¿Puede disminuir la ola delictiva con las cámaras de videovigilancia en tiempo real?

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Sumario: 1. Introducción, 2. Desarrollo del tema, 3. La video vigilancia y el marco normativo, 4. Se debe entregar la filmación a la PNP y MP, 5. La flagrancia delictiva en el Perú, 6. A modo de conclusión.


1. Introducción

Una de la técnica de investigación criminal para iniciar la identificación de una persona sospechosa de la comisión de un delito, indudablemente es un registro fílmico para poder tomar conocimiento del hecho circunstanciado.

En tal sentido, cuando el Ministerio Público inicia los actos de investigación y cuando además tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho, que reviste los caracteres de delito, promueve la investigación de oficio o a petición de parte.

2. Desarrollo del tema

Durante estos últimos meses, hemos podido apreciar la comisión de eventos delictivos en plena flagrancia y que han sido registrados por cámara de video vigilancia, instaladas en diferentes establecimientos públicos y privados y además en las diversas vías de acceso público.

Por tal razón, cuando resulte indispensable puede restringirse un derecho fundamental y para lograr los fines del esclarecimiento del proceso, desde luego puede recurrirse al control de identidad policial y a la video vigilancia.

A decir del Dr. José Domingo Pérez Gómez – Fiscal Provincial Anticorrupción, precisa que la video vigilancia, es una técnica que emplea la tecnología de vigilancia visual, permitiendo la supervisión local y remota de imágenes y audio, así como el tratamiento digital de diversas imágenes[1].

En tal sentido, ahora se pretende que las cámaras ubicadas en la parte externa de inmuebles de propiedad o bajo administración de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, puedan ser usadas por los Servicios de Seguridad Ciudadana, con el objeto de tomar conocimiento de la comisión de eventos delictivos y además identificar al presunto autor.

En este caso, el propietario de la cámara de video, deberá facilitar el acceso a las imágenes o audios que tengan en su  poder, a la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial u otra autoridad  que lo requiera.

3. La video vigilancia y el marco normativo

El Decreto Legislativo Nro.1218, publicado en el Diario Oficial El Peruano[2], regula el uso de las cámaras de video vigilancia, en bienes de dominio público, vehículos de servicio de transportes público de pasajeros y establecimientos comerciales abiertos al público con un aforo de 50 personas.

La norma precisa, que es un instrumento de vigilancia ciudadana, para la prevención de la violencia y del delito, así como el control y persecución del mismo, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

En tal sentido, según se ha precisado cuando se toma conocimiento, de la comisión de un delito y este ha sido grabado a través de una cámara de una entidad pública o privada, se debe tener en cuenta la disponibilidad, es decir asegurar que las imágenes, videos o audios se encuentren disponibles, a fin de que la autoridad pueda hacer uso de ellos.

No esta demás indicar, que en las investigaciones por delitos violentos, graves o contra organizaciones delictivas, el Fiscal por propia iniciativa o a pedido de la Policía y sin conocimiento del afectado, puede realizar tomas fotográficas y además realizar registro de imágenes y también utilizar otros medios especiales determinados, con finalidades de observación o para la investigación del lugar.

Asimismo, se utiliza la video vigilancia, cuando se produce un delito en plena flagrancia, el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho,  o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible.

En tal sentido, el Decreto Legislativo Nro. 1218, excluía el uso de las cámaras de video vigilancia, a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, propietarias de cámaras de video vigilancia, ubicadas en espacios privados.

Por tal razón, con el marco legal del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se pretende que las cámaras ubicadas en la parte externa de inmuebles de propiedad o bajo administración de personas naturales o jurídicas públicas o privadas, puedan ser usadas por los Servicios de Seguridad Ciudadana, con el objeto de tomar conocimiento de la comisión de evento delictivo y además identificar al presunto autor.

Por lo que, el propietario de la cámara de video vigilancia, deberá facilitar el acceso a las imágenes o audios que tengan, a las autoridades, como la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial u otra autoridad  que lo requiera, conservando los principios de disponibilidad, integridad, preservación y reserva del contenido de las imágenes y así fortalecer en forma conjunta, la lucha contra la inseguridad ciudadana

Por tal razón con la aprobación de la Ley N° 30120[3], Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras de Video vigilancia Públicas y Privadas, se tuvo como objeto incluir como instrumento de vigilancia ciudadana en las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana las imágenes y los audios registrados a través de las cámaras de video vigilancia, ubicadas en la parte externa de inmuebles, de propiedad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, en los casos de presunción de comisión de un delito o de una falta.

