PRONUNCIAMIENTO
La decisión del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de retirar a Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial de investigación “Lava Jato” ha generado una indignación ciudadana que viene manifestándose a través de las redes sociales y protestas públicas. Si bien el activar o desactivar equipos especiales de investigación, así como nombrar o remover fiscales de tales equipos es una atribución exclusiva de la Fiscalía de la Nación, esta no puede ser ejercida arbitrariamente.
El problema de fondo, sin embargo, es su continua permanencia en dicho cargo, el cual exige una conducta intachable e idoneidad moral para ejercerlo. Los óbices para que Pedro Chávarry siga desempeñándose como Fiscal de la Nación se debe a múltiples factores, tales como su presunta pertenencia a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y sus vínculos con funcionarios que viene investigando en función de su cargo. No obstante, existe una razón aún mayor: la irregularidad en su ratificación como fiscal supremo.
En su momento, la alteración de las notas del examen escrito fue denunciada por los medios de comunicación; empero, ante la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura, no hay órgano competente para investigar este ilícito y, eventualmente, anular de oficio dicho nombramiento. Existe, sin embargo, otra irregularidad que no ha sido debidamente explorada. Las Resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura N° 328-2017-CNM, del 15 de junio de 2017, y 044-2018-CNM, del 6 de febrero de 2018, aprobaron criterios para la ratificación automática sin pasar por entrevista personal y otros criterios complementarios.
Estas resoluciones se ven presuntamente afectadas por inconstitucionalidad e ilegalidad por crear un mecanismo denominado “ratificación automática” para favorecer a diversos magistrados, prescindiendo de la entrevista personal. Ello significó traicionar la regla constitucional del artículo 106 de la Constitución que contempla el mecanismo de la ratificación como un medio para que la ciudadanía, a través del CNM (hoy junta Nacional de justicia) controle la calidad de magistrados y fiscales y vele por el idóneo cumplimiento de su nombramiento, luego de siete años de ejercicio del poder público, tal como el propio Tribunal Constitucional ha reconocido en la STC N° 3361-2004-AA (caso Álvarez Guillen). Ello implica, por tanto, que la ratificación no puede ser ‘express’ ni mucho menos poco rigurosa.
Vale la pena indicar que Pedro Chávarry, así como otros fiscales y magistrados, se vieron favorecidos por este procedimiento de ratificación, con el agravante, en el caso del actual Fiscal de la Nación, de que sus notas habrían sido modificadas en su favor, tal como demuestra un artículo publicado hace pocos días (https://lpderecho.pe/puntaje-fiscal-nacion-vias-legales-existen-mario-atarama-cordero/). Ello requiere una investigación que oportunamente será realizada por la JNJ.
Confiamos que la futura JNJ, al revisar las irregularidades incurridas por el CNM, decida el destino de Pedro Chávarry, pero para que ello ocurra pasarán varios meses, y la mayoría parlamentaria seguramente buscará retrasar aún más esta conformación. Las soluciones que se necesitan para nuestro país, sin embargo, deben ser inmediatas.
Por ello, en nuestra calidad de profesores de derecho y abogados comprometidos con la vigencia del Estado de derecho, y confiando en que es posible encontrar soluciones en el marco de la legalidad, proponemos sumar esfuerzos para llevar a cabo la elaboración de una estratega procesal para cuestionar contra las citadas Resoluciones del CNM a fin de lograr que Pedro Chávarry deje el cargo de Fiscal de la Nación, presentando todas las acciones legales que sean pertinentes para dicho fin. Esta estrategia será trazada en los próximos días y será informado oportunamente a los medios.
Invocamos a todos los profesores de derecho, juristas y abogados que se unan al esfuerzo colectivo de los que suscriben este pronunciamiento a fin de que nuestra aún precaria democracia y debilitada institucionalidad no sean nuevamente sustraídas por tenebrosas transacciones; y para que nuestro gobierno sea, finalmente, uno regido por el Derecho y ya no más por personas.
Lima, 31 de diciembre de 2018
SS.
- Alessandro Vergel Pérez-Palma
- César Higa Silva
- Heber Joel Campos Bernal
- Julio Rodríguez Vásquez
- Edward Dyer Cruzado
- Enrique Sotomayor
- Luciano López Flores
- Raffo Velasquez Melendez
- Renzo Cavani Brain
