La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente la Denuncia Constitucional 658 presentada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. La acusación se sustenta en la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión simple y agravada, tipificados en los artículos 317 y 384 del Código Penal.
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El informe de calificación obtuvo diez votos a favor y dos en contra, quedando admitido a trámite. Según el acta, respaldaron la admisión los congresistas Lady Camones, Jorge Montoya, Martha Moyano, Patricia Juárez, Patricia Chirinos, María Taipe, María Acuña, Ana Zegarra, Elvis Vergara y Karol Paredes. En contra votaron Elías Varas y Pasión Dávila. No se registró debate previo a la votación.
Investigación sostiene que Vizcarra habría dirigido organización que operó dentro del MTC
La investigación de la Fiscalía presentada en el 2024, sostiene que el exmandatario lideraría la presunta organización criminal denominada Los Intocables de la Corrupción, la cual se habría enquistado en Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Según la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, esta red habría operado entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, con la finalidad de direccionar licitaciones y contrataciones públicas fraudulentas para obtener beneficios económicos.
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De acuerdo con las investigaciones, Los Intocables de la Corrupción habrían ejecutado un esquema de corrupción basado en el copamiento institucional del MTC y de Provías Descentralizado. La presunta organización habría designado funcionarios estratégicos, promovido lobbies ilícitos y mantenido control sobre decisiones administrativas con el objetivo de manipular los procesos de contratación estatal.
El Equipo Especial sostuvo que la estructura criminal nombraba a funcionarios clave en el MTC y Provías Descentralizado para favorecer a empresas privadas con licitaciones públicas fraudulentas. Asimismo, indica que los beneficiarios de estas adjudicaciones debían entregar presuntamente el 3.5 % del monto adjudicado como coima, dinero que habría sido trasladado en maletines hasta Palacio de Gobierno para ser entregado a Vizcarra.
