La candidata a la presidencia de la República por el partido Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, expuso sus propuestas de gobierno y se pronunció sobre sus investigaciones legales vigentes en una entrevista en Tribuna Electoral. La economista, quien cuenta con veinticinco años de experiencia en la administración pública, abordó temas referidos al caso Chinchero, reformas penales, seguridad ciudadana y su pasada gestión institucional.
Investigaciones penales y el caso Chinchero
Durante el diálogo, la postulante se refirió al juicio oral ordenado en su contra por el caso Chinchero, señalando que su defensa se ampara en victorias previas ante el Tribunal Constitucional y la autoridad de Servir. Asimismo, recordó que logró una condena por difamación agravada contra el excontralor general de la República, Edgar Alarcón, tras argumentar que un laudo arbitral internacional validó la legalidad de la adenda contractual en controversia.
Al ser consultada sobre la viabilidad de proponer la muerte civil para corruptos mientras afronta una investigación penal por el presunto delito de colusión, Molinelli defendió el principio de presunción de inocencia y argumentó que no se debe criminalizar a los servidores públicos que toman decisiones para el desarrollo de grandes proyectos. En ese contexto, la candidata cuestionó a los servidores que evaden responsabilidades administrativas al momento de suscribir documentos técnicos y sentenció: «El funcionario tembleque, ese que no sabe, nunca va a firmar nada, ese es el que se escapa».
Reformas legislativas y seguridad ciudadana
En materia de seguridad ciudadana y reforma del sistema de justicia, la candidata propuso derogar normativas vigentes que calificó como «leyes procrimen», tales como la denominada Ley Soto y las modificaciones a la colaboración eficaz. Además, resaltó la urgencia de comprometer mayor presupuesto desde el Poder Ejecutivo para nombrar jueces titulares y garantizar que las unidades de flagrancia resuelvan casos de extorsión y sicariato mediante el trabajo conjunto de fiscales, policías y jueces en un plazo de 48 horas.
Por otro lado, la expresidenta de EsSalud sugirió la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en un plazo de doce a dieciocho meses para mitigar el hacinamiento de más de 52 000 internos, previa ejecución de un mecanismo de consulta ciudadana. Conjuntamente, planteó una reestructuración de la Policía Nacional mediante la creación de dos esferas operativas: una orientada a la inteligencia e investigación tecnológica, y otra enfocada en el restablecimiento del orden público con visión comunitaria y no represiva.
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Derechos fundamentales: Aborto y eutanasia
En el ámbito de los derechos fundamentales, la aspirante presidencial ratificó su postura a favor de la estricta aplicación del aborto terapéutico en el país. Sin embargo, frente a los embarazos originados por violencia sexual en menores de edad, precisó que se debe promover un debate basado en evidencia médica y científica para evaluar la ampliación de las causales, considerando el alto riesgo físico y emocional que enfrentan las niñas y adolescentes gestantes.
Finalmente, en relación con el derecho a la muerte digna y la eutanasia, Molinelli abordó su actuación frente al caso de la psicóloga Ana Estrada. La exfuncionaria aseveró que ordenó no interponer un recurso de apelación contra el fallo judicial que autorizó el procedimiento, argumentando que el sistema de justicia ya había evaluado rigurosamente todos los elementos jurídicos y que carecía de sentido jurídico y humano prolongar la agonía de la ciudadana.
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