A continuación compartimos la carta pública escrita por la abogada defensora de Keiko Fujimori, Giulliana Loza Avalos.
La letrada rechaza la medida de allanamiento contra el estudio jurídico Oré Guardia. “Actos atroces, como el allanamiento de un importante Estudio de abogados, no solo afectan el ejercicio del derecho de defensa, sino también a las garantías mínimas que asisten a todo ciudadano”, señala enfáticamente.
Finalmente, hace un llamado a la comunidad jurídica para defender el debido proceso: “Hago un llamado a los abogados del país, al Colegio de Abogados que nos representa, a la Defensoría del Pueblo y a la Comunidad internacional para que estén atentos y resguarden los Derechos Humanos, impidiendo la continuidad de actos que tienden a lesionar los derechos fundamentales”.
Estimados colegas y amigos:
Soy abogada. No soy política. Llevo casi 15 años de carrera impecable en la defensa penal. Hoy, la persecución contra Keiko Fujimori quiere dar el siguiente paso: desprestigiarme, involucrándome en actos ilícitos imaginarios por el solo hecho de defenderla. Así se escribirá un capítulo más de esta historia de violación del Debido Proceso.
Actos atroces, como el allanamiento de un importante Estudio de abogados, no solo afectan el ejercicio del derecho de defensa, sino también a las garantías mínimas que asisten a todo ciudadano. Estas maniobras censurables y condenables, desde todo punto de vista, buscan intimidar a la defensa. Pero, yerran porque nos obligan a luchar con más fuerza para preservar el Estado de Derecho.
Rechazo las falsedades que se levantan contra mí y expreso mi serena indignación ante una resolución judicial (basada en el requerimiento fiscal) que especula respecto a mi persona y expone falsamente que “De la declaración prestada por el Testigo Protegido n° 10 se desprende que los abogados… Giulliana Loza Avalos habrían contactado al abogado Fernando Carreras Segura, a fin de que acompañe a los falsos aportantes, en el sentido que reconocieran que habrían efectuado los aportes (cuando en realidad no lo habían hecho)”. La cita es falsa. El referido TP n° 10 no ha declarado eso y no lo hizo porque jamás he direccionado la declaración de testigos ni contactado al Dr. Fernando Carreras para que acompañe a falsos aportantes o a los asesore en rendir una falsa declaración; mucho menos he gestionado el pago de sus honorarios.
Resulta preocupante el propósito de esta resolución fundada en un hecho falso, si se aprecia que se pronuncia y ejecuta un día antes de la audiencia del requerimiento de impedimento de salida del país al señor Mark Vito Villanella y en las vísperas de la audiencia de apelación de prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori, en las cuales participaré como su abogada defensora. Ni la mentira ni la intimidación me harán desmayar en mi legítimo ejercicio profesional, ni en este caso ni en el de cualquiera de mis patrocinados. Toda persona tiene derecho irrestricto a recibir una adecuada defensa y todo abogado tiene derecho a ejercer su profesión con honor, seguridad y libertad como parte de un Estado de Derecho que asegure procesos justos.
Siempre he ejercido, ejerzo y seguiré ejerciendo mi profesión con probidad, lealtad, veracidad y buena fe. Hago un llamado a los abogados del país, al Colegio de Abogados que nos representa, a la Defensoría del Pueblo y a la Comunidad internacional para que estén atentos y resguarden los Derechos Humanos, impidiendo la continuidad de actos que tienden a lesionar los derechos fundamentales, en este caso los de mi patrocinada, la señora Keiko Fujimori y su familia, algo que padecen muchos procesados en el país y que podría afectar a cualquier ciudadano. Hago un llamado también para que esa salvaguarda del Debido Proceso se extienda a los abogados y abogadas del Perú. El ejercicio de nuestra profesión merece respeto y protección porque en nuestras manos se confía la libertad o el patrimonio de nuestros patrocinados, en buena cuenta, la vida y honra de personas.
Lima, 21 de noviembre de 2018
