El fiscal José Domingo Pérez solicitó que el congresista Alejandro Muñante se «abstenga, inhiba o excuse del conocimiento del proceso» en la comisión investigadora de actos vinculados a la colaboración eficaz entre la empresa Odebrecht y el Estado.
De acuerdo al petitorio, el presidente de dicha comisión habría tenido «expresiones peyorativas, ofensivas y vejatorias» contra el fiscal y su labor en el caso Lava Jato. Como pruebas, Pérez Gómez adjunta diferentes publicaciones, de la cuenta personal de X del parlamentario, en las que es aludido.
En una de las publicaciones, fechada este 7 de enero, Muñante escribió que «todo el caso Lava Jato (con fiscales incluidos) se armó para darle impunidad a Odebrecht y perseguir opositores políticos». En otra, se afirma que la creación del «equipo especial» obedeció al «oscuro interés» de direccionar el caso contra «los opositores del régimen de Vizcarra».
«¿A alguien todavía le queda dudas de que el fiscal Domingo Pérez es un operador político del gobierno?», escribió, de acuerdo con el documento, en X el 10 de abril de 2019. «Una especie de «Chapulin Colorado» que aparece para salvar a Vizcarra del descrédito nacional», complementó.
Asimismo, según una publicación de Expreso, datada del último 14 de marzo, Muñante afirmó «se conocerá la verdadera red criminal que se benefició con el convenio, ya que se podrá levantar el secreto bancario y de las comunicaciones a todos los implicados».
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Ante ello, Pérez Gómez señaló que estas afirmaciones revelarían que los actos de investigación de la comisión serían «meros formalismos de una decisión anteriormente adoptada». Esta comisión, añadió además, podría ser represalia contra los fiscales del equipo Lava Jato:
Tal como se ha mencionado, existe un alto grado de probabilidad que la labor de la Comisión investigadora Multipartidaria sea parte de los actos continuos y sistemáticos de acoso y hostigamiento a labor de los fiscales del caso Lava Jato; en otras palabras, sea un mecanismo de persecución política de represalia a los fiscales que han investigado penalmente a los políticos y empresarios más poderosos del país.
ESCRITO: 1
SUMILLA: SOLICITA INHIBICIÓN SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA, QUE SE ENCARGARÁ DE INVESTIGAR TODOS LOS ACTOS VINCULADOS A LA NEGOCIACIÓN, CELEBRACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN EFICAZ, SUSCRITO ENTRE EL ESTADO PERUANO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT – SUCURSAL PERÚ, Y LOS EFECTOS LESIVOS QUE DICHO ACUERDO HAYA GENERADO EN DESMEDRO DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL ESTADO PERUANO
JOSÉ DOMINGO PÉREZ GÓMEZ, señalando DNI en mi condición de Fiscal Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ejerciendo mi propia defensa conforme al artículo 20′ inciso c) del Decreto Legislativo No. 052 (Ley Orgánica del Ministerio Público) y artículo 39.1 de la Ley 30483, me presento para señalar:
I. PETITORIO
De conformidad con el artículo 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, en concordancia con la Sentencia del 31 de enero de 2001, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, es que SOLICITO QUE EL CONGRESISTA ALEJANDRO MUÑANTE BARRIOS SE ABSTENGA, SE INHIBA Y/O SE EXCUSE DEL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO.
II. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD
2.1. El artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a: «ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter».
En ese orden, en la Sentencia del 31 de enero de 2001 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, se consideró:
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