¿Quién reemplazará a Elmer Cáceres Llica en el Gobierno Regional de Arequipa?

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Hoy en horas de la madrugada, el gobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres Llica y once de sus funcionarios fueron detenidos preliminarmente tras el megaoperativo a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, que los investiga por formar parte de la Organización Criminal “Los Hijos del Cóndor”.

El fiscal provincial Arturo Valencia Paiva junto a 37 fiscales liderados por el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios Omar Tello Rosales y personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), la Dirección General de Inteligencia (Digimin) allanaron en simultaneo las viviendas de los detenidos y las oficinas del Gobierno Regional.

La Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público contó así el desarrollo de las diligencias:

Según las investigaciones la autoridad regional habría captado a algunos consejeros regionales, ofreciéndoles la entrega y administración de obras, beneficios económicos y laborales, así como parcelas y/o terrenos del estado, para que no lo fiscalicen y reciba el apoyo incondicional en todos los contextos funcionales, como el no admitir a trámite los pedidos de interpelación que pudieran presentarse tanto en su contra como a su personal de confianza en el GRA.

Para concretar ello, habría realizado ofrecimientos y entrega de dádivas, terrenos y obras de gran envergadura a los consejeros regionales “captados”, por intermedio de diferentes funcionarios y/o servidores públicos. Coordinarían además la entrega de terrenos con los integrantes del Consejo Directivo de diferentes asociaciones, como “Asociación Agroindustrial Pampas Bayas”, “Asociación de Productores Sol Radiante de Majes” y “Asociación Cuatro de Diciembre de Caravelí”, por intermedio de testaferros que representarían no solo a los consejeros regionales “captados”, sino también a funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa.

La resolución judicial de allanamiento fue emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial de Arequipa.

Se conoció que la investigación data del 19 de octubre del 2019, tras una denuncia de un testigo protegido.

Como parte de las acciones que se ejecutan está la detención preliminar por un plazo de 10 días por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y cohecho pasivo impropio.

El despliegue de personal fiscal de Arequipa, Lima, Tacna, Moquegua y Cuzco permitió que en esta intervención también se incaute diversa documentación, equipos celulares, memorias USB, entre otros.

También se realizó esta intervención en las provincias de Caravelí, Caylloma (El Pedregal y Chivay).

Las diligencias continúan. Hasta el momento se encuentran en calidad de detenidos los investigados: Elmer Cáceres Llica (Gobernador Regional de Arequipa), Napoleón Ocsa Flores (Gerente Ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes), Gregorio Urbano Palma Figueroa (Gerente General del Gobierno Regional de Arequipa), Jeymi Natividad Flores Quicaña (Concejera Regional de Arequipa), Miguel Sebastián Guzmán Hinojosa (Concejero Regional de Arequipa), Herlyn Ysrael Zúñiga Yañez (Concejero Regional de Arequipa), Richard Edgard Calvo Ramos (Gerente de Desarrollo Económico Proyecto Especial Majes Siguas), Mario Jacobo Jacobo (Presidente de la Asociación Agroindustrial Pampas Bayas Sol Radiante de Majes Asesor del Gobernador Regional de Arequipa), Ronald Bernal Huarca (Consejero Regional), Alexander Martínez Rojas y Leodan Llaiqui Cáceres.

El Ministerio Público ha dispuesto el reconocimiento médico legal y control de identidad de los detenidos.

Ahora bien, salta la pregunta sobre qué es lo que va a suceder con el gobierno regional frente a estos hechos. Hace unas horas, el abogado Jorge Luis Mamani, especialista en derecho electoral, ha apuntado en su cuenta de Facebook algunas alternativas que franquea la ley en el caso que se opte por la suspensión de Cáceres Llica y de los consejeros:

    • La Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR) prevé las figuras de la vacancia y suspensión de cargos regionales.
    • El proceso de suspensión tiene por finalidad apartar, de manera temporal, al «gobernador» o «consejeros» de sus cargos públicos para los que fueron elegidos en un proceso electoral, por haber incurrido en alguna de las causales señaladas en el artículo 31 de la LOGR.
    • Uno de los supuestos frente a los que procede la suspensión es la existencia de un mandato de detención vigente, una medida de coerción procesal penal que limita la libertad física de la autoridad investigada.
    • La suspensión es declarada en primera instancia por el Consejo Regional, dando observancia al debido proceso y el respeto al ejercicio del derecho de defensa, por mayoría del «número legal de miembros» (8 de 14 consejeros).
    • La autoridad que asume ante la suspensión del gobernador regional es el vicegobernador regional. Si ambos fueran suspendidos asume un consejero elegido por el Consejo Regional.
    • En reiterada jurisprudencia, el JNE ha señalado que la razón de esta norma es garantizar la gobernabilidad, la gestión y el normal desarrollo de las actividades; y, sobre todo, los servicios públicos que realiza la entidad regional, «los cuales pueden verse afectados cuando la autoridad no pueda ejercer sus funciones por estar privada de su libertad o porque pesa sobre ella una orden de captura, aunque esta medida sea de carácter provisional».
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