede acogerse a un programa de tratamiento compatible con su situación jurídica.

(Texto según el artículo 63-D del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Segunda DCM de la Ley 32330, del 10 de mayo de 2025)

Artículo 72. Categorías de Clasificación del interno

La clasificación del interno es continua, de acuerdo a su conducta y en las siguientes categorías:

1.- Fácilmente readaptable; y,

2.- Difícilmente readaptable.

(Texto según el artículo 64 del Decreto Legislativo 654)

CAPÍTULO SEGUNDO
TRABAJO

Artículo 73. El trabajo para el interno y para el procesado*

73.1 El trabajo es un derecho y un deber del interno, contribuye a su rehabilitación y forma parte del tratamiento penitenciario. Se organiza y planifica atendiendo a su aptitud, calificación laboral, siendo compatible con la seguridad penitenciaria y con el régimen de ejecución penal aplicable.

73.2 El trabajo que realizan los internos procesados tiene carácter voluntario.

(Texto según el artículo 65 del Decreto Legislativo 654, modificado según la Segunda DCM del Decreto Legislativo 1736, del 12 de febrero de 2026)

Artículo 74. Regulación del trabajo penitenciario*

La organización del trabajo penitenciario, sus métodos, horarios, medidas de prevención, higiene, seguridad y supervisión, se regulan por el Reglamento y por la legislación del trabajo, en cuanto ésta sea aplicable.

(Texto según el artículo 66 del Decreto Legislativo 654, modificado según la Segunda DCM del Decreto Legislativo 1736, del 12 de febrero de 2026)

Artículo 74-A. Trabajo asistido externo*

El trabajo asistido externo es una modalidad voluntaria, temporal y revocable del trabajo penitenciario que se realiza fuera del establecimiento penitenciario bajo control y supervisión de la administración penitenciaria, autorizada para el régimen semi-abierto y sujeta al seguimiento y evaluaciones periódicas favorables. Sus alcances se encuentran regulados en el Capítulo VIII del Decreto Legislativo N° 1343.

(Texto según el artículo 66-A del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Tercera DCM del DL 1736, del 12 de febrero de 2026)

Artículo 75. Remuneración*

75.1 El trabajo del interno es remunerado. De esta remuneración un 10% servirá obligatoriamente para costear los gastos que genera la actividad laboral del interno, debiendo el resto ser distribuido en la forma que establece el reglamento.

75.2 El pago efectuado por este concepto será abonado mensualmente a favor del Instituto Nacional Penitenciario. Si se produjere un atraso en el pago correspondiente, no se cobrarán intereses, moras u otros derechos. En este último caso el INPE y el interno suscribirán un acuerdo para cancelar la deuda de manera fraccionada en un plazo de seis meses. La cancelación de la deuda habilita al interno a obtener el certificado de cómputo laboral y el goce del beneficio penitenciario, para el caso que tenga derecho a la redención de la pena por el trabajo.

75.3 Los Directores de los establecimientos o quienes ellos designen realizarán, a solicitud de parte, las liquidaciones de adeudos derivados del trabajo del interno solicitante.

(Texto según el artículo 67 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo único de la Ley 27875, del 14 de diciembre de 2002)

Artículo 76. Embargo de la remuneración

La remuneración del trabajo del interno sólo es embargable de acuerdo a ley.

(Texto según el artículo 68 del Decreto Legislativo 654)

CAPÍTULO TERCERO
EDUCACIÓN

Artículo 77. Educación del interno

En cada Establecimiento Penitenciario se promueve la educación del interno para su formación profesional o capacitación ocupacional. Los programas que se ejecutan están sujetos a la legislación vigente en materia de educación.

(Texto según el artículo 69 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 78. Interno analfabeto

El interno analfabeto participa obligatoriamente en los programas de alfabetización y educación primaria para adultos.

(Texto según el artículo 70 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 79. Obligación al aprendizaje técnico

El interno que no tenga profesión u oficio conocidos, está obligado al aprendizaje técnico, de acuerdo a sus aptitudes, intereses y vocación.

(Texto según el artículo 71 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 80. Captación de recursos para el área de capacitación laboral y educativa

En los casos de capacitación para el trabajo y educación técnica productiva de los internos estudiantes en base a proyectos productivos y empresariales que produzcan ganancias, el 10% de las mismas servirá obligatoriamente para costear los gastos que generen la implementación y mantenimiento de los centros de educación técnicos productivos, debiendo el resto ser distribuido en la forma que establece el reglamento.

(Texto según el artículo 71-A del Decreto Legislativo 654, incorporado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1239, del 26 de setiembre de 2015)

Artículo 81. Estudios por correspondencia, radio o televisión

La Administración Penitenciaria da facilidades al interno para que realice estudios por correspondencia, radio o televisión.

(Texto según el artículo 72 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 82. Promoción del arte, la moral y el deporte

La Administración Penitenciaria promueve la educación artística, la formación moral y cívica, y las prácticas deportivas del interno.

(Texto según el artículo 73 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 83. Derecho a la información

83.1 El interno tiene derecho a disponer de libros, periódicos y revistas. También puede ser informado a través de audiciones radiofónicas, televisivas y otras análogas.

83.2 El Consejo Técnico Penitenciario puede, mediante resolución motivada y por exigencias del tratamiento, establecer limitaciones a este derecho.

(Texto según el artículo 74 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 84. Otorgamiento de certificados, diplomas y títulos

Las autoridades educativas competentes otorgan los certificados, diplomas y títulos a que se haya hecho acreedor el interno, sin mencionar el centro educativo del Establecimiento Penitenciario.

(Texto según el artículo 75 del Decreto Legislativo 654)

CAPÍTULO CUARTO
SALUD

Artículo 85. Bienestar físico mental*

85.1 El interno tiene derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. La Administración Penitenciaria proveerá lo necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud, teniendo en cuenta las políticas nacionales de salud y especialmente los lineamientos y medidas establecidas por el Ministerio de Salud.

85.2 Para estos efectos, incorpórese a un representante titular y un alterno del Instituto Nacional Penitenciario al Consejo Nacional de Salud – CNS, que desempeñará sus funciones de conformidad a la Ley 27813 y su Reglamento. El representante titular debe ser el más alto funcionario directivo del INPE. El representante alterno concurrirá a las sesiones del CNS en ausencia del titular.

(Texto según el artículo 76 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 1 del Decreto Legislativo 1239, del 26 de setiembre de 2015)

Artículo 86. Servicio médico*

Todo establecimiento penitenciario tiene un servicio médico básico a cargo de un profesional de la salud, encargado de atender el bienestar del interno y de vigilar las condiciones del medio ambiente del establecimiento, con la colaboración del personal profesional necesario.

(Texto según el artículo 77 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 1 del Decreto Legislativo 1239, del 26 de setiembre de 2015)

Artículo 87. Servicios médicos especializados*

En los establecimientos penitenciarios donde se justifique la necesidad de servicios especializados, podrá contar con profesionales médicos especialistas y otros profesionales de la salud así como el personal técnico y auxiliar sanitario.

(Texto según el artículo 78 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 1 del Decreto Legislativo 1239, del 26 de setiembre de 2015)

Artículo 88. Ambientes para los servicios de salud*

88.1 Los establecimientos penitenciarios están dotados de ambientes destinados a atenciones de urgencias y emergencias, ambulatorias y/o de internamiento, según sus necesidades, con el equipo, recurso humano e instrumental médico correspondiente; asimismo, deben estar de acuerdo a las categorías de establecimientos de salud establecidos por el Ministerio de Salud y deben encontrarse registrados en el Registro Nacional de IPRESS administrado por SUSALUD.

88.2 Igualmente cuentan con zonas específicas de aislamiento para casos de enfermedades infectocontagiosas y para el tratamiento psiquiátrico y para la atención de los toxicómanos y alcohólicos.

