El actual Congreso de la República ha sufrido una serie de vaivenes desde aquella elección presidencial y parlamentaria del 2016. Pero, pese a una serie de deserciones, lo permanente ha sido cuestionable hegemonía del partido que ganó la mayoría relativa: Fuerza Popular. Y aunque sus representantes se escudan en el respaldo popular que les da legitimidad para legislar como crean conveniente, sus críticos están convencidos de que hay manejos sospechosos en ese poder del Estado.
Estos cuestionamientos no se reducen a estar dirigidos hacia ciertas prácticas políticas desfasadas o un escaso sentido de la ética parlamentaria; sino que se basan en una acumulación importante de pruebas documentales. Las decisiones que el Congreso viene tomando en materia presupuestaria están provocando una apreciable ola de indignación general en la sociedad civil.
Por estos días, tres denuncias recogidas por los diversos medios de comunicación han concitado nuestra atención: el excesivo gasto en la adquisición de televisores y frigobares (presumiblemente por la cercanía de un evento futbolístico), la insólita compra de arreglos florales por una suma de 84 mil soles y, sobre todo, el crecimiento desmedido de la planilla congresal, con el agregado de haberse detectado que varios aportantes de Fuerza Popular fueron beneficiados con plazas indefinidas sin haber cumplido los requisitos.
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En cuanto a la primera denuncia, medios como La República informaron que el Congreso había aprobado la compra de distintos electrodomésticos el último 2 de mayo, por una suma ascendente a los S/ 254.346. De ese modo, se invertirá S/ 79.500 por 60 televisores Smart TV; S/ 42.940 por 76 frigobares; S/ 39.825 por 59 trituradores de papel; S/ 49.220 por 92 dispensadores de agua fría y caliente; y, por último, S/ 42.861 por 39 deshumedecedores de ambiente. El otorgamiento de la buena pro se dio solo 7 días después de finalizada la convocatoria.
También se conoció el exorbitante gasto que los parlamentarios han dispuesto para la compra de arreglos florales, suma ascendente a S/ 84.800 entregados en un periodo de 48 semanas; con el fin de ornamentar los despachos del presidente y los vicepresidentes del parlamento nacional. Ante los cuestionamientos, la legisladora fujimorista Alejandra Aramayo señaló que “no se olviden que el Congreso ha sido sede de la Cumbre y podrían haber gastos que se justifican”. Otros legisladores, como Yohnny Lescano, calificaron este gasto como un “escándalo” y exigieron la intervención de la Contraloría.
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La denuncia de mayor envergadura surgió cuando se descubrió que el presupuesto designado para el pago de planillas del personal congresal se había incrementado en 61 millones 658 mil soles, con respecto al año pasado. Es decir, pasó de ser S/ 378’832.351 el 2017 a S/ 440’490.516 este año. Esto respondería al copamiento del partido mayoritario en el legislativo, donde la planilla de trabajadores ascendió de 3145 en agosto del 2016, a 3899 en abril de 2018; mientras el Congreso se encontraba bajo la presidencia de Luz Salgado y Luis Galarreta.
Este acelerado crecimiento de la planilla (754 trabajadores en menos de 2 años) se suma al gasto de S/ 2’854.956 que se realiza para los uniformes de los trabajadores; así como los presupuestos asignados a las comisiones. Esta situación merecería una pertinente fiscalización, algo que Fuerza Popular y sus aliados bloquearon cuando aprobaron una ley que impide que la Contraloría designe al personal de control al interior del Congreso.
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Una denuncia más se difundiría en una televisora local el día de ayer. Seis funcionarios del Congreso, recientemente favorecidos con un contrato de plazo indefinido con salarios de hasta S/ 14.500, no cumplieron los requisitos mínimos exigidos por el Estatuto del Congreso para aspirar a dichas plazas. Lo más preocupante es que tres de ellos fueron aportantes en las campañas de Fuerza Popular. Como se puede ver en el reportaje de Cuarto Poder, la disposición complementaria que suspendía provisionalmente el Estatuto fue aprobada en menos de 10 minutos. Como se puede suponer, dicha medida fue impulsada por el fujimorismo.
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