El Ministerio Público requirió la suspensión preventiva del general Víctor Zanabria Angulo en el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida se solicita por un plazo de 18 meses, en el marco de una investigación por presunto peculado doloso y abuso de autoridad.
La solicitud fue formulada por el fiscal provincial Arturo Marcos Valencia Paiva, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa. El requerimiento está dirigido a la jueza del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Según el requerimiento fiscal, la medida se basa en el artículo 297, inciso 1, del Código Procesal Penal (CPP), el cual dispone:
El juez, a pedido del fiscal, podrá dictar las medidas de suspensión preventiva de derechos previstas en este título cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabilitación, sea esta principal o accesoria o cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva.
El fiscal solicita que se aplique lo dispuesto en el literal b) del inciso 1 del CPP, que contempla la suspensión temporal del cargo contra el investigado por la presunta comisión de peculado doloso, abuso de autoridad y otros.
Los presuntos delitos se habrían cometido en el marco de la gestión de Zanabria como jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa. Según informó Panorama, seis suboficiales de la Policía indicaron que durante el año 2020 fueron obligados a realizar trabajos de albañilería y electricidad en dicho periodo. Los agentes señalaron que figuraban oficialmente como asignados a patrullaje a pie, pero en realidad cumplían labores de construcción dentro de las instalaciones policiales.
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El medio recogió la declaración de la mayor PNP Claudia del Castillo, exjefa del Escuadrón Verde de Arequipa, quien manifestó ante la Fiscalía Anticorrupción que recibió órdenes directas de Zanabria. Según la declaración, el entonces jefe policial solicitó personal voluntario con conocimientos en albañilería, electricidad o gasfitería, indicándoles que serían asignados bajo el rol de patrullaje.
Además, el testimonio de Claver Colquehuanca, maestro albañil de las labores, reforzó la hipótesis fiscal sobre el presunto desvío y apropiación indebida de fondos en la obra de remodelación policial. Según su declaración ante el Ministerio Público, recibió una transferencia de más de 17 mil soles —monto que superaba lo pactado— y, al consultar por la diferencia, el general Zanabria le habría respondido:
Me sorprendí por la cantidad que había. Me fui al despacho del general Zanabria y cuando me entrevisté le dije: «Este monto no me corresponde». Él me contestó: «No te preocupes, cóbralo y te haces del cobro de lo que te corresponde y el resto me lo das».