(Texto según el artículo 79 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 1 del Decreto Legislativo 1239, del 26 de setiembre de 2015)

Artículo 89. Servicio médico particular

El interno puede solicitar, asumiendo su costo, los servicios médicos de profesionales ajenos al Establecimiento Penitenciario.

(Texto según el artículo 80 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 90. Servicio médico para mujeres y niños

90.1 En los Establecimientos Penitenciarios para mujeres o en los sectores destinados a ellas, existe un ambiente dotado de material de obstetricia y ginecología.

90.2 En los Establecimientos Especiales para madres con hijos, existe un ambiente y materiales necesarios para la atención infantil.

(Texto según el artículo 81 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 91. Atención médica externa

91.1 El interno que requiere atención médica especializada fuera del Establecimiento Penitenciario la solicita al Consejo Técnico Penitenciario, el que dispondrá que una junta médica compuesta por tres profesionales de la Administración Penitenciaria se pronuncie, dentro de tercero día, sobre la procedencia de lo solicitado, bajo responsabilidad. En los lugares donde no exista el número requerido de médicos, se completa dicho número con profesionales al servicio del Estado. Sólo en el caso en que no haya posibilidad de establecer esta junta se realiza con el o los médicos que hubiere.

91.2 En caso de emergencia, el Director del Establecimiento Penitenciario puede autorizar la atención médica fuera del Establecimiento Penitenciario, dando cuenta de inmediato al Consejo Técnico Penitenciario y al representante del Ministerio Público y, en el caso del interno procesado, al Juez que conoce del proceso.

91.3 La atención médica especializada fuera del Establecimiento Penitenciario podrá realizarse en un centro asistencial público o privado.

91.4 El Director adoptará, en todos los casos, las medidas de seguridad adecuadas, bajo responsabilidad.

(Texto según el artículo 82 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 92. Traslado a centro hospitalario especializado

Ante la aparición de alguna anomalía psíquica durante la reclusión que afecte gravemente el concepto de la realidad del interno, procede el traslado hacia un centro hospitalario especializado, conforme al informe médico emitido por la administración penitenciaria y previa decisión del juez que dispuso el internamiento.

(Texto según el artículo 82-A del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Primera DCM del Decreto Legislativo 1325, del 6 de enero de 2017)

CAPÍTULO QUINTO
ASISTENCIA SOCIAL

Artículo 93. Asistencia Social

La asistencia social apoya al interno, a la víctima del delito y a los familiares inmediatos de ambos.

(Texto según el artículo 83 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 94. Acciones de la asistencia social

La asistencia social desarrolla las acciones necesarias que permiten mantener relaciones entre el interno y su familia.

(Texto según el artículo 84 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 95. Tratamiento del interno y obtención de trabajo y alojamiento

La asistencia social participa en el proceso de tratamiento del interno y coordina con las Juntas de Asistencia Post-penitenciaria en las acciones para la obtención de trabajo y alojamiento del interno próximo a su liberación.

(Texto según el artículo 85 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 96. Apoyo de las organizaciones en el proceso de tratamiento del interno

La asistencia social promueve el apoyo de las organizaciones públicas y privadas en el proceso de tratamiento del interno, de la víctima del delito y de los familiares inmediatos de ambos.

(Texto según el artículo 86 del Decreto Legislativo 654)

CAPÍTULO SEXTO
ASISTENCIA LEGAL

Artículo 97. Asistencia Legal gratuita

En cada Establecimiento Penitenciario funciona un servicio encargado de prestar asistencia legal gratuita al interno y asesorar técnicamente a la administración de aquél.

(Texto según el artículo 87 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 98. Conformación de la Asistencia Legal

La asistencia legal está conformada por abogados del Establecimiento Penitenciario y por estudiantes de los dos últimos años de las Facultades de Derecho, en número proporcional a la población penitenciaria. Los estudiantes que participen de este programa pueden hacer valer el trabajo como práctica pre-profesional.

(Texto según el artículo 88 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 99. Competencia de la Asistencia Legal

La asistencia legal absuelve las consultas que formule el interno, prestándole el más adecuado asesoramiento. Asume, de manera preferente, la defensa del interno indigente.

En ningún caso interfiere en la defensa del interno que designe abogado particular.

(Texto según el artículo 89 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 100. Asesoramiento en la tramitación de beneficios penitenciarios

La asistencia legal presta asesoramiento y ayuda al interno sentenciado en la organización y tramitación de los expedientes para la obtención de beneficios penitenciarios.

(Texto según el artículo 90 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 101. Prohibición de los miembros de la Asistencia Legal

Los miembros de la asistencia legal están prohibidos de ejercer la defensa particular de los internos.

(Texto según el artículo 91 del Decreto Legislativo 654)

CAPÍTULO SÉTIMO
ASISTENCIA PSICOLÓGICA

Artículo 102. Asistencia psicológica

La asistencia psicológica realiza el estudio de la personalidad del interno y aplica los métodos adecuados para alcanzar los fines del tratamiento.

(Texto según el artículo 92 del Decreto Legislativo 654)

CAPÍTULO OCTAVO
ASISTENCIA RELIGIOSA

Artículo 103. Libertad de culto y asistencia religiosa

La Administración Penitenciaria garantiza la libertad de culto y facilita los medios para ejercitarla. El interno puede solicitar ser asistido por ministros de la religión que profesa.

(Texto según el artículo 93 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 104. Libertad de asistir a los actos de culto

Ningún interno será obligado a asistir a los actos de culto ni impedido de asistir a los mismos.

(Texto según el artículo 94 del Decreto Legislativo 654)

TÍTULO IV
LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

CAPÍTULO PRIMERO
INSTALACIONES

Artículo 105. Clases de Establecimientos Penitenciarios

Los Establecimientos Penitenciarios se clasifican en:

1.- Establecimientos de Procesados.

2.- Establecimientos de Sentenciados.

3.- Establecimientos de Mujeres.

4.- Establecimientos Especiales.

(Texto según el artículo 95 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 106. Establecimientos de procesados

Los Establecimientos de Procesados son aquellos destinados a la detención y custodia del interno en proceso de investigación y juzgamiento. En estos Establecimientos funcionan Centros de Observación y Clasificación.

(Texto según el artículo 96 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 107. Establecimientos de sentenciados

Los Establecimientos de Sentenciados están destinados al interno condenado a pena privativa de libertad y son:

1.- De régimen cerrado.

2.- De régimen semi-abierto.

3.- De régimen abierto.

(Texto según el artículo 97 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 108. Establecimientos de régimen cerrado

108.1 Los Establecimientos de régimen cerrado se clasifican en ordinarios y especiales.

108.2 Los Establecimientos de régimen cerrado ordinario se caracterizan por el estricto control y limitación en las actividades comunes y en las relaciones con el exterior.

108.3 Los Establecimientos de régimen cerrado especial son destinados al interno sentenciado de difícil readaptación y, excepcionalmente, en ambientes separados al procesado que tenga esa condición, dando cuenta a la autoridad competente.

(Texto según el artículo 98 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 109. Establecimientos de régimen semi-abierto*

109.1 Los Establecimientos de régimen semiabierto se caracterizan por una mayor libertad en las actividades comunes, en las relaciones familiares, sociales y recreativas del interno. El interno se encuentra sujeto a evaluación periódica para estimar su permanencia en dicho régimen o la regresión, según corresponda.

109.2 Los establecimientos de régimen semi-abierto están destinados a internos sentenciados quienes acceden al trabajo asistido externo.

