Primero la Gente y País Para Todos enfrentan cuestionamientos por el presunto uso indebido de fondos públicos de la franja electoral.
Denuncias señalan que los partidos concentraron parte de su presupuesto en un solo canal de televisión, luego de que algunos medios ofrecieran transmitir la franja electoral a cambio de una comisión del 15%.
La Fiscalía de la Nación iniciará una investigación. LP consultó a especialistas si este uso indebido configura delito.
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Aaron Aleman Yactayo, abogado penalista
El penalista Aaron Aleman señaló que los representantes del medio de comunicación seleccionado solo cometieron delito si solicitaron, recibieron o aceptaron dinero o algún beneficio a cambio de ser elegidos para la franja electoral. Ello constituye el delito de corrupción al interior de entes privados.
El caso va más bien por un negociado entre el partido político y el medio de comunicación, porque hay un interés de ambos. Ahí sí estamos en un ámbito de corrupción privada, precisó el penalista.
Aaron Aleman precisó que no se trataría de un caso de corrupción pública, como colusión, negociación incompatible o peculado, pues no habría ningún funcionario del Estado involucrado en esta presunta trama delictiva.
Para hablar de corrupción pública tendría que existir indicios de la participación de un funcionario público encargado de la contratación pública o del patrimonio estatal que haya sobrepuesto los intereses particulares sobre los públicos, explicó Aleman.
Augusto Yucra Ramos, abogado penalista
El penalista Augusto Yucra Ramos señaló que el medio cometería un delito solo si ofreciera o entregara un porcentaje del dinero a cambio de ser elegido.
Además, si dicho ingreso de dinero al partido no tuviera justificación, podría configurar corrupción en el ámbito privado o falseamiento de información sobre aportes e ingresos.
Si ese dinero ingresa al partido político y no se señala su origen, el partido incurriría en el delito de falseamiento de información sobre aportes, ingresos y gastos de organizaciones políticas, precisó el penalista.
Augusto Yucra Ramos opinó que hasta ahora no hay pruebas de pagos concretos. Así, se trata más de una falta ética o política que de un delito.