4. Se debe entregar la filmación a la PNP y MP

De la misma forma, en su artículo segundo de la mencionada ley, se precisaba la entrega de imágenes y audios de las cámaras de video vigilancia, en el caso de presunción de comisión de un delito o una falta, pues el propietario de la cámara debe informar a la autoridad competente y entregar copia de las imágenes y de los audios a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público.

También, se ha menciona la confidencialidad de la identidad, toda vez que la Policía Nacional o el Ministerio Público, al momento de recibir las grabaciones contenidas, garantiza la confidencialidad de la identidad de los propietarios o poseedores de los inmuebles y de las personas que hacen entrega de estas imágenes y audios.

Es importante precisar, que para la entrega del material audiovisual de las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, la autoridad que en este caso en el Ministerio Público representado por el fiscal provincial  debe requerir al propietario o tenedor de la filmación, a fin de que sea entregado dentro de las 24 horas de producido el evento delictivo, a fin de que las imágenes no sean borradas, adulteras, editadas y/o eliminadas.

Es moneda corriente y  en la cotidiana realidad cuando se requiere del material fílmico a determinada persona, justamente en esos precisos instantes de la comisión del evento delictivo, la cámara no realizó la grabación o se encontraba inoperativa o hasta se producen respuestas que rayan con el escándalo, al indicar que simplemente no tienen la grabación de la cámara de video vigilancia.

No cabe duda, que esta inusual conducta de los tenedores o propietarios del material fílmico, debe ser materia de una evaluación delictiva por parte del representante del Ministerio Público, toda vez que existe obstrucción de la justicia, complicidad y además no se puede conocer con mayores detales los elementos de convicción que tipifican la conducta como flagrancia delictiva.

De la misma forma, el marco normativo precisa que existe  una base de datos del Centro Nacional de Video vigilancia y Radiocomunicación para la Seguridad Ciudadana y para tal efecto será el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Video vigilancia y Radiocomunicación para la Seguridad Ciudadana, el encargado de monitorear los lugares en donde existe un incremento de la actividad delictiva y además se debe contar con una base de datos actualizada de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que cuenten con cámaras de video vigilancia ubicadas en la parte externa de sus inmuebles.

5. La flagrancia delictiva en el Perú

Por tal razón, uno de los principales problemas que afronta el país, es el incesante incremento de la ola delictiva y es necesario que los órganos encargados de impartir justicia proporcionen una respuesta inmediata a los delitos flagrantes que atentan contra la seguridad ciudadana, es por ello que se ha constituido la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia en el Perú, la misma que se ha materializado a través de la Resolución Administrativa Nro. 0093-2022 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial[4].

Es por esta razón, que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto en primer orden, gestionar en forma coordinada con el Ministerio de Justicia la asignación de recursos presupuestarios ante el Ministerio de Economía, para la implementación de las Unidades de Flagrancia en los Distritos Judiciales del país que lo requieran, previa evaluación cuantitativa y cualitativa de carga procesal, en lo que respecta al ingreso de procesos de flagrancia.

Según se ha dado a conocer, la presidenta del Poder Judicial Dra. Elvia Barrios Alvarado, la implementación de las Unidades de Flagrancia Delictiva, funcionarán dentro de un solo local, con la finalidad de investigar, acusar y sancionar los delitos de manera más rápida.

6. A modo de conclusión

En tal sentido, urge replantear políticas de Estado, para prevenir, controlar y sancionar el delito en todas sus modalidades, pues necesitamos tener políticas creativas y de innovación para luchar contra la criminalidad organizada y el acceso oportuno a las cámaras de video vigilancia, que nos permita identificar en tiempo real al delincuente y aplicar la justicia con todo el peso de la ley, para aquel que se atreve a infringirla.


[1] www.mpfn.gob.pe/escuela. Escuela del Ministerio Público Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos. Investigación del delito y aplicaciones forenses. Tema 02 y 03. José Domingo Pérez Gómez.

[2] Diario Oficial El Peruano. Decreto Legislativo 1218. Normas Legales.

[3] la Ley N° 30120, Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras de Video vigilancia Públicas y Privadas.

[4] Resolución Administrativa Nro. 0093-2022 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

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