(Texto según el artículo 99 del Decreto Legislativo 654, modificado según la Segunda DCM del Decreto Legislativo 1736, del 12 de febrero de 2026)

Artículo 109-A. Requisitos para el acceso de internos del régimen cerrado al régimen semi-abierto*

Los internos sentenciados clasificados en la etapa de mínima seguridad del régimen cerrado pueden acceder al régimen semi-abierto, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que la sentencia condenatoria de pena privativa de libertad efectiva no sea mayor a seis (6) años.

b) Haber cumplido la mitad de la pena.

c) Que no tenga proceso pendiente con mandato de detención.

d) Haber pagado los días multa fijados en la sentencia.

e) Haber pagado la mitad de la reparación civil fijada en la sentencia.

f) Contar con tres evaluaciones semestrales consecutivas favorables.

g) Declaración Jurada de compromiso laboral personal.

h) Certificado de buena conducta emitida por la autoridad penitenciaria.

i) Declaración Jurada de compromiso familiar con identificación expresa de los familiares.

(Texto según el artículo 99-A del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Tercera DCM del Decreto Legislativo 1736, del 12 de febrero de 2026)

Artículo 109-B. Prohibiciones para el acceso al régimen semi-abierto*

109-B.1 Están excluidos los sentenciados por los delitos tipificados en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 111 tercer párrafo, 121-B, 122 literales b), c), d) y e) del numeral 3, 122-B, 129-A al 129-P, 151-A, 152, 170 al 174, 175, 176, 176-A, 176-B, 176-C, 177, 179, 180, 181, 181-B, 183, 183-B, 189, 200, 297, 316-A, 317, 317-A, 317-B, 319 al 321, 325 al 332, 346, 347, 349, 350, 382, 383, 384, 386, 387, 389, 393 al 398-A, 399, 400, 401 del Código Penal; por los delitos cometidos como miembro o integrante de una organización criminal o como persona vinculada o que actúa por encargo de ella, conforme a los alcances de la Ley N° 30077; por los delitos tipificados en el Decreto Ley N° 25475 y sus modificatorias; y, los previstos en los artículos 1 al 6 del Decreto Legislativo N° 1106.

109-B.2 Tampoco acceden al régimen semi-abierto:

a) Las personas anteriormente condenadas por delito doloso, siempre que sea considerado como reincidente o habitual, conforme a lo dispuesto por los artículos 46-B y 46-C del Código Penal.

b) Aquellos cuyo internamiento sea consecuencia de la revocatoria previa de la pena de vigilancia electrónica personal.

c) Aquellos cuyo internamiento sea consecuencia de la revocatoria de alguna pena alternativa a la privativa de libertad.

d) Aquellos cuyo internamiento sea consecuencia de la revocatoria de un beneficio penitenciario o conversión de penas en ejecución de condena, salvo si esta fuera por el delito previsto en el artículo 149 del Código Penal.

(Texto según el artículo 99-B del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Tercera DCM del Decreto Legislativo 1736, del 12 de febrero de 2026)

Artículo 110. Establecimientos de régimen abierto

Los Establecimientos de régimen abierto son aquellos exentos de vigilancia, en los que el interno se desenvuelve en condiciones similares a las de la vida en libertad, sin perjuicio de la evaluación de su conducta.

(Texto según el artículo 100 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 111. Colonias agrícolas, agropecuarias e industriales

La Administración Penitenciaria promueve la creación de colonias o pueblos agrícolas, agropecuarios e industriales en donde el interno y su familia desarrollan actividades laborales y de convivencia social.

(Texto según el artículo 101 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 112. Establecimientos de Mujeres

Los Establecimientos de Mujeres están a cargo, exclusivamente, de personal femenino. La asistencia legal, médica y religiosa podrá estar a cargo de varones.

(Texto según el artículo 102 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 113. Edad límite del niño para convivir con madre interna

Los hijos menores llevados al Establecimiento Penitenciario por la interna, podrán permanecer hasta los tres años de edad, previa investigación de la asistencia social, y deben ser atendidos en una guardería infantil. Provisionalmente, pueden permanecer en el Establecimiento Penitenciario, en ambientes separados. Cuando el menor sobrepasa la edad referida, su permanencia futura en el exterior es determinada por quien ejerce la patria potestad o la tutela. En caso de peligro moral, la asistencia social coordina con el Juez de Menores.

(Texto según el artículo 103 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 114. Establecimientos Especiales

Los Establecimientos Especiales son aquellos en los que prevalece el carácter asistencial y comprenden:

1.- Centros hospitalarios.

2.- Centros psiquiátricos.

3.- Centros geriátricos.

4.- Centros para madres con hijos, los mismos que cuentan con un local para guardería infantil.

5.- Centros para la ejecución de las medidas de seguridad determinadas por el Código Penal.

(Texto según el artículo 104 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 115. Servicios necesarios del establecimiento penitenciario*

105.1. Los Establecimientos Penitenciarios del régimen cerrado cuentan con los servicios necesarios, incluyendo ambientes para enfermería, escuela, biblioteca, talleres, instalaciones deportivas y recreativas, locutorios y salas anexas para relaciones familiares y todo aquello que permite desarrollar en los internos una vida en colectividad organizada y una adecuada clasificación en relación con los fines que, en cada caso, les están atribuidos. De acuerdo con el régimen penitenciario establecido, la administración penitenciaria establecerá el control del dinero y de las compras de artículos a través de medios electrónicos, coadyuvando a la seguridad penitenciaria.

105.2. Los Establecimientos Penitenciarios del régimen semi-abierto cuentan con los servicios necesarios, como orientación laboral, seguimiento del desempeño laboral del interno sentenciado y gestión de contratos, remuneraciones y aportes a la administración penitenciaria; control de ingreso y salida; evaluación periódica de conducta y riesgo; servicios de psicología y trabajo social; posibilidad de visita dentro del establecimiento penitenciario; y salida del establecimiento penitenciario por horas determinadas, con fines de salud, educativos, terapéuticos, familiares o de reinserción social, bajo condiciones específicas de control, supervisión y retorno obligatorio; así como registro y control del cumplimiento de obligaciones económicas.

(Texto según el artículo 105 del Decreto Legislativo 654, modificado según la Segunda DCM del Decreto Legislativo 1736, del 12 de febrero de 2026)

CAPÍTULO SEGUNDO
ÓRGANOS

Artículo 116. Órganos del Establecimiento Penitenciario

El Establecimiento Penitenciario tiene un Director, un Sub-Director, órganos técnicos y administrativos y el personal que determine la Administración Penitenciaria.

(Texto según el artículo 106 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 117. Director del Establecimiento Penitenciario

117.1 El Director es la máxima autoridad del Establecimiento Penitenciario y es el responsable de la seguridad y administración, así como de la aplicación de este Código y su Reglamento. En ausencia del Director, el Sub-Director, o quien haga sus veces, asume sus funciones.

117.2 En caso de emergencia, sólo el Director, o quien haga sus veces, podrá autorizar el ingreso de la Policía Nacional al Establecimiento Penitenciario.

(Texto según el artículo 107 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 118. Órgano Técnico de Tratamiento

El Órgano Técnico de Tratamiento está integrado por los profesionales de la administración penitenciaria.

(Texto según el artículo 108 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 119. Consejo Técnico Penitenciario

El Consejo Técnico Penitenciario está integrado por el Director, que lo preside, el Administrador, el Jefe de Seguridad Penitenciaria, el Jefe del Órgano Técnico de Tratamiento y los profesionales que determine el Reglamento. Adopta sus decisiones por mayoría.

(Texto según el artículo 109 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 120. Funciones del Consejo Técnico Penitenciario

Son funciones del Consejo Técnico Penitenciario:

1.- Asesorar al Director del Establecimiento en las acciones de administración, tratamiento y seguridad.

2.- Investigar y sancionar las faltas disciplinarias y resolver las peticiones de reconsideración.

3.- Evaluar los informes de los profesionales de tratamiento y proponer al interno para los beneficios penitenciarios.

4.- En los casos de progresión o regresión en el tratamiento del interno puede proponer el cambio de régimen o el traslado a otro Establecimiento Penitenciario.

