El Ministerio Público inició diligencias preliminares, mediante una resolución fechada el último 7 de mayo, contra Juan José Santiváñez por el presunto delito de tráfico de influencias agravada. Al exministro le sindican por su supuesta gestión en la designación de sus «allegados» como agregados en las embajadas.
De acuerdo al documento difundido por Ideele Radio, la investigación surgió de una denuncia anónima presentada el pasado 20 de enero desde un correo electrónico. Como imputación se indica que Santiváñez, en su periodo como ministro del Interior, «habría intercedido» ante la presidenta Dina Boluarte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor José Zanabria Angulo y el jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado con el objetivo de que «viabilicen la designación de sus allegados».
En la lista de supuestos beneficiados por estas gestiones figurarían el coronel PNP Luis Edgardo Huamán Santamaría, designado como agregado policial de la Embajada del Perú en Paraguay; el comandante PNP Allan Henrry Villaverde Erazo, agregado policial adjunto en la sede Estados Unidos; el comandante PNP Dante Jesús Velasco Marín como agregado policial adjunto en la embajada peruana en Italia, entre otros.
Debido a estas designaciones, los efectivos habrían prometido «guardar en secreto actividades ilícitas». En estos hechos, indica la tesis fiscal, estaría involucrada la actual mandataria:
A cambio de ello, éstos le prometieron ventaja o beneficio consistente en guardar en secreto actividades ilícitas que aquél habría cometido en su día a día, en los que se encontraría involucrada incluso la presidenta de la República Dina Ercilia Boluarte Zegarra y personas allegadas al gobierno.
