Luego de rigurosas investigaciones administrativas disciplinarias llevadas a cabo por magistrados de oficinas desconcentradas de control de la magistratura del Poder Judicial, el jefe de la Ocma, Vicente Walde Jáuregui, dictó medidas cautelares de suspensión preventiva y la separación temporal de sus respectivos cargos por seis meses, contra un juez y tres servidores judiciales.
Una de las medidas recayó en Aldo Santiago Miranda Ulloa, juez de paz letrado con adición de funciones en investigación preparatoria de Santiago de Chuco, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quien en un proceso admitió a trámite una demanda constitucional de hábeas corpus sin haber realizado un debido control de procedencia, declarándola fundada y ordenando a los demandados dictar el sobreseimiento de una investigación fiscal, con lo cual habría incurrido en inconducta funcional.
La otra suspensión es para Jorge Rafael Burga Zevallos, secretario judicial del Primer Juzgado de Paz Letrado de San Juan Bautista, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, quien habría solicitado a un litigante una suma dineraria, a fin de favorecerlo en el trámite de un proceso judicial de alimentos seguido en su contra. Incluso se corroboró que habría pactado un encuentro con la finalidad de concretar sus requerimientos.
Otra suspensión recayó contra Carlos Miguel Arteaga Villanueva, secretario judicial del Juzgado de Paz Letrado de Supe con Itinerancia en Barranca, de la Corte Superior de Justicia de Huaura, quien se habría excedido en el uso de sus facultades al expedir decretos que contienen mandatos que solo pueden ser dados por el juez, desnaturalizando varios procesos. Las resoluciones debieron haber sido emitidas y firmadas por el Juez de la causa.
También fue suspendido, Juan José Coaguila Bautista, servidor judicial de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto, de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, por presuntamente establecer relaciones extraprocesales con un litigante –imputado-, a quien habría solicitado dádiva económica con la finalidad de ayudarlo en el trámite del proceso, vulnerado así su deber de “cumplir con honestidad” el cargo que desempeña.
Las investigaciones disciplinarias continúan realizándose y se haría previsible proponer sus destituciones, empero, dada que la continuidad funcional de cada uno de ellos en el Poder Judicial constituiría un grave riesgo para la sociedad, la Ocma optó por apartarlos temporalmente de sus cargos, por seis meses renovables.
Fuente: Ocma.
