El Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo Rabanal, reafirma la necesidad de reforzar la extinción de dominio como herramienta de lucha contra la criminalidad organizada. Sin embargo, observa que la reciente aprobación del Proyecto de Ley N. 3577/2022-CR, presentado por el Congresista Jorge Morante, corrige los abusos que la norma generaba desde su promulgación y aplicación. Por ello, el CAL expresa su conformidad inicial con dicha aprobación legislativa, la cual es similar a la propuesta legal presentada anteriormente por nuestro gremio.
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Actualmente, la ley establece que todo bien patrimonial que derive de un acto ilícito puede ser objeto de extinción de dominio, es decir, que se traslade su titularidad al Estado previo proceso judicial. No obstante, en abuso de dicha aplicación, se han venido incautando bienes sin que el proceso penal haya culminado, lo cual vulnera gravemente derechos fundamentales como el derecho de propiedad, la buena fe registral y la presunción de Inocencia. Esta situación genera un grave perjuicio, ya que se impide el uso y goce de los bienes patrimoniales sin mediar una sentencia firme, anticipando una condena sin haberse acreditado judicialmente responsabilidad penal.
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Con la aprobación de esta modificación, se estarían garantizando estos derechos fundamentales, pilares de un Estado democrático. Más aún si se considera que el 80% de nuestra economía proviene de la evasión tributaria (economía informal), y no de actividades ilícitas. Es deber del Estado promover políticas públicas que coadyuven, en primer lugar, a la formalización de la economía y del empleo. Ello, a su vez, facilitará la labor del sistema de justicia en la identificación de participantes de economías ilegales y, con ello, una aplicación adecuada de la figura de extinción de dominio. Hasta hoy, la forma en que se venía aplicando esta ley equivalia a una condena anticipada de carácter civil.
Finalmente, esperamos con atención el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo sobre esta materia, ya modificada por el Congreso. Exhortamos a la señora Presidenta de la República a promulgar esta nueva ley, que busca proteger los derechos fundamentales de miles de peruanos que son el verdadero motor de la economía del país, y que se han visto injustamente afectados por una aplicación inadecuada de la normativa anterior.