5.- Las demás que establece este Código y su Reglamento.

(Texto según el artículo 110 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 121. Ubicación de los Establecimientos Penitenciarios

La Administración Penitenciaria determina la ubicación de los Establecimientos Penitenciarios de acuerdo al Plan Nacional de Regionalización.

(Texto según el artículo 111 del Decreto Legislativo 654)

CAPÍTULO TERCERO
SEGURIDAD

Artículo 122. Seguridad Penitenciaria

El órgano de seguridad del Establecimiento Penitenciario es el encargado de proporcionar las condiciones óptimas para desarrollar las acciones de tratamiento. Aplica las medidas que garantizan la seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones.

(Texto según el artículo 112 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 123. Traslado excepcional de internos por medidas de seguridad

El interno que pone en riesgo la seguridad penitenciaria o atenta contra la integridad del personal penitenciario o policial, o es encontrado en flagrancia delictiva o esté involucrado en la comisión de un delito, que pongan en riesgo la seguridad ciudadana, será trasladado por la causal de seguridad penitenciaria a otro establecimiento penitenciario que determine el INPE, en un plazo máximo de 48 horas, bajo responsabilidad funcional.

(Texto según el artículo 112-A del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Segunda DCM del Decreto Legislativo 1325, del 6 de enero de 2017)

Artículo 124. Conducción de internos para diligencias o actos análogos realizados fuera de los establecimientos penitenciarios

La conducción de internos para la realización de diligencias judiciales, hospitalarias u otros actos análogos permitidos por Ley, será realizada por el personal penitenciario. El INPE solicitará apoyo a la Policía Nacional del Perú, cuando corresponda.

(Texto según el artículo 112-B del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Segunda DCM del Decreto Legislativo 1325, del 6 de enero de 2017)

Artículo 125. Coordinaciones de seguridad

125.1 El INPE, de acuerdo a su Plan de Operaciones de Seguridad, coordinará con la Policía Nacional del Perú el apoyo para la ejecución de acciones de conducción y traslado de internos.

125.2 Asimismo, coordinará con la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas y Gobiernos Locales, el apoyo y acciones de respuesta en los casos que se produzcan vulneración de la seguridad dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios, durante la ejecución de diligencias de conducción, traslado de internos y otras situaciones de emergencias; con la finalidad de poner en alerta el respectivo Plan de Seguridad Conjunto.

(Texto según el artículo 112-C del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Segunda DCM del Decreto Legislativo 1325, del 6 de enero de 2017)

Artículo 126. Seguridad del establecimiento penitenciario*

126.1 La seguridad de los Establecimientos Penitenciarios y dependencias conexas, está a cargo del personal penitenciario de seguridad. Excepcionalmente, la seguridad exterior de los Establecimientos Penitenciarios, a solicitud del Instituto Nacional Penitenciario, está a cargo del Ministerio del Interior. Comprende la vigilancia y control de las zonas externas contiguas al perímetro del Establecimiento. La seguridad exterior de los Establecimientos Penitenciarios de mujeres está a cargo de personal femenino.

126.2 La seguridad brindada al exterior de los penales podrá ser entregada al sector privado para su prestación, mediante una asociación pública privada. En estos supuestos, el Instituto Nacional Penitenciario vigila, fiscaliza y supervisa la correcta prestación de dichos servicios.

126.3. En los establecimientos de régimen semiabierto, la seguridad se ejerce bajo criterios de seguridad diferenciada, compatibles con el trabajo asistido externo, supervisado, retorno obligatorio y evaluación de riesgo de evasión del régimen.

(Texto según el artículo 113 del Decreto Legislativo 654, modificado según la Segunda DCM del Decreto Legislativo 1736, del 12 de febrero de 2026)

Artículo 127. Reglamento especial del personal de seguridad

El personal de seguridad se rige por un reglamento especial. Porta armas reglamentarias para el cumplimiento de sus funciones, observándose lo dispuesto por el artículo 285 de la Constitución Política del Perú.

(Texto según el artículo 114 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 128. Control de visitas y comunicaciones*

El personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario es el encargado del control de las visitas y comunicaciones de los internos.

Los establecimientos penitenciarios que cuenten con internos clasificados en Régimen Cerrado Especial o ubicados en la Etapa de Máxima Seguridad del Régimen Cerrado Ordinario implementan un sistema de monitoreo de audio y vídeo, en los locutorios y áreas comunes, con el fin de preservar la seguridad nacional, la seguridad de las instalaciones del establecimiento penitenciario o el cumplimiento de las normas de tratamiento. Se prohíbe el uso de dicho sistema en celdas y ambientes destinados para la asistencia legal, salvo que exista autorización judicial.

(Texto según el artículo 115 del Decreto Legislativo 654, modificado por la Tercera DCM del Decreto Legislativo 1688, del 2 de octubre de 2024)

Artículo 129. Control de ingreso de bienes

La cantidad, tipo y otras condiciones de los bienes que ingresan a los establecimientos penitenciarios, para tratamiento, mantenimiento de infraestructura, administración, salud, seguridad y con motivo de visitas a internos, se establece en el Reglamento.

(Texto según el artículo 115-A del Decreto Legislativo 654, incorporado por la Cuarta DCM del Decreto Legislativo 1325, del 6 de enero de 2017)

Artículo 130. Empleo de la fuerza y de armas

El personal de seguridad puede hacer uso de la fuerza y de las armas, en la medida estrictamente necesaria, para controlar situaciones de violencia o alteraciones del orden generadas por los internos o que afecten la seguridad del Establecimiento Penitenciario.

(Texto según el artículo 116 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 131. Coordinaciones de la Administración Penitenciaria

La Administración Penitenciaria mantiene coordinaciones con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y organismos públicos y privados, para asegurar un eficiente apoyo en los planes y acciones de seguridad.

(Texto según el artículo 117 del Decreto Legislativo 654)

TÍTULO V
EJECUCIÓN DE LAS PENAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD

Artículo 132. Expulsión del país*

La expulsión del país se ejecutará una vez cumplida la pena privativa de libertad, por concesión de un beneficio penitenciario o por conversión de la pena privativa de libertad. El extranjero sentenciado es puesto a disposición de la autoridad competente por el Director del establecimiento penitenciario para efectuar su expulsión.

(Texto según el artículo 118 del Decreto Legislativo 654, modificado según el artículo 2 de la Ley 32372, del 7 de junio de 2025)

TÍTULO VI
EJECUCIÓN DE LAS PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS

Artículo 133. Prestación de servicios a la comunidad

133.1 La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al penado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos y otras instituciones similares u obras públicas.

133.2 La Administración Penitenciaria coordina con las instituciones referidas a efectos de conocer las necesidades de las mismas para asignar la prestación de servicios.

(Texto según el artículo 119 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 134. Aptitudes del penado y lugar de la ejecución

134.1 Para asignar los servicios, se tiene en cuenta las aptitudes, ocupación u oficio, edad y estado de salud del penado.

134.2 La prestación de servicios se realiza, preferentemente, en el lugar del domicilio del penado.

(Texto según el artículo 120 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 135. Supervisión de la ejecución

La supervisión de la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad está a cargo de la Administración Penitenciaria, la misma que informa periódicamente al Juez que conoció del proceso y al representante del Ministerio Público.

(Texto según el artículo 121 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 136. Limitación de los días libres

El sentenciado a la pena de limitación de días libres permanece los días sábados, domingos y feriados, por el tiempo que determina la sentencia, en un establecimiento organizado con fines educativos a cargo de la Administración Penitenciaria.

(Texto según el artículo 122 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 137. Implementación de locales

La administración Penitenciaria gestiona la implementación de locales adecuados para la ejecución de la pena de limitación de días libres. Los establecimientos cuentan con los profesionales necesarios para orientar al penado a efectos de su rehabilitación.

