El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aceptó que Estados Unidos deporte a su país a migrantes indocumentados que hayan cometido crímenes graves. Además, ofreció albergar en cárceles salvadoreñas a delincuentes peligrosos de nacionalidad estadounidense que estén bajo custodia en Washington.
Así lo informó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, tras una reunión con Bukele. Según Rubio, el acuerdo permitirá que El Salvador reciba a migrantes indocumentados con antecedentes criminales en EE.UU., sin importar su nacionalidad.
Ya sean del M-13 o del Tren de Aragua, serán deportados y alojados en cárceles salvadoreñas.
A través de la red social X el presidente Bukele explico la propuesta que extendió a Estados Unidos:
Estamos dispuestos a aceptar solo a criminales presos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra megaprisión (CECOT) a cambio de una tarifa», matizó, refiriéndose a la prisión que inauguró hace dos años para presuntos miembros de la MS-13 y Barrio 18, las dos pandillas más poderosas de la región.
¿Qué derechos se estarían vulnerando de las personas deportadas?
LP Derecho consultó a los especialistas en derechos humanos, Edgardo Rodríguez Gómez y Arturo Crispín Sánchez, sobre las implicancias legales y los derechos que podrían verse afectados por el acuerdo entre El Salvador y EE.UU.
Edgardo Rodríguez Gómez: abogado constitucionalista y derechos humanos
De acuerdo al abogado Edgardo Rodríguez Gómez, especialista en derecho constitucional y derechos humanos, Estados Unidos debe tener en cuenta las condiciones carcelarias en El Salvador. Estas condiciones han sido objeto de cuestionamientos a nivel internacional.
El abogado señala que enviar personas a ese país podría ir en contra de principios fundamentales de derechos humanos. Por lo tanto, Estados Unidos no puede permitir que se actúe de esta manera:
El Salvador actualmente tiene cuestionamientos ante organismos internacionales por incumplir los estándares interamericanos sobre condiciones carcelarias, impuestas por el régimen del Presidente Bukele. Muchas de esas condiciones que incumplen los estándares interamericanos tienen relación con la práctica de la tortura, o los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estados Unidos, como un país democrático líder global, no se puede permitir actos contrarios una norma inderogable, es decir que sus autoridades no pueden suspender
Edgardo Rodríguez explica que, en los procedimientos de deportación, a menudo se vulneran derechos fundamentales debido a la falta de control judicial en la ejecución de las órdenes de expulsión, lo que genera arbitrariedades en el proceso:
Esas prácticas sumarias, ejecutadas por fuerzas de seguridad que incluyen a agentes penitenciarios y policiales, en muchas ocasiones no llegan a estar controladas por una verificación judicial previa, por lo que los niveles de arbitrariedad son altos.
Arturo Crispín Sánchez: abogado constitucionalista y derechos humanos
El abogado Arturo Crispín advierte que la deportación masiva en EE.UU. genera serias preocupaciones.
La propuesta de Bukele de enviar migrantes a cárceles en El Salvador agrava aún más la situación. Estas cárceles han sido criticadas por las condiciones en las que se encuentran los reclusos. Esto pone en riesgo el respeto a los derechos humanos de las personas deportadas, advirtió:
Lo que se vive en Estados Unidos con los malos tratos que reciben miles de migrantes irregulares refleja la deshumanización de la persona a nivel internacional. Si estos son recluidos en centros penitenciarios cuyas condiciones han sido cuestionadas desde los derechos humanos, no se hará más que menoscabar su dignidad.
Vivimos en tiempos en los que parece que ahora se busca cooperar o coordinar medidas a nivel internacional para destruir la dignidad de la persona, no solo de quien ha sido justamente condenado, sino también del migrante indocumentado, en lugar de protegerla.
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¿Puede un tercer país reclamar jurisdicción sobre un deportado a El Salvador?
El abogado Edgardo Rodríguez Gómez explica que en el sistema interamericano, la privación arbitraria de la libertad está regulada por estándares internacionales. Estos estándares permiten que cualquier persona, no solo los Estados, exija el cese de las violaciones a los derechos humanos:
La privación de la libertad de manera arbitraria tiene estándares muy desarrollados en el sistema interamericano, y al tratarse de vulneraciones a los derechos humanos la posibilidad de exigir el cese de toda violación a derechos no sólo es de los Estados, sino de cualquier persona porque ese es el logro del modelo internacional actual donde los sujetos de derechos son actores del sistema internacional.
Además, mencionó que la Corte IDH en el caso Wong Ho Wing contra Perú establece que los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos de riesgos de tortura y tratos crueles al no devolverlos a situaciones donde puedan sufrir estos abusos.
Dice la sentencia (caso Wong Ho Wing) “existan razones fundadas para creer que enfrentaría un riesgo real, previsible y personal de sufrir tratos contrarios a la prohibición de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.” Los Estados tienen allí una obligación de garantizar la vida y la integridad de sus ciudadanos.
Arturo Crispín Sánchez: abogado constitucionalista y derechos humanos
El abogado Arturo Crispín explicó que, independientemente de la situación migratoria, los migrantes están en riesgo de ser deportados si cometen un delito.
Sin embargo, los migrantes con residencia legal o ciudadanía tienen el derecho de impugnar la deportación ante los tribunales. Este derecho les permite defender su permanencia en el país. No obstante, todo dependerá de los acuerdos finales entre ambos países:
En principio, los migrantes irregulares latinos son deportados hacia sus países. El problema radicará en torno a aquellos migrantes naturalizados o que tengan residencia legal permanente, quienes al incurrir en delito, podrían atravesar estas medidas de deportación, aunque deberían tener oportunidad de impugnar ante los tribunales.
