El ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Eduardo Arana, anunció que el Ejecutivo alista un decreto de urgencia para privatizar el control de ingreso y salida de los centros penitenciarios a nivel nacional. Ante la Comisión de Justicia del Congreso, este miércoles 30 de abril, el funcionario señaló lo siguiente:
En razón de los problemas que hemos visto en el sistema penitenciario y conforme a un decreto legislativo, de hace más de diez años, se propuso en su oportunidad desde el Ejecutivo para que, conforme a las preocupaciones que han mostrado los congresistas, el sistema de ingreso a los penales sea privatizado.
Nosotros vamos a poner en valor [ello] y, en estos próximos días, debemos estar aprobando el decreto de urgencia mediante el cual se somete a consideración de la inversión privada […] y se va a someter a concurso. Primero [empezaremos] por los penales con más problemas y riesgos, para que pueda la empresa privada hacer control.
Además, informó que entre «hoy o mañana» el gobierno de Dina Boluarte aprobará el decreto que convocará a un concurso público. De acuerdo a Arana Ysa, quien precisó que la medida solo se aplicará en el ingreso a los penales, existe un «déficit de personas y de equipos» para estos espacios:
Hay ausencia de agentes penitenciarios y hay problemas en el ingreso de las personas. ¿Qué sucede? No hay bodyscam. Los rayos X para las maletas, los alimentos, las cosas que ingresan, no funcionan. Y si funcionan, funcionan mal. Entonces, tenemos déficit de personal y déficit de equipo en los ingresos. Hemos decidido […] una norma que permita que convoquemos, solo en los ingresos, a la actividad privada para que pueda atenderlos.
El anuncio de la medida ocurre en el marco del vencimiento de un plazo fijado por el Tribunal Constitucional. El 26 de mayo de 2020, el alto tribunal declaró inconstitucional el hacinamiento en las prisiones y ordenó que, de no superarse «este estado de cosas», podrían cerrarse los seis penales más sobrepoblados. El fallo estableció un límite de 5 años para su cumplimiento:
Declarar que si, en el plazo de cinco años, que vencerá en el año 2025, no se han adoptado las medidas suficientes para superar dicho estado de cosas inconstitucional, estos deberán ser cerrados por la respectiva autoridad administrativa, lo que podría implicar el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos, el cierre temporal del establecimiento penitenciario con traslado de los internos a otros establecimientos penitenciarios sin hacinamiento, entre otras medidas, según se trate del nivel de hacinamiento, y hasta que se garanticen las condiciones indispensables de reclusión.
Asimismo, planteó que las instituciones públicas respectivas, «empezando» por el MINJUSDH, deberán «asumir la responsabilidad de la omisión o deficiencia».
En diálogo con la prensa, el ministro indicó que el fallo del TC no establece que «en cinco años los penales cierren». «Lo que significa, interpretando la sentencia del Tribunal, es que no ingresa ningún interno más a los penales», precisó.
A su vez, señaló que por diversas circunstancias, como el contexto de la pandemia, el Estado «no pudo disponer dinero» para la construcción de estos recintos. Recién en el 2024, declaró Arana Ysa, su gestión incorporó en la ley de endeudamiento del sector público un monto tres mil millones para la construcción de próximos penales.