(Texto según el artículo 123 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 138. Reglamentación

El Reglamento contiene las disposiciones complementarias relativas a este Título.

(Texto según el artículo 124 del Decreto Legislativo 654)

TÍTULO VII
ASISTENCIA POST-PENITENCIARIA

Artículo 139. Finalidad de la Asistencia Post-penitenciaria

La Asistencia Post-penitenciaria tiene como finalidad apoyar al liberado para su reincorporación a la sociedad. Sus actividades complementan las acciones del tratamiento penitenciario.

(Texto según el artículo 125 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 140. Juntas de Asistencia Post-penitenciaria

En cada región penitenciaria funcionan las Juntas de Asistencia Post-penitenciaria que sean necesarias, integradas por un equipo interdisciplinario con participación de las Universidades, Colegios Profesionales, Gobiernos Regionales y Locales y demás entidades que establece el Reglamento.

(Texto según el artículo 126 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 141. Atribuciones de las Juntas de Asistencia Post-penitenciaria

Son atribuciones de las Juntas de Asistencia Post-penitenciaria:

1.- Gestionar la anulación de antecedentes judiciales, penales y policiales del liberado.

2.- Brindar asistencia social al liberado, a la víctima del delito y a los familiares inmediatos de ambos.

3.- Vigilar al liberado condicionalmente y solicitar la revocación del beneficio en el caso de incumplimiento de las reglas de conducta impuestas.

4.- Apoyar al liberado en la obtención de trabajo.

5.- Las demás que establece este Código y su Reglamento.

(Texto según el artículo 127 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 142. Coordinación de las Juntas de Asistencia

Las Juntas de Asistencia Post-penitenciaria mantendrán coordinación con las instituciones y organismos dedicados especialmente a la asistencia de los internos y de los liberados.

(Texto según el artículo 128 del Decreto Legislativo 654)

TÍTULO VIII

PERSONAL PENITENCIARIO

Artículo 143. Personal de la Administración Penitenciaria

La Administración Penitenciaria cuenta con el personal necesario y debidamente calificado para el cumplimiento de las disposiciones del presente Código y su Reglamento. Las plazas son cubiertas por estricta línea de carrera, conforme al escalafón.

(Texto según el artículo 129 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 144. La Carrera Penitenciaria

El personal penitenciario es seleccionado, formado y capacitado permanentemente en el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario. La carrera penitenciaria comprende al personal de tratamiento, de administración y de seguridad.

(Texto según el artículo 130 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 145. Derechos y obligaciones del personal penitenciario

El personal penitenciario está sujeto, en cuanto a sus derechos y obligaciones, a lo que establece el presente Código y el Reglamento de Organización y Funciones.

(Texto según el artículo 131 del Decreto Legislativo 654)

Artículo 146. Organización y régimen laboral

El personal penitenciario se organiza jerárquicamente y está sujeto a un régimen laboral y de remuneración especiales.

(Texto según el artículo 132 del Decreto Legislativo 654)

TÍTULO IX
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Artículo 147. Instituto Nacional Penitenciario*

147.1 El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía funcional, administrativa, económica y financiera en el ejercicio de sus atribuciones; constituye un pliego presupuestal.

147.2 El INPE es el ente rector del Sistema Penitenciario Nacional. Sus competencias y funciones se regulan en la Ley de la materia.

147.3 Los servicios brindados al interior del penal, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y del Ministerio del Interior, así como la seguridad brindada al exterior de los penales, podrán ser entregados al sector privado para su prestación. Cuando dicha prestación recaiga sobre los servicios de seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario vigila, fiscaliza y supervisa su correcta ejecución.

(Texto según el artículo 133 del Decreto Legislativo 654, modificado según la Segunda DCM del Decreto Legislativo 1328, del 6 de enero de 2017)

Artículo 148. Recursos del INPE

Constituyen recursos del Instituto Nacional Penitenciario:

1.- La quinta parte de los bienes y el dinero decomisados y de las multas impuestas por la comisión de delitos y faltas.

2.- El monto de la reparación civil que no hubiera sido reclamada por su beneficiario dentro de los dos años siguientes a su consignación.

(Texto según el artículo 140 del Decreto Legislativo 654, cuyos numerales 1, 4, 5 y 6 originales quedaron derogados según la Única DCD del Decreto Legislativo 1328, del 6 de enero de 2017)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Única. Competencia de jueces

Los Juzgados que conocieron los procesos respectivos, tramitarán y resolverán las solicitudes de beneficios penitenciarios establecidos en este Código, a partir de la vigencia de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

(Texto según la sección de las Disposiciones Finales y Transitorias del Decreto Legislativo 654)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Única. Conducción y traslado de internos

La conducción y traslado de los internos están a cargo del Ministerio del Interior, mientras se implemente el personal de seguridad penitenciario.

(Texto según la sección de las Disposiciones Finales y Transitorias del Decreto Legislativo 654)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

Única. Derogación

Derógase el Decreto Legislativo Nº 330. En tanto se promulgue la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces de Ejecución Penal continuarán ejerciendo su función.

(Texto según la sección de las Disposiciones Finales y Transitorias del Decreto Legislativo 654)

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EXPOSICION DE MOTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 654

ANTECEDENTES

La Constitución Política de 1979, en el segundo párrafo del artículo 234 establece que «El régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, de acuerdo con el Código de Ejecución Penal». Para dar cumplimiento a este mandato constitucional, el Congreso de la República, mediante las leyes 23860 y 24068, delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar, mediante Decreto Legislativo, el Código de Ejecución Penal. Se nombró por Resolución Suprema Nº 285-84-JUS de fecha 3 de julio de 1984, una comisión integrada por los doctores Jorge Muñiz Ziches, quien la presidió, Guillermo Bettochi Ibarra, Víctor Pérez Liendo y Pedro Salas Ugarte, para elaborar el Proyecto de Código de Ejecución Penal que fue promulgado por el decreto legislativo 330, de fecha 06 de marzo de 1985.

Este Código diseña un nuevo Sistema Penitenciario que, teniendo como premisa el reconocimiento jurídico y el respeto a la persona del interno, persigue como objetivo, fundamental la resocialización del penado a través de un tratamiento científico. Recoge las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por el I Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y sus modificatorias, así como las Reglas Mínimas adoptadas por el Consejo de Europa el 19 de enero de 1973. Junto al precedente nacional ­Decreto Ley Nº17581-, ha tenido principalmente como fuentes legislativas a la Ley Orgánica Penitenciaria de España de 1979, la Ley Penitenciaria Alemana del 16 de marzo de 1976 y la Ley Penitenciaria Sueca de 1974. También ha considerado los avances de las investigaciones criminológicas y la Ciencia Penitenciaria.

Habiendo transcurrido cerca de siete años de vigencia del Decreto Legislativo 330, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 25297, delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar dentro del término de 210 días el nuevo Código de Ejecución Penal. De acuerdo a dicha ley se designó una comisión integrada por los Senadores, Doctores Javier Alva Orlandini, Absalón Alarcón Bravo de Rueda y Luis Gazzolo Miani, los Diputados, Doctores Genaro Vélez Castro, Jorge Donayre Lozano; un representante del Poder Judicial, doctor Roger H. Salas Gamboa; un representante del Ministerio Público, doctor Angel Fernández Hernani; un abogado por el Ministerio de Justicia, Dr. Germán Small; un representante de la Federación del Colegio de Abogados del Perú, doctor Arsenio Oré Guardia y un representante del Colegio de Abogados de Lima, Dra. Lucía Otarola Medina.

Prestaron su valioso concurso como Asesores de la Comisión los Drs. Víctor Pérez Liendo y Pedro Salas Ugarte.

En esta Comisión actuó como Secretario Letrado – Relator el doctor Pablo Rojas Zuloeta.

