La Asociación Nacional de Juezas del Perú emitió un pronunciamiento en el que cuestiona la intención de la Autoridad de Control del Poder Judicial de promover acciones disciplinarias contra magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia Nacional, por decisiones adoptadas en el proceso seguido contra el expresidente Ollanta Humala, el cual aún se encuentra en trámite y pendiente de revisión en instancia superior.
En el documento, la asociación señala que no corresponde iniciar procedimientos disciplinarios cuando las resoluciones cuestionadas no han adquirido firmeza, ya que estas pueden ser revisadas mediante los mecanismos procesales previstos, como la apelación. Asimismo, advierte que este tipo de actuaciones podría afectar principios como la independencia judicial, la autonomía jurisdiccional y el debido proceso.
Finalmente, la asociación indica que este tipo de iniciativas podría generar un efecto en la actuación de la magistratura. En ese sentido, exhorta a la Autoridad de Control del Poder Judicial a actuar dentro de los límites de su competencia y reafirma su posición a favor de una judicatura autónoma y del respeto al Estado de derecho.
PRONUNCIAMIENTO
La Asociación Nacional de Juezas del Perú expresa su más enérgico rechazo frente a la pretensión de la Autoridad de Control del Poder Judicial de promover acciones disciplinarias contra magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia Nacional por decisiones jurisdiccionales emitidas en el marco del proceso seguido contra el expresidente Ollanta Humala, el mismo que aún se encuentra en trámite y pendiente de pronunciamiento en instancia superior.
Resulta inaceptable, en un Estado Constitucional de Derecho, que se pretenda sancionar o siquiera promover la imposición de sanciones disciplinarias cuando la decisión judicial cuestionada no ha adquirido firmeza y se encuentra sometida al control de los órganos jurisdiccionales competentes a través de los recursos legalmente establecidos, como el de apelación. Este tipo de actuaciones no solo son prematuras, sino que vulneran abiertamente principios esenciales como la independencia judicial, la autonomía en la función jurisdiccional y el debido proceso.
La potestad disciplinaria no puede convertirse en un mecanismo de presión o revisión indirecta del criterio jurisdiccional. Pretender responsabilizar a juezas o jueces por el contenido de sus resoluciones, mientras estas aún están siendo objeto de evaluación por instancias superiores, constituye una grave interferencia que debilita la institucionalidad del sistema de justicia.
Asimismo, advertimos que este tipo de iniciativas genera un efecto intimidatorio en la magistratura, afectando la libertad de decisión y comprometiendo la imparcialidad con la que deben actuar las juezas y jueces, quienes están obligados a resolver únicamente con base en la Constitución y la ley, y no bajo amenazas de eventuales represalias disciplinarias.
Estando a los antes señalado, exhortamos a la Autoridad de Control del Poder Judicial a actuar con estricto respeto a los límites de su competencia, absteniéndose de promover o iniciar procedimientos disciplinarios sustentados en decisiones jurisdiccionales no firmes, a no respetar el criterio jurisdiccional y las medidas adoptadas en el proceso penal garantizando plenamente el respeto a la independencia judicial.
Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la defensa de una judicatura autónoma, libre de presiones y orientada a la tutela efectiva de los derechos fundamentales, como base indispensable para la vigencia del Estado de Derecho y la democracia. Lima, 11 de abril del 2026
ASOCIACIÓN NACIONAL DE JUEZAS DEL PERÚ
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