Paralización temporal de obra no exime al empleador de revisar la casilla electrónica [Resolución 479-2021-Sunafil/TFL]

1.3 De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 215-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI (en adelante, el Informe Final), a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 295-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE de fecha 15 de julio de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 2,816.00 (dos mil ochocientos dieciséis con 00/100 soles) por haber incurrido en:

– Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información y documentación necesaria para el desarrollo de la función inspectiva, la cual fue solicitada mediante requerimiento de información de fecha 9 de abril de 2021, en perjuicio de cuatro (4) trabajadores, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 1,408.00.

– Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información y documentación necesaria para el desarrollo de la función inspectiva, la cual fue solicitada mediante requerimiento de información de fecha 20 de abril de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 1,408.00.

1.4 Con fecha 02 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 295-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, argumentando lo siguiente:

– El Acta de Infracción es un documento desconocido para la empresa.

– La SUNAFIL indica que el 16 de abril de 2021 se hizo una visita inspectiva al centro de

 labores de la obra, empero, no existe un documento que se haya levantado de dicha

inspección, ni tampoco una notificación de este hacía la empresa. Esto es relevante, pues.

Por acuerdo de las partes contratantes, se habían suspendido las actividades en el lugar donde se ejecutaba la obra.

– No se puede decir que la impugnante tuvo una actitud de no facilitar las labores inspectivas de la SUNAFIL, ya que la obra estaba suspendida hasta el 12/05/2021, reiniciándose el 13/05/2021. En ese sentido, es imposible atribuir responsabilidad a la empresa.

– Con relación a las infracciones supuestamente cometidas referidas a no facilitar información, no se dejaron las notificaciones en obra, tampoco se señala a qué persona de la empresa se notificó, ni cuál es el cargo de notificación.

– Los inspectores no se han comunicado a la empresa por correo electrónico, lo que se cuestiona si la información era vital para la labor inspectiva. En esa línea, no se puede tener una actitud sancionadora sin antes determinar que haya existido una correcta notificación de los requerimientos.

– Alega que pareciera que se busca sancionar por razones ajenas a la voluntad de la empresa.

 

– La resolución materia de impugnación es nula de pleno derecho al no encontrarse debidamente motivada en el hecho de los actuados por parte del inspector laboral.

1.5 Mediante Resolución de Intendencia N° 119-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 12 de agosto de 2021[2], la Intendencia Regional de Cajamarca declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 295-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, por considerar que:

– Contrariamente a lo que argumenta la impugnante, las actuaciones inspectivas se realizaron únicamente de manera virtual y no presencial, habiéndose notificado a la casilla electrónica de la inspeccionada los requerimientos de información de fechas 9 y 20 de abril de 2021.

– Debe hacerse de conocimiento que mediante Decreto Supremo N° 003-2020-TR se aprobó el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica, habiendo asignado la SUNAFIL a cada administrado o usuario, una casilla electrónica que constituye un domicilio digital obligatorio. Entre sus obligaciones, el administrado debe (1) revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen, (2) mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, y (3) mantener la confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad en el uso del nombre de usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica que se le asigne.

– Conforme al Decreto Supremo N° 003-2020-TR y el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG, la notificación vía casilla electrónica se puede realizar para todo documento emitido que corresponda ser informado al administrado, como en el caso de los requerimientos de información de fechas 9 y 20 de abril de 2021. Además, se verifica la validez de la notificación efectuada mediante casilla electrónica, no habiéndose vulnerado el principio de eficacia de la notificación.

– Los incumplimientos de los requerimientos notificados con fechas 9 y 20 de abril de 2021 deben considerarse como conductas distintas e independientes, según lo señalado en el numeral 7.14.9 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva”.

– Sobre las infracciones a la labor inspectiva por no remitir la información solicitada dentro del plazo señalado por el inspector comisionado, estas han sido debidamente determinadas y se ajustan al tenor del tipo legal, con expresión de la normativa vulnerada, de conformidad con el principio de tipicidad y legalidad.

– La resolución venida en grado no ha vulnerado el principio de legalidad ni el principio del debido procedimiento administrativo.

– Los argumentos esbozados en la apelación no desvirtúan las infracciones en las que ha incurrido la impugnante, las cuales han sido debidamente determinadas.

1.6 Con fecha 2 de setiembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cajamarca el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 119-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ.

1.7 La Intendencia Regional de Cajamarca admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 468-2021- SUNAFIL/IRE-CAJ, recibido el 03 de setiembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

II. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

2.1 Mediante el artículo 1 de la Ley N° 29981[3], se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

2.2 Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 29981[4], en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo[5] (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR[6], y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR[7] (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN

3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

3.2 Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

3.3 En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

3.4 Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RLGIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE HB CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

4.1 De la revisión de los actuados, se ha identificado que HB CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 119-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 2,816.00 por la comisión de dos (2) infracciones tipificadas como MUY GRAVES, previstas ambas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución[8].

4.2 Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por HB CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

[Continúa…]

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