Ayer, 26 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las denuncias de falta de publicidad y transparencia en el proceso de selección de seis magistrados del Tribunal Constitucional del Perú.
Para la CIDH, Perú debe hacer públicos los criterios de selección utilizados por la Comisión Especial del Congreso para seleccionar a los candidatos y facilitar espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil (probablemente de quienes han interpuesto la denuncia ante la CIDH).
Sin embargo, la CIDH no ampara esas exigencias ni en el Derecho Internacional ni en la legislación peruana. Viene a ser, en todo caso, meramente la respetable opinión de los comisionados de la CIDH.
Expresiones de ese tipo, al carecer de fundamentado, debilita la legitimidad de la CIDH en su importante mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente americano.
Está en manos del Gobierno defender la soberanía del Estado peruano en la elección de los magistrados del TC de acuerdo con su legislación interna que además no ha sido denunciada como incompatible con el Derecho Internacional. Eso sería actuar en consecuencia y responsabilidad.
Del mismo modo, la magistrada que tiene a cargo la responsabilidad de resolver un proceso de amparo con una medida cautelar, debe ser prudente en no ordenar la suspensión del procedimiento de la elección de magistrados del TC, basándose en la nota de prensa de la CIDH, por el solo hecho de que lo señala la CIDH, pues como se reitera, no tiene fundamento ni en el Derecho Internacional ni en el Derecho Nacional peruano, además de no existir derecho fundamental alguno lesionado o con riesgo de ser lesionado.
