La congresista Magaly Ruiz, de la bancada Alianza Para el Progreso (APP), presentó la moción 10679 para darle seguimiento al retorno a la bicamenralidad.
La iniciativa ingresó a Mesa de Partes del Parlamento el último jueves 14 de marzo.
Una nueva comisión
Esta comisión especial tendrá la finalidad de “evaluar, fiscalizar, proponer e impulsar el proceso de restablecimiento” de la cámara de Diputados y Senadores para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema bicameral.
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La Comisión Especial de Seguimiento pra la Implementación de la Restauración de la Bicameralidad, además, podrá convocar a expertos en derecho parlamentario y constitucional. Según el texto, el Reglamento del Congreso Bicameral deberá contar con las propuestas y opiniones de especialistas y exfuncionarios del Congreso de la República.
El regreso a la Bicameralidad
Con 91 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones, el Parlamento aprobó, en segunda votación, el dictamen recaído en los proyectos de ley 660, 724, 792,1044, 1091, que propone la reforma constitucional que restituye la bicameralidad en el Poder Legislativo.
Según la reforma constitucional admitida el pasado 6 de marzo, el Congreso estará conformado por una Cámara de Diputados, encargado del control político; y un Senado, responsable de la reproducción legislativa. Ambas cámaras tendrán 130 y 60 representantes, respectivamente.
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Asimismo, deja sin efecto el artículo 90 A de la Constitución, el cual establecía que los congresistas no podían ser elegidos por un nuevo periodo de manera inmediata.
El cambio se implementará a partir de las próximas elecciones generales; es decir, a partir del 2026.
¿Cuánto cuesta una comisión?
Aunque la moción de Magaly Ruiz Rodríguez, investigada por la Fiscalía por el presunto delito de concusión, asegura que la implementación de la nueva comisión se ejecutará con un gasto eficiente y “sin caer en cifras exhorbitantes”, la instalación sumaría más gastos al Estado.
Solo en el 2023, el Congreso albergó a más de 20 comisiones especiales. Estas generaron un costo superior a los 8 millones de soles –únicamente en planilla– en un periodo de tres años; es decir, desde el inicio del actual periodo parlamentario en el 2021, de acuerdo a un informe de El Comercio.
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