En los últimos años se han ejecutado grandes proyectos en Lima y Callao, siendo los más conocidos el Tren Eléctrico de la Línea 1, el Metropolitano y Sistema Integrado de Transporte (corredores), cuyos objetivos son los de mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra ciudad, ordenando de manera progresiva el sector del transporte público y optimizando la movilidad de los ciudadanos de manera sostenible.
Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)[1], el año pasado (2016), los gobiernos regionales de Lima y Callao, en los rubros de Transporte Terrestre y Urbano gastaron 32 millones de soles del total presupuestado y, en el caso del Callao, se gastó el 80% de un total de 215 millones de soles presupuestados.
No obstante, a pesar de la ejecución de montos significativos y de proyectos de gran envergadura, según datos provistos por Cruzada Vial[2] se estima que, durante el 2016, las pérdidas económicas del sistema de transporte peruano alcanzaron el 1,5% del PBI (más de 800 millones de dólares). Una muestra de ello, en función del valor tiempo por dinero, es que en el caso de la mayoría de limeños, el tiempo que demoran en ir a trabajar o estudiar desde que salen de su domicilio hasta que llegan a su destino demora al menos dos horas diarias en su viaje de ida y vuelta; siendo, en el caso de los chalacos, viajes ligeramente más largos[3].
Así, en base a una encuesta[4], que realicé gracias al apoyo de Public Insights, se concluye que, respecto al indicador satisfacción, los ciudadanos consideran que aún falta mucho por mejorar la calidad del transporte público, así, por ejemplo, el grado de insatisfacción de los usuarios con el servicio del Metropolitano es de 74,3%, siendo ligeramente menor para el caso de la Línea 1 con un 58,1%. De estos porcentajes, se evidencia que un componente importante de la insatisfacción es el tiempo de espera para las recargas de las tarjetas, ya que más del 50% tarda 10 o 15 minutos.
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Por otro lado, el Proyecto de Ley 1719/2017-PE, que dispone la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), es importante ya que su fin es implementar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, de manera eficiente, sostenible, accesible, seguro, que respete los estándares ambientales y de amplia cobertura, con lo que permitirá satisfacer las necesidades de traslado de los ciudadanos de ambas jurisdicciones. Asimismo, responde al caos normativo, que comúnmente se produce como consecuencia de la ausencia de una normativa única. Seguidamente se debe ordenar la dispersión de competencias y responsabilidades de los funcionarios de las Municipalidades de Lima y Callao[5], así como de otras entidades del gobierno central para gestionar el servicio del traslado de pasajeros en el ámbito urbano de manera segura y eficiente.
Es pertinente señalar que, en la exposición de motivos del proyecto de ley, se declara al servicio de transporte público como un servicio público[6], dado a que este reviste un especial interés público. Lo mencionado denota la importancia que tiene el transporte público para la sociedad en su conjunto y es por eso que su problemática es una tarea pendiente que ha exigido soluciones a lo largo de la historia.
En efecto, ello implica virar de perspectiva el rol de los organismos públicos en el proceso de la política pública desde el tradicional enfoque de la administración pública –esto a razón de la posible centralización y burocratización en la creación de la ATU–, a un enfoque de gestión pública centrado en los resultados que alcance la intervención del Estado, es decir, comenzar a pensar en valor público en el proceso de creación de la ATU.
Siguiendo a Moore, para encontrar valor público “los resultados que se obtienen de la intervención del Estado deben ser superiores al costo de haber producido privadamente el mismo resultado. Para determinar ello existe un conjunto de técnicas que permiten identificar si se está produciendo o no valor público, tales como el análisis costo-beneficio, el análisis costo-efectividad, el Análisis de Política Pública y la evaluación de programas[7]“.
De ese modo, Moore plantea un enfoque para poder concretizar el concepto de valor público, el cual se centra en “a) la prestación de servicios; b) los impactos reales sociales; y c) el mantenimiento de la confianza y legitimidad de la organización[8]“.
Entonces, la idea de valor público, debe ser entendida cuando el accionar del Estado junto con el consentimiento de los ciudadanos, busca abordar los problemas públicos, a través de la generación de bienes y/o servicios valorados por los ciudadanos, así como la ejecución eficiente de sus programas y proyectos. Ello nos demuestra que, no solo es importante que las políticas públicas elaboren cambios materiales en la sociedad, sino que los ciudadanos puedan percibir que estos realmente ocurran, es decir que estos cambios puedan fundamentarse en razones de valoración social[9], las que serán creadas a partir de un deseo en común de los ciudadanos, lo que llamaremos una aspiración colectiva.
Por esta razón, considero necesario que, en el proceso de creación de la ATU, se deba enfocar en desarrollar el valor público, teniendo como propuesta la implementación de una tarjeta única multiplataforma integrada, toda vez que se estaría brindando un servicio que genere valor en sí mismo, manteniendo la confianza y legitimidad del servicio brindado. Cabe resaltar, que tales son los importantes beneficios que representaría el uso de este dispositivo que, aproximadamente el 93% de los encuestados, afirmaron que estarían dispuestos a acceder a este.
Ahora bien, esta tarjeta serviría como medio de pago para los buses del Metropolitano, el Tren Eléctrico de la Línea 1 y los Corredores a través de una tarifa integrada. La cual, una vez implementada, tendrá otras mejoras y beneficios, como establecer que el usuario pueda recargar esta tarjeta en las oficinas de recaudo, agentes financieros, tiendas/bodegas, minimarkets, página web o un aplicativo móvil, evitando así las colas innecesarias.
También, podrá utilizar una página web exclusiva de la ATU, la que contendrá una plataforma de información interactiva, en donde podrás consultar, por ejemplo: movimientos, saldos, comprar tu tarjeta online y que esta sea enviada por courier, así como puntos de denuncias que puede hacer el usuario respecto al servicio brindado. Además, al ser una tarjeta integrada que tenga acceso virtual a un usuario, se podrá tener una mayor movilidad y facilidad de orientación para realizar transbordos.
No obstante para hacer viable dicha propuesta, la Unidad de Gestión del Sistema de Recaudo Único según el literal g) del artículo 3 del Proyecto de Ley, sería la encargada de la venta, recarga, distribución y validación de los medios de acceso al Sistema Integrado de Transporte, por lo que, deberá definir una estratégica jurídica para llegar a tomar acuerdos concertados con los otros operadores de recaudo, esto para saber quién será el que asumirá el costo de la implementación y operatividad. En lo que mi opinión respecta, sería mejor financiarla a través del Estado, toda vez que las empresas carecerían de mayores incentivos económicos.
En ese sentido, la presente propuesta impactaría positivamente en la calidad de vida de las personas, pues los beneficia en la reducción del estrés, que es la consecuencia lógica de reducir el tiempo que se pierde al realizar colas innecesarias para la recarga de una tarjeta, provocando el correspondiente incremento en la satisfacción de los mismos respecto del servicio brindado, ya que el usuario podrá maximizar el tiempo perdido en otra actividades. Así, genera una mayor preferencia por dicho servicio, y resulta un incentivo para que los concesionarios sean más proclives a apoyar dicha implementación.
Por último, un tema sumamente importante y que pocas veces se toma en consideración, es que la mejora del sistema de transporte acorta las brechas de desigualdad e impacta en la reducción de la pobreza, toda vez que los sistemas de transporte acercan a las personas y les permiten acceder a distintas oportunidades para su desarrollo personal y el de su comunidad. Es necesario incidir en que, si queremos un sistema de transporte eficiente, debemos de pensar en valor público.
[1] Portal de Transparencia Económica (MEF). Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (consulta amigable).
[2] IEP & Otros. Nota de Política Pública sobre Movilidad Urbana Sostenible, marzo del 2016.
[3] Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos. VII Informe de percepción sobre calidad de vida, 2016; p. 11.
[4] Se realizó la encuesta en el periodo del 1 de setiembre de 2017 hasta el 15 de setiembre de 2017 a 300 usuarios de los Sistemas de Transporte de Lima y Callao.
[5] Si bien es cierto que los gobiernos de Lima y Callao han decidido en varias oportunidades suspender o entorpecer las iniciativas de reforma de transporte por mezquindad política, incapacidad técnica o algunos indicios de actos de corrupción; no puede ser vista como única solución la de restringir competencias propias de su jurisdicción, toda vez que los gobiernos locales, al ser representantes de la participación de los ciudadanos en las decisiones que impactan en su desarrollo, deberían acceder a un porcentaje mayoritario de representación para la toma de decisiones, lo que legitimaría las políticas públicas escogidas.
[6] Cuando nos referimos al transporte público, observamos que este servicio presenta ciertas características como son: i) Ser esencial para la comunidad, ii) La necesaria continuidad de su prestación, iii) Que su prestación debe mantener un estándar mínimo de calidad y iv) Que su acceso se dé en condiciones de igualdad.
[7] M. Moore (1998) citado por Mauricio Olavarría Gambi. “Conceptos Básicos en el Análisis de Políticas Públicas”. Documento de Trabajo N° 11 – Diciembre – 2007, p. 45.
[8] M. Moore (1998) citado por Jorge Humberto García Reátegui. “Gestión pública y valor público”. Actualidad Gubernamental N° 78, abril 2015, p. 16.
[9] Por ejemplo, el caso del conocido programa social “Vaso de Leche”, al ser aceptada la continuidad de la prestación de este servicio por parte de los ciudadanos, a pesar del fracaso e ineficiencia de sus operaciones, esto a razón de la importancia de la valoración social, es decir, el deseo de atender la necesidad alimentaria de los niños y niñas que este servicio tiene como público objetivo.