Colaboraron con la misma, como Secretarías la Srta. Milagros Ríos García, Sra. María del Pilar Mayanga Carlos, Sra. Rosa Sandoval de Carranza.

CONTENIDO

El Proyecto mantiene fundamentalmente la estructura y el contenido del Código de Ejecución Penal de 1985, adecuándolos a los nuevos Códigos Penal y Procesal Penal y a la nueva realidad penitenciaria surgida como consecuencia de las transformaciones sociales, tecnológicas y la evolución de la criminalidad. Se introducen nuevas normas y se suprimen otras -en menor medida- con el objeto de hacer más eficaz el funcionamiento del Sistema Penitenciario.

La primera novedad del Proyecto se establece en el artículo I del Título Preliminar, al disponer que el Código no sólo regula la ejecución de la pena privativa de libertad, las medidas de seguridad y las medidas privativas de libertad relacionadas a los procesados, sino también otras penas incorporadas por el Código Penal: penas restrictivas de libertad y penas limitativas de derechos. Aún cuando la doctrina establece que los sistemas penitenciarios se refieren sólo a la ejecución de penas y medidas privativas de libertad, el hecho de tratarse de un Código de Ejecución Penal exige que se regule la ejecución de todas las penas contenidas en el Código sustantivo.

La unificación de la pena privativa de libertad en el nuevo Código Penal (eliminando las penas de internamiento, penitenciaría, relegación y prisión), no ha significado ninguna modificación al Sistema Penitenciario, pues éste ya estaba diseñado en función a la ejecución de la pena privativa de libertad unitaria.

El objetivo de la Ejecución Penal está previsto en el artículo II, que recoge el principio contenido en el segundo párrafo del artículo 234 de la Constitución Política. Los conceptos de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, doctrinariamente, pueden resumirse en el de resocialización del interno. En el caso del interno procesado rige el principio de la presunción de inocencia previsto en el artículo 2 inciso 20 literal f) de la Carta Fundamental, aplicándosele las normas del Sistema Penitenciario, en cuanto sean compatibles con su situación jurídica.

El Proyecto suprime la figura del Juez de Ejecución Penal, institución que fue introducida por el Código de 1985 para el control judicial de las penas, la misma que no logró la finalidad para la que fue concebida. Además, con la reforma del Código Procesal Penal, que atribuye la investigación al Ministerio Público, el Juez Penal podrá atender el control de la ejecución de las penas.

Las demás normas del Título Preliminar contienen principios generales y programáticos que todo Sistema Penitenciario moderno debe desarrollar, incluyendo al artículo X, que permite al Sistema Penitenciario acoger las disposiciones, recomendaciones y conclusiones de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, considerándose dentro de ellas a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas en Ginebra en 1955.

EL INTERNO

El Título I regula los derechos y deberes fundamentales del interno durante su permanencia en el establecimiento penitenciario para cumplir su pena o la medida privativa de libertad, en el caso del interno procesado.

Al establecerse la finalidad resocializadora de la ejecución penal, el interno no es una persona eliminada de la sociedad, sino que continúa formando parte de ella, como miembro activo. El proyecto le atribuye el goce de los mismos derechos que el ciudadano en libertad, con las únicas limitaciones que le puedan imponer la ley y la sentencia respectiva.

Dentro de estos límites, podrá ejercitar los derechos que la Constitución reconoce a todo ciudadano incluyendo el derecho de sufragio en el caso del procesado.

El interno tiene derecho a ocupar un ambiente adecuado que permita la realización del tratamiento penitenciario. Esta norma tiene su fuente en el artículo 233, inciso 19, de la Constitución Política que enumera como una de las garantías de la administración de justicia el derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos sanos y convenientes.

También se establecen expresamente los derechos a ser llamado por su nombre, a comunicar inmediatamente a su familia y abogado su ingreso o traslado a otro establecimiento penitenciario y a formar agrupaciones culturales y deportivas, dejando al reglamento la posibilidad que se le autorice a formar otro tipo de agrupaciones.

En cuanto a sus deberes, el interno debe cumplir las disposiciones sobre el régimen penitenciario, especialmente de orden, aseo y disciplina.

El proyecto, con la finalidad de proteger la integridad física del interno, dispone que, al ingresar al establecimiento, será examinado por el servicio de salud. Si se le encuentra huellas de maltratos físicos, el director comunicará el hecho inmediatamente al representante del Ministerio Público, quién deberá iniciar la investigación correspondiente y, en su caso al Juez competente. Debe entenderse que esta norma también se aplica cuando el interno es trasladado a otro establecimiento penitenciario.

REGIMEN PENITENCIARIO

En el Título II, bajo el rubro de régimen penitenciario, se establece el conjunto de normas esenciales que regulan la convivencia y el orden dentro de los establecimientos penitenciarios, así como los derechos y beneficios penitenciarios a los que pueda acogerse el interno.

El primer contacto del interno con el Sistema Penitenciario se produce cuando éste ingresa al establecimiento penitenciario por mandato de la autoridad judicial competente. Las primeras acciones que se realicen después del ingreso van a influir decisivamente en la personalidad del interno y su tratamiento.

El interno es informado de sus derechos y obligaciones, entregándosele una cartilla con las normas de vida del establecimiento. El Reglamento deberá contemplar los casos del interno analfabeto y del interno extranjero que no conoce el idioma castellano.

Cuando el proyecto se refiere al lugar de alojamiento del interno suprime el término «celda» por tener una connotación represiva y atentatoria contra su dignidad, utilizando en su lugar el término ambiente.

La disciplina penitenciaria no se conceptúa como un fin sino como un medio para hacer posible el tratamiento del interno. El régimen disciplinario es flexible de acuerdo a las características de cada grupo de internos. Será riguroso en los establecimientos cerrados y se atenuará en los establecimientos semi-abiertos y abiertos, tendiéndose hacia la autodisciplina del interno.

Se establecen expresamente faltas disciplinarias, clasificadas en graves y leves. El interno debe ser informado de la falta que se le atribuye, permitiéndosele ejercer el derecho de defensa. La sanción más severa es la de aislamiento y sólo será aplicable en los casos que el interno manifieste agresividad y violencia y cuando reiteradamente altere la normal convivencia del establecimiento.

En cuanto a visitas y comunicaciones se reconoce el derecho del interno a comunicarse periódicamente en forma oral o escrita con sus familiares y otras personas; salvo el caso del procesado sometido a incomunicación judicial. En este supuesto, el proyecto se remite a las normas pertinentes del Código Procesal Penal. Las entrevistas entre el interno y su abogado defensor están revestidas de todas las garantías, debiendo realizarse en privado y no podrán ser suspendidas ni intervenidas, bajo responsabilidad del director del establecimiento.

Los beneficios penitenciarios están contemplados en el Capítulo IV del Régimen Penitenciario, destinándose una sección para cada uno de ellos. Se mantienen los siguientes beneficios: permiso de salida, redención de la pena por el trabajo y la educación, semi-libertad, liberación condicional, visita íntima y otros beneficios.

El permiso de salida es un medio eficaz que contribuye al proceso de tratamiento del interno, manteniendo el vínculo con la familia, permitiéndosele que ante un hecho no común pueda salir a visitarla, debiendo observar buena conducta para acceder a este beneficio. El plazo se ha ampliado hasta las 72 horas considerando que el plazo de 48 horas resulta muchas veces insuficiente. El beneficio será concedido por el director del establecimiento, dando cuenta al representante del Ministerio Público y, en el caso del procesado, al juez de la causa.

La redención de la pena por el trabajo y la educación es una institución de prevención especial que permite reducir el tiempo de duración de la pena al interno que desempeñe una actividad laboral o educativa, bajo el control de la administración penitenciaria. Se le otorga al interno a razón de un día de pena por cada dos días de trabajo o estudio. Esta institución fomenta el interés del interno por el trabajo y la educación, actividades que son factores importantes en el proceso de tratamiento. Finalmente, desempeña el rol de elemento despenalizador dentro de la ejecución penal, pues el tiempo obtenido por la redención tiene validez para acceder a la semilibertad y la liberación condicional, contribuyendo de esta manera al descongestionamiento de los establecimientos penitenciarios.

En cuanto al beneficio de la semi-libertad, el Proyecto introduce una modificación sustancial. El beneficio que está restringido sólo al trabajo fuera del establecimiento penitenciario se amplía para efectos de la educación y, lo más importante, el beneficiado ya no pernoctará en el establecimiento sino en su domicilio, sujeto al control e inspección de la autoridad penitenciaria. La falta de establecimientos adecuados, la necesidad de mantener al interno vinculado con su familia y otras razones de orden práctico, como el control del beneficiado, han determinado la adopción de esta norma.

La liberación condicional, antes denominada libertad condicional, es una institución que, con diversos nombres, es reconocida y admitida por casi la totalidad de los ordenamientos penitenciarios y constituye la fase más avanzada del tratamiento penitenciario. Su concesión depende, al igual que en la semilibertad, fundamentalmente, de la evolución favorable del proceso de readaptación o resocialización del interno. En consecuencia, ambos beneficios no operan automáticamente por el solo hecho de haberse cumplido el tiempo de pena que señala la ley.

Por razones de política criminal y considerando fundamentalmente la gravedad de los delitos, en el caso de genocidio (artículo 129 del Código Penal), extorsión (art. 200 segunda parte), atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria (artículo 325 al 332) y rebelión (artículo 346), el interno podrá acogerse al beneficio de la redención de la pena por el trabajo y la educación a razón de un día de pena por cinco días de labor o estudio y a los beneficios de semi-libertad y liberación condicional cuando ha cumplido las dos terceras partes de la pena y las tres cuartas partes de la misma, respectivamente. Estos beneficios no se aplican en los casos de los delitos de tráfico ilícito de drogas y de terrorismo a que se refieren los artículos 296, 297, 301 y 302 y 319 a 323, del Código Penal, respectivamente.

El Proyecto, en concordancia con la supresión de la reincidencia en el nuevo Código Penal, elimina la distinción entre el interno primario y reincidente para efectos de la concesión de los beneficios de semilibertad y liberación condicional. Por tanto, los plazos para acceder a estos beneficios son los mismos para ambos: el tercio de la pena para la semi-libertad y la mitad para la liberación condicional, salvo los casos especificados en cada uno de los beneficios. La tramitación de estos beneficios estará a cargo del Consejo Técnico Penitenciario, el cual podrá actuar de oficio y, será el Juez que conoció del proceso, previo informe fiscal, el que resuelva dentro del término de tres días. Contra la resolución que deniegue el beneficio procede el recurso de apelación. El Proyecto pretende hacer más ágil y eficaz el trámite a fin de evitar la excesiva morosidad existente que perjudica gravemente al interno y origina un ambiente de tensión en los establecimientos penitenciarios.

La visita íntima es un beneficio que tiene por objeto el mantenimiento de la relación del interno con su cónyuge ó concubino. El término interno se refiere tanto al varón como a la mujer. Será el Reglamento el que determine los requisitos y condiciones para su realización, bajo las recomendaciones de profilaxia, higiene y planificación familiar.

Finalmente, bajo el rubro de «Otros Beneficios», se consideran diversas recompensas que se otorgan al interno como estímulo por la realización de actos que evidencian espíritu de solidaridad y sentido de responsabilidad.

TRATAMIENTO PENITENCIARIO

El Título III del proyecto desarrolla las normas sobre el tratamiento penitenciario, que comprende ocho Capítulos referentes a: disposiciones generales, trabajo, educación, salud, asistencia social, asistencia legal y asistencia religiosa.

El tratamiento es el elemento esencial del Sistema Penitenciario. El Proyecto desarrolla el tratamiento mediante el sistema progresivo moderno, distinto al sistema tradicional que estaba vigente en nuestro país antes de la dación del Código de Ejecución Penal de 1985. El objetivo del tratamiento es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad.

Los principios científicos que rigen el tratamiento penitenciario establecen que debe ser individualizado y grupal, utilizando para ello toda clase de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales y laborales, en una relación abierta.

El tratamiento es complejo, pues supone la aplicación de varios de los métodos antes mencionados y es programado y aplicado por los profesionales. Es contínuo y dinámico, pues va evolucionando de acuerdo a las diversas facetas por las que va atravesando la personalidad del interno.

Para individualizar el tratamiento se hace el estudio integral del interno mediante los exámenes criminológicos correspondientes. Luego se clasifica al interno en grupos homogéneos diferenciados en el establecimiento o sección del mismo que le corresponda. Finalmente se determina el programa de tratamiento individualizado.

La efectividad de la aplicación del tratamiento no sólo va a depender de la existencia de suficiente personal capacitado para realizarlo sino de la participación activa del propio interno en la planificación y ejecución de su tratamiento. La administración penitenciaria deberá fomentar esta participación y no tratar de imponerlo coactivamente.

El trabajo y la educación contribuyen decisivamente en el proceso de resocialización. Ambos son elementos fundamentales del tratamiento. El Proyecto, recogiendo el principio establecido en el artículo 42 de la Constitución Política, reconoce que el trabajo es un derecho y un deber del interno. Sus condiciones serán, en lo posible, similares al trabajo en libertad. No tendrá carácter aflictivo ni será aplicado como medida disciplinaria ni atentará contra la dignidad del interno. El reglamento deberá regular la organización del trabajo, sus métodos y demás aspectos.

El Proyecto concede especial importancia a la educación. Se dispone que, en cada establecimiento, se propicia la educación del interno para su formación profesional o capacitación ocupacional. El interno analfabeto debe participar obligatoriamente en programas de alfabetización y educación primaria para adultos y, aquél que no tenga profesión u oficio, está obligado al aprendizaje técnico. Se mantiene el derecho del interno a disponer de libros, periódicos y revistas y a ser informado a través de audiciones radiofónicas, televisivas y otras, permitiendo que mantenga vinculación con el exterior, factor que va a influir positivamente en el proceso de su resocialización.

Las demás normas de este título están dirigidas a proteger y velar por la vida y la salud del interno y de apoyarlo a través de la asistencia social, legal, psicológica y permitirle ejercitar su derecho a la libertad de culto.

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

El Proyecto mantiene la clasificación de los establecimientos penitenciarios establecida por el Código de Ejecución Penal de 1985, agregándose solamente los establecimientos de mujeres. La clasificación se completa con los establecimientos de procesados, sentenciados y los especiales.

Se menciona que, en los establecimientos de procesados, funcionarán Centros de Observación y Clasificación. En estos centros, el interno permanecerá el tiempo necesario para su evaluación y clasificación por los profesionales de tratamiento.

Los establecimientos de sentenciados se clasifican en: de régimen cerrado, de régimen semi-abierto y de régimen abierto. La implementación de los dos últimos va a significar el desarrollo de un programa de mediano y largo plazo, destinado a dotar al Sistema Penitenciario de la infraestructura adecuada que permita cumplir los objetivos de la ejecución penal. La creación de colonias o pueblos agrícolas o industriales en donde el interno y su familia desarrollen actividades laborales y de convivencia social, bajo un régimen abierto, debe ser el primer paso, especialmente en la selva y en las zonas de frontera.

En relación a los establecimientos de mujeres, el Proyecto dispone que están a cargo, exclusivamente, de personal femenino, a excepción de la asistencia legal, médica, psicológica y religiosa. El Proyecto también ha regulado la situación de los menores que conviven con sus madres dentro del establecimiento, teniendo como principio fundamental la protección del menor y lo que mejor convenga a sus intereses. La regla general es que los menores podrán permanecer hasta los tres años de edad y deben ser atendidos en una guardería infantil. Esta norma no restringe el ejercicio de la patria potestad de los padres del menor ni la jurisdicción del Juez de menores.

Dentro del Sistema Penitenciario no hay privilegios puesto que, conforme al artículo 187 de la Constitución Política no pueden expedirse leyes por la diferencia de personas. Todos los internos deberán permanecer en los establecimientos penitenciarios sujetos a las reglas de clasificación en grupos homogéneos diferenciados.

Los establecimientos penitenciarios tendrán un director que es la máxima autoridad, un subdirector, los órganos técnicos (Consejo Técnico Penitenciario y Organismo Técnico de Tratamiento) y administrativos y el personal necesario.

SEGURIDAD

La seguridad de los establecimientos tiene como objetivo proporcionar las condiciones óptimas para desarrollar las acciones de tratamiento. Desde el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente, realizado en 1955, se recomienda que la seguridad integral de los establecimientos debe estar a cargo de personal civil. En nuestro país subsiste el problema de la seguridad compartida por el personal civil y el personal policial, que origina diversos conflictos atentando contra el eficaz funcionamiento del Sistema Penitenciario. En los últimos años, la policía ha asumido la seguridad interna y externa de algunos importantes establecimientos, creándose una situación caótica que hace imposible realizar las acciones de tratamiento.

El Proyecto establece como regla general que la seguridad integral de los establecimientos está a cargo del personal penitenciario. La seguridad exterior, excepcionalmente, a solicitud de la Administración Penitenciaria, estará a cargo del Ministerio del Interior, precisándose que ésta comprende la vigilancia y control de las zonas externas contiguas al perímetro del establecimiento.

EJECUCIÓN DE PENAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD

Por la naturaleza de estas penas, la Administración Penitenciaria se limita a poner a disposición de la autoridad competente al interno que ha cumplido la pena privada de libertad para la ejecución de la pena de expatriación, en el caso de ser peruano y la expulsión del país, tratándose de extranjero.

EJECUCIÓN DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS

La ejecución de penas limitativas de derechos: prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libres, se realiza bajo las normas del Código Penal y las que establece el Proyecto.

Para la prestación de servicios a la comunidad, la Administración Penitenciaria determinará la entidad o institución entre las señaladas por el artículo 34 del Código Penal, en la que el penado cumplirá los trabajos gratuitos que se le asigne, preferentemente en el lugar de su domicilio. Para asignar estos trabajos se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, las aptitudes y la ocupación u oficio del penado. La Administración Penitenciaria supervisará la ejecución de esta pena informando periódicamente al juez que conoció el proceso.

La pena de limitación de días libres, se cumplirá en establecimientos organizados con fines educativos que la Administración Penitenciaria deberá gestionar e implementar. Dichos establecimientos contarán con los profesionales necesarios para orientar al penado a efecto de su rehabilitación.

El proyecto se remite al reglamento que contendrá las disposiciones complementarias para la ejecución de estas penas.

ASISTENCIA POST-PENITENCIARIA

El más grave inconveniente que tradicionalmente ha tenido la pena privativa de libertad es la marginación social del delincuente, no sólo durante el cumplimiento de la condena sino aún después de haber egresado del Establecimiento Penitenciario. Los efectos nocivos de la ejecución de la pena privativa de libertad se extienden a los familiares del interno que frecuentemente quedan en una situación grave de desamparo material y moral. El problema del delito también involucra a la víctima y sus familiares.

Con el objeto de atenuar en lo posible estos efectos negativos que inciden sobre la vida del liberado y de sus familiares, la ciencia penitenciaria aconseja reforzar los lazos que lo unen a su familia y amistades creando una serie de relaciones para que no se produzca ese aislamiento y apoyarlo para que esté en condiciones de reincorporarse plenamente a la sociedad.

En el Proyecto son las Juntas de Asistencia Post-Penitenciaria las encargadas de cumplir esta labor. Estas instituciones funcionarán en las regiones penitenciarias y estarán integradas por un equipo interdisciplinario con participación de diversos representantes de las instituciones sociales. Esta labor debe descansar fundamentalmente en los asistentes sociales, que son los profesionales que están mejor capacitados para desempeñar las funciones que establece el proyecto, conjuntamente con los otros profesionales que determine el reglamento.

PERSONAL PENITENCIARIO

Para la aplicación de las normas que regulan el Sistema Penitenciario y el cumplimiento de sus objetivos se requiere contar con personal capacitado para llevarlos a cabo. Sería ilógico fijar los fines del Sistema Penitenciario en el tratamiento y no poder después realizarlo en la práctica por falta de personal especializado. Sin embargo, esto es lo que viene ocurriendo en la mayoría de países y, sin lugar a dudas, es el problema fundamental en que se encuentra la reforma del Sistema Penitenciario en el Perú.

El proyecto, reconociendo esta realidad, establece que la administración penitenciaria contará con el personal necesario y debidamente calificado, que será seleccionado formado y capacitado permanentemente en el Centro de Estudios Criminológicos y Penitenciarios. La primera medida, en consecuencia, para la implementación del proyecto será seleccionar y preparar el personal que, con urgencia, requiere el Sistema Penitenciario.

El proyecto, establece que la carrera penitenciaria comprende al personal de tratamiento, de administración y de seguridad, disponiéndose que las plazas serán cubiertas por estricta línea de carrera conforme al escalafón.

Reconociendo el carácter especial de la carrera penitenciaria por la función social que cumple, se establece que el personal se organiza jerárquicamente y está sujeto a un régimen laboral y de remuneración especiales.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

El Proyecto mantiene al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como el organismo rector del Sistema Penitenciario Nacional. Considerando que la Administración Penitenciaria es una función eminentemente técnica y compleja, se establece que está será dirigida por un órgano colegiado (Consejo Nacional Penitenciario) integrado por tres especialistas en asuntos criminológicos y penitenciarios cuyo presidente tendrá funciones ejecutivas.

El Consejo tendrá como una de sus funciones principales elaborar la política de prevención del delito y tratamiento del delincuente. Se ha diseñado una estructura orgánica funcional que permita cumplir con los objetivos y fines del proyecto, enumerándose los órganos que la componen cuya organización y funciones estarán determinadas en el Reglamento.

Para la implementación del Proyecto el Poder Ejecutivo deberá proveer en forma progresiva los recursos necesarios.

MIEMBROS DE LA COMISION REVISORA

Dr. Javier ALVA ORLANDINI
PRESIDENTE
Representante del Senado de la República.

Dr. Absalón ALARCÓN BRAVO DE RUEDA
Representante del Senado de la República.

Dr. Luis GAZZOLO MIANI
Representante del Senado de la República.

Dr. Genaro VELEZ CASTRO
Representante de la Cámara de Diputados.

Dr. Jorge DONAYRE LOZANO
Representante de la Cámara de Diputados.

Dr. Angel FERNÁNDEZ HERNANI
Representante del Ministerio Público.

Dr. Roger SALAS GAMBOA
Representante del Poder Judicial.

Dr. Germán SMALL ARANA
Representante del Ministerio de Justicia.

Dr. Arsenio ORE GUARDIA
Representante de la Federación del Colegio de Abogados del Perú.

Dra. Lucía OTAROLA MEDINA
Representante del Colegio de Abogados de Lima.

Dr. Víctor PEREZ LIENDO
Dr. Pedro SALAS UGARTE
Asesores.

Dr. Pablo ROJAS ZULOETA
Secretario Letrado-Relator

Srta. Milagros RIOS GARCÍA
Sra. María del Pilar MAYANGA CARLOS
Sra. Rosa SANDOVAL DE CARRANZA
Dr. Lorenzo CASTILLO CASSANA-Secretario Letrado