La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunta falta grave en una denuncia de Juan José Santiváñez.
Además de a la titular del MP, la investigación comprende a Hernán Mendoza Salvador, fiscal adjunto supremo provisional del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales por la presunta comisión de falta muy grave.
De acuerdo a lo informado por Correo, el único miembro de la JNJ que votó en contra de este proceso fue Francisco Távara.
El caso en cuestión está enmarcado en una investigación contra Santiváñez por presunto abuso de autoridad, en agravio del capitán PNP Junior Izquierdo, en la que la Fiscalía le solicitó entregar su cuenta y contraseña de ICloud. Tras negarse a este pedido, el último 6 de febrero, el entonces ministro del Interior presentó una denuncia administrativa contra Espinoza, atribuyéndole los siguientes cargos ante la JNJ:
Infracciones Graves (art. 46): 6.No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran reserva.» y «19.Comentar a través de cualquier medio de comunicación aspectos procesales o de fondo de una investigación o proceso en curso.
Infracción Muy Grave (art. 47): 20.Facilitar o proporcionar información reservada que, por su condición o cargo de fiscal, conoce.
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En una conferencia de prensa del 16 de enero, el actual jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial calificó la solicitud como un «pedido ilegal». Según indicó en ese momento, sus abogados presentaron el escrito pertinente para frenar dicha diligencia:
Como abogado procesalista, existe dos tipos de pedido que puede hacer el Ministerio Público: los pedidos legales y los pedidos ilegales. Los legales son aquellos que pueden estar sustentados en una disposición o el Código Procesal Penal que establece claramente la práctica de determinadas actuaciones; y los ilegales son los que están incluso sancionados por la propia jurisprudencia como información que no puede solicitarse.
